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Mientras que la atención en salud a los colombianos continúa deteriorándose a pasos agigantados como lo demuestra el crecimiento de las quejas y tutelas por mal servicio, la discusión sobre los cambios que se requieren permanece atrapada entre dos bandos opuestos incapaces de dialogar y ponerse de acuerdo. Por un lado, el gobierno que aboga por su estatización progresiva, mientras que por el otro están los defensores del statu quo, quienes estuvieron en el poder por 20 años.
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La reforma del actual gobierno establece que al ser la salud un derecho fundamental y un servicio público financiado con recursos del Estado, su manejo debe ser una responsabilidad estatal única y exclusiva, y que solo quien quiera y pueda acuda al sector privado. Esta es una ideología que ha demostrado ser un fracaso a lo largo de la historia, que califica como inmoral que el sector privado pueda participar en su desarrollo y menos que de ello se pueda derivar lucro.
En la otra orilla discursiva, están quienes manejaron la salud durante las últimas décadas, quienes, por su excesiva tolerancia, falta de iniciativa o temor a afectar intereses particulares, les cabe la mayor parte de la responsabilidad en la crisis que hoy vive el sector. Aunque se oponen de manera radical a la propuesta del gobierno, no formulan ningún cambio significativo más allá de maquillajes de forma que implican dejar las cosas como estaban.
Ambas posiciones no resuelven los graves problemas del sector, antes los empeoran. Los primeros obstinados en aplicar una solución anacrónica errada que ha demostrado su inconveniencia, y los segundos por insistir en omitir los cambios de fondo que hace años se debieron haber hecho. Esto ha generado una enorme incertidumbre entre pacientes, ciudadanía e instituciones que no saben qué hacer y menos qué camino tomar ante dos escenarios que no conducen a ningún lado bueno.
Se requiere romper los viejos paradigmas de que el sistema solo es posible con las EPS como fueron concebidas en 1993, las que, por los daños infringidos por el actual gobierno, difícilmente podrán recuperarse. Tampoco hay que creer que no existe sino una única forma de calcular la UPC, de asignar los recursos, o de atender la población solo mediante hospitales que fragmentan la atención, actuando cada uno para su propio beneficio.
Es necesario que se pague por los resultados obtenidos integralmente y no por los servicios consumidos individualmente, lo que fomenta la corrupción y encarece el costo de la atención. Y lo más importante, es preciso recuperar la salud del control de los políticos para que no sea más parte de su botín clientelar. Esto exige retomar el camino para que sus directores vuelvan a ser elegidos en función de sus méritos como fue concebido en 1993 y no por el peso de sus padrinos que los usan para apropiarse de sus recursos. Bogotá demostró que si es posible hacerlo cuando se piensa primero en el paciente y no en pequeños intereses particulares.
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