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El análisis preliminar de propuestas en salud de varios candidatos presidenciales revela consenso sobre la crisis, pero serias carencias en financiación, coherencia y viabilidad. Abundan diagnósticos correctos y discursos ambiciosos, mientras escasean soluciones estructurales técnica y fiscalmente responsables.
Un documento que compila y analiza las propuestas de salud de los principales candidatos a la Presidencia de la República ofrece una radiografía tan esclarecedora como inquietante. Esclarecedora porque confirma un diagnóstico ampliamente compartido de que el sistema de salud colombiano atraviesa una crisis financiera, operativa e institucional de gran magnitud. Inquietante porque, una vez superado este punto de consenso, las soluciones propuestas exhiben fragmentación, debilidad técnica y una preocupante desconexión con la realidad fiscal.
Entre los hallazgos más relevantes de la mayoría de los candidatos, se reconoce que el problema central no es únicamente de diseño, sino de gestión, financiamiento y control de incentivos. En consecuencia, diez de los quince aspirantes optan por mantener un sistema mixto de aseguramiento con EPS públicas y privadas, aunque sometidas a mayores exigencias de transparencia, regulación y resultados. La eliminación total de las EPS aparece como una postura minoritaria asociada a altos riesgos de disrupción ante la ausencia de un modelo alternativo claramente definido. Esto contradice la narrativa oficial que ha intentado presentar la intermediación como el origen exclusivo de la crisis.
El mayor déficit de las propuestas está además de en el poco claro nuevo modelo institucional, en su financiamiento a largo plazo con una deuda actual que oscila entre 30 y 50 billones de pesos. A pesar de ello, varias candidaturas formulan planes de choque sin cuantificar montos, sin identificar fuentes fiscales o sin explicar cómo evitar que el déficit vuelva a reproducirse. Ignoran experiencias como la de Bogotá que desde 2016 logró contener este fenómeno. La promesa de “pagar lo que se debe” o de “rescatar el sistema” opera más como consigna política que como política pública viable.
Las propuestas mejor estructuradas asumen explícitamente el costo fiscal del rescate y plantean mecanismos concretos, como bonos de largo plazo o esquemas de titularización. No obstante, incluso estas alternativas enfrentan dilemas complejos de sostenibilidad futura que requieren reformas
adicionales para corregir los incentivos que hoy empujan al sistema a la insolvencia. El documento deja claro que no existe una salida indolora y que cualquier solución realista implica decisiones difíciles y costos políticos que pocos candidatos parecen dispuestos a asumir.
Otro elemento crítico es la baja centralidad otorgada a la atención primaria en salud y al talento humano. Solo una minoría de candidatos aborda la APS como eje estructural del sistema y aún menos presentan propuestas concretas sobre condiciones laborales, formación y distribución del personal de salud. Esto sugiere que gran parte del debate sigue atrapada en la lógica de la crisis inmediata de deudas con hospitales, medicamentos y citas sin una visión preventiva de largo plazo.
En conjunto, el análisis evidencia que la salud se ha convertido en un terreno fértil para el discurso, pero pobre en cirugía estructural. El próximo gobierno heredará no solo un sistema al borde del colapso, sino también un conjunto de promesas incompletas que deberán ser depuradas con rigor técnico, realismo fiscal y sentido de responsabilidad. El reto no será diagnosticar la crisis sino gobernarla con decisiones que vayan más allá del eslogan electoral.
