La Unidad Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp) es una entidad descentralizada de rango menor, pero tiene la responsabilidad inmensa de velar por la prestación de unos servicios públicos esenciales para los bogotanos.
La entidad, inicialmente adscrita al despacho del Alcalde Mayor, correspondió a la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos (Uesp). Fue Jaime Castro quién la creó como respuesta a la liquidación de la Empresa Distrital de Servicios Públicos (Edis), empresa burocratizada con altísimos índices de ineficiencia y desidia. La corrupción la carcomió.
La Uesp -hoy Uaesp- se distinguía por su nivel técnico y vasta experticia del equipo de trabajo -interno y externo-. Pero con el paso del tiempo se tornó en otra entidad politizada, burocratizada y sin rigor. La corrupción la ensombrece.
La dirección de la Uaesp, en las últimas administraciones, se ha distinguido por la soberbia, desconocimiento, testarudez y politiquería que por el rigor y experticia en los servicios públicos por los que debe velar. Gracias a eso, no se ha medido en interferir de manera equivocada y arbitraria en el desarrollo de los contratos suscritos, donde la presión directa y mediática a sus contratistas pareciera ser su torpe estrategia. La Procuraduría General de la Nación también adolece de este mal y contribuye en ello.
Esa conducta protagónica de las entidades estatales constituye un graso error, que pueden tener consecuencias contractuales desafortunadas y a cargo del erario, ya que lo propio corresponde a una ilegal intromisión estatal que jurídicamente se denomina “desviación de poder” de la Administración.
Para los interesados, vale la pena repasar las ilustrativas sentencias expedidas en 2014 y 2016 por la Sección Tercera del Consejo Estado, con ponencia de Jaime Orlando Santofimio Gamboa: (Exp. 28.505) Caracol TV Vs. Comisión Nacional de Televisión; y (Exp. 53.057) Caracol TV y RCN TV Vs. Autoridad Nacional de Televisión -ANTV.
Las no pocas controversias contractuales que giran alrededor de la Uaesp, destaco, terminan siendo debatidas por parte de la Administración Distrital en los medios al parecer como presión a contratistas y/o a otras entidades gubernamentales. Las disputas contractuales no se ventilan ni resuelven con periodistas ni en redes sociales, únicamente ante el Juez del contrato. Esa estrategia de figuración mediática es muestra de la debilidad y pobreza en los argumentos jurídicos de las entidades y del talante de sus abogados.
No se ha resuelto la billonaria disputa arbitral entre la Uaesp y CGR Doña Juana SA ESP, en la que al parecer se alegan situaciones de este orden por parte de la demandante, cuando el Secretario Jurídico de la Alcaldía Mayor y el Director encargado de la Uaesp le dan nuevas razones de reclamación a CGR, gracias a su mediática intromisión ante la CAR para que no tramite una solicitud de licencia ambiental presentada por el concesionario para el citado relleno.
Juan Carlos López López, al parecer un burócrata de profesión, es el nuevo Director General de la Uaesp. Su notoria falta de experticia en los asuntos que manejará no la solventará en los pocos meses que le restan a esta Administración; pero sí puede contribuir a evitar que se siga actuando de manera torpe para hacerle frente a las disputas con los contratistas.
La Administración Pública la dirigen personas, pero sus controversias no son personales. Ellas se debaten al interior de los tribunales y las define el juez del contrato. Mientras ello ocurre, el deber legal de los servidores públicos es trabajar coordinada y eficazmente con los contratistas para lograr el cumplimiento de los fines del Estado, así como la continua y efectiva prestación de los servicios públicos.
Cuando haya un fallo que comunicar, bienvenidos los medios de información. ¡Antes no!