El debate en torno a la reforma de salud ha estado marcado por la improvisación del gobierno que hasta hoy no ha podido explicar con claridad que es lo que quiere hacer. A lo anterior se le agregan los agrios enfrentamientos entre quienes defienden a rajatabla el sistema actual y quienes quieren acabarlo de raíz. En esta discusión no se han ahorrado mitos, exageraciones y tergiversaciones de lado y lado. Lamentablemente, quien sigue perdiendo en todo este desbarajuste es el mismo sistema, que cada día pierde más legitimidad y credibilidad entre los ciudadanos.
Sugiero una alternativa de solución que surge de mi experiencia personal cuando apoyé al gobierno de la República Dominicana en el año 2000. Para resumir, allí se presentó a discusión del Congreso una reforma a la salud muy similar a la Ley 100 colombiana, donde igualmente se formaron dos grupos opuestos y radicales, el uno liderado por el poderoso sindicato médico y el otro por los gremios empresariales junto con un grupo mayoritario de trabajadores del sector privado.
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Mientras los primeros querían un sistema totalmente estatal basado en los hospitales públicos, que históricamente han sido su fortín político; los segundos no querían continuar con el Seguro Social Dominicano, entidad ineficiente, burocratizada y desprestigiada por el mal servicio y los escándalos de corrupción.
Al final se llegó a un acuerdo entre las partes que permitió avanzar con la reforma. Este consistió en que los recursos públicos de salud provenientes del presupuesto nacional serían manejados por una sola EPS pública, el Seguro Nacional de Salud SENASA, conjuntamente con los hospitales públicos que se agruparían en una sola red denominada el Servicio Nacional de Salud.
De otro lado, empresarios y trabajadores del sector privado reclamaron que los aportes que ellos hacían a la seguridad social fuesen manejados por varias EPS privadas surgidas del mismo empresariado junto con redes de prestación de servicios fundamentadas en clínicas privadas. Cabe mencionar que la afiliación a uno u otro esquema sería libre para los trabajadores aportantes y el primero obligatorio para los pobres.
En Colombia podría pensarse en una vía similar, teniendo en cuenta que la mitad de la población y de los recursos provienen de aportes de empresas y trabajadores, y la otra del presupuesto nacional. Ambos esquemas deberían tener las mismas reglas de operación, como por ejemplo beneficios, coberturas y prima per cápita, entre otros, junto con otra serie de disposiciones cuyos detalles no son objeto de esta columna. Además, respetando lo establecido en la ley estatutaria de la salud, la población debería poder elegir libremente a cuál de ellos pertenecer.
Hay que hacer un llamado a la sensatez de las partes en contienda para que entre todos puedan encontrarle soluciones a los problemas del sistema, que son reales, afectan a toda la población y que no tiene presentación seguir aplazando, en lo que debería primar el interés general por sobre las seguramente válidas aspiraciones de ambas partes.
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