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Queremos ser enfáticos en esto: esta es una administración comprometida con el cuidado y la protección de las fuentes hídricas y la biodiversidad. No se trata de discursos vacíos, sino de acciones. Por ejemplo, el año pasado pusimos en marcha el mecanismo de transferencia de derechos de construcción, que nos permite avanzar en la restauración y conservación de áreas de alta importancia ambiental como la reserva Van der Hammen. Mientras que hasta el año pasado solo se habían restaurado 52,4 hectáreas de la reserva por parte del Distrito, con este mecanismo vamos a iniciar con la transferencia voluntaria de cerca de 184,50 hectáreas que ya tenemos ofertadas por parte de los dueños de los predios.
También avanzamos con Conservación Internacional en la estructuración de un proyecto sin antecedentes a nivel global por 92 millones de dólares para presentar al Fondo Verde para el Clima de las Naciones Unidas, con el que buscamos implementar medidas de adaptación basadas en ecosistemas en 172,499 hectáreas en áreas altamente vulnerables al cambio climático, que incluyen cuencas de alta importancia para la seguridad hídrica de Bogotá.
En 2024, adelantamos procesos de restauración en 897,61 hectáreas, incluidos los Cerros Orientales, las áreas protegidas distritales y la Reserva Thomas Van der Hammen. Para el cuatrienio, la meta es restaurar 1.300 hectáreas de Cerros Orientales, es decir cerca del 10% de la Reserva, y 26 veces las hectáreas plantadas en administraciones anteriores. Esto por mencionar solo algunos de los proyectos que hemos puesto en marcha.
Cualquier esfuerzo que se haga para la recuperación, conservación y preservación del medio ambiente en Bogotá debe coordinarse con el distrito y la comunidad, dando cumplimiento a la Constitución, la ley y la jurisprudencia de las altas cortes. Es verdad que nuestra ciudad hoy atraviesa una crisis de agua, pero otro sería el panorama si las anteriores administraciones hubieran tomado las decisiones que exigía la ciudad y que, por algún motivo, no se tomaron. Por ejemplo, cuando fue alcalde, el hoy presidente retiró el proyecto Chingaza 2 sin siquiera presentar alternativas para solucionar esta problemática. ¿El resultado? Perdimos 13 años y tuvimos que empezar de cero.
Trabajamos para solucionar la crisis del agua de manera estructural y lo estamos logrando. Esperamos, en los próximos meses, levantar el racionamiento de manera definitiva. Entendemos que no ha sido una medida popular, pero ha sido clave como estrategia de choque. Gracias a esto, hoy Chingaza tiene más de 48 millones de m3 más que hace un año. Vamos por buen camino. A 8 de marzo, no se cumplieron las predicciones del Presidente, ni de la exministra de Ambiente sobre el nivel de los embalses. Chingaza no se quedó sin agua, ni las Fuerzas Armadas tuvieron que ayudar a evacuar la ciudad. Bogotá está más viva que nunca.
Coincidimos en la necesidad de cuidar el agua, pero la resolución publicada por el Ministerio de Ambiente bloquea a nuestra ciudad. Primero, no es cierto que nazca de un proceso participativo de más de un año. La Administración Distrital no fue escuchada ni invitada a participar en la construcción de este documento y ahora no pueden pretender que la publicación exigida por ley equivalga a un periodo de coordinación. No fue consultada y la solución no es ampliar el plazo a 45 días, sino retirar la resolución e iniciar unas mesas de trabajo con un diálogo real y abierto entre la Nación, el Distrito, la Gobernación, los municipios y las comunidades.
En cuanto al fondo, el principal resultado de esta resolución es la incertidumbre. El documento y sus memorias justificativas no son claras y a la fecha no hay respuestas técnicas del alcance a los lineamientos y a la cartografía presentada, lo cual afectará de manera determinante las zonas donde hoy se encuentran más de 206.000 viviendas que pasarán a ser declaradas bajo el régimen de humedales. ¿Cuáles son las implicaciones para estas familias? La falta de claridad sobre los alcances de esta decisión genera incertidumbre para estas familias y sus propiedades.
Por otra parte, dice el Gobierno Nacional que la resolución no afecta los planes de ordenamiento territorial, sin embargo, se omitió la coordinación y la oportunidad de que las entidades territoriales participarán en la toma de decisiones sobre la ordenación de su territorio, lo que configura una vulneración al procedimiento administrativo y podría afectar la validez del acto expedido.
Esta resolución frena el desarrollo de grandes proyectos que son clave para la conectividad de Bogotá, de la región y de todo el país. No solo el Metro, sino también vías necesarias como la vía Suba - Cota, la ampliación de la Calle 13, la 63 o la 80 que beneficiarán a miles de ciudadanos. Si los trazados de las obras no se afectan, ¿por qué no se dice explícitamente en la resolución? Un tema tan delicado no puede dejarse a la interpretación del funcionario de turno. Esto genera inseguridad jurídica.
Es claro que debemos dar el debate técnico y jurídico; proteger y cuidar el medio ambiente y las fuentes hídricas, pero el desarrollo no se frena con una resolución. El Gobierno Nacional debe respetar la autonomía territorial de Bogotá y de todas las regiones del país. No puede, ni con una resolución ni de ninguna manera, imponernos su visión de desarrollo.
Estamos listos a trabajar de la mano, pero pueden tener claro que no vamos a permitir que bloqueen a Bogotá y menos aún que lo hagan a través de actos administrativos que carecen de legitimidad, por cuanto las fallas en el proceso de publicación, se ha llevado a cabo de manera irregular, vulnerando el procedimiento establecido en la Constitución y la ley.
Continúe leyendo en la sección: La ciudad es su escenario: La escena del “parkour” desde los saltos de Julián.
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Por Mauricio Moncayo Valencia
