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No voy a escribir del rol de la Alcaldía. Siempre se mira desde esa óptica. En esta ocasión quiero centrarme en los resultados y en la eficacia de las acciones de la Policía en Bogotá. Es crucial abordar la discusión sobre seguridad reconociendo que, aunque la Alcaldía tiene la responsabilidad de diseñar políticas públicas, es la Policía la encargada de garantizar la seguridad y, sobre todo, de enfrentar las economías ilícitas y las bandas criminales.
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No nos engañemos: es la Policía quien persigue al “Tren de Aragua”, no las autoridades civiles en las áreas donde este grupo criminal actúa. Y es común que todas las miradas se dirijan a la Alcaldía de Bogotá cuando se trata de seguridad. Desafortunadamente, no sucede lo mismo con la Policía. Todos tenemos un profundo respeto y gratitud por los uniformados que arriesgan su vida a diario, pero estas muestras de aprecio no deberían eximir a la institución de un proceso constante de rendición de cuentas y supervisión ciudadana.
La Policía en Bogotá es una entidad con poco control por parte de las autoridades locales y las organizaciones sociales. Aunque depende financieramente de los impuestos de los bogotanos, goza de una considerable autonomía en sus acciones, procesos contractuales, financieros y operativos. Esta autonomía, si bien es necesaria en algunas áreas, se convierte en un problema cuando no hay mecanismos efectivos de control y supervisión sobre sus decisiones y el uso de recursos públicos.
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El aumento de la extorsión demuestra la incapacidad de la Policía para enfrentar las bandas criminales que operan en la ciudad. Parte de este incremento puede atribuirse a un subregistro en años anteriores y a la implementación de mejores rutas de acceso a la justicia. Sin embargo, este crecimiento también refleja un deterioro en las condiciones de seguridad. En Bogotá, las bandas ilegales extorsionan a establecimientos comerciales, imponiendo un control territorial evidente. ¿Qué está haciendo la Policía para frenar esta tendencia?
Otro signo del deterioro de la seguridad es el aumento del 19% en las lesiones personales. Este delito, que afecta directamente la convivencia ciudadana, demuestra que la Policía no está logrando prevenir ni reaccionar ante situaciones de violencia en las calles. Parte de la solución es trabajar en estrategias para abordar la intolerancia en nuestra ciudad, pero la otra parte recae en que la Policía haga una presencia efectiva en los barrios y lleve a cabo campañas preventivas. ¿Dónde está la presencia disuasiva que debería evitar que los conflictos cotidianos terminen en agresiones?
La situación con la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales es aún más alarmante. Bogotá está atravesando una pandemia silenciosa de violencia contra las mujeres y las estrategias de la Policía en estos temas han fracasado estrepitosamente.
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Esto nos lleva a una reflexión más profunda: no se trata solo de los resultados en términos de seguridad, sino también de cómo la Policía gestiona los recursos públicos que recibe. ¿Cuánto se invierte en Bogotá en carros, cámaras, uniformados y tecnologías? Se destinan enormes sumas de dinero, pero la verdadera pregunta es si estos recursos se utilizan de manera eficiente.
La Policía de Bogotá, que depende en gran medida de los impuestos de los ciudadanos, debería ser mucho más proactiva en rendir cuentas sobre su ejecución presupuestal. Debería presentar informes no solo al Concejo de Bogotá, sino también a toda la ciudadanía, explicando en qué se gasta el dinero que recibe de las transferencias de la Secretaría de Seguridad.
A diferencia de la Alcaldía, la Policía no está sujeta a un control directo, y muchas de sus decisiones se toman a puertas cerradas, con una discrecionalidad casi total. Estar al servicio de la ciudadanía implica ser transparente, rendir cuentas y estar abierto a la supervisión constante. La falta de control sobre la Policía no solo afecta la transparencia, sino que genera un distanciamiento entre la institución y la comunidad, que sigue esperando soluciones.
Bogotá necesita un replanteamiento urgente de sus estrategias de seguridad, pero, sobre todo, requiere una Policía que rinda cuentas y esté verdaderamente al servicio de los ciudadanos, no de su propia estructura de mando.
Por Felipe Jiménez Ángel
