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Es un hecho que Bogotá está sucia. Los prestadores del servicio ordinario de aseo —Ciudad Limpia, LIME, Promoambiental Distrito, Área Limpia y Bogotá Limpia— parecen estar cumpliendo con sus obligaciones de recolección domiciliaria y transporte de residuos no aprovechables, y con las de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. No existe noticia de sanciones impuestas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) o la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) que indiquen lo contrario.
La UAESP no presta el servicio de aseo, como suele promocionarse. Esta errada convicción obedece a que las directivas de la entidad distrital en el pasado condicionaron a los prestadores a identificar a sus operarios y vehículos con el color y el logo de la entidad distrital, cuando son ellos quienes lo prestan y deben responder por su calidad ante los usuarios, la SSPD y ante la misma UAESP.
Lo que sí es responsabilidad de la UAESP, además de ejercer la supervisión de los contratos suscritos -cuando existen áreas de servicio exclusivo (ASE) establecidas- es dar solución al inadecuado comportamiento ciudadano, verdadero causante del arrojo —clandestino o no— de residuos de todas las características en las vías y áreas públicas de la ciudad. Tarea que debe cumplir de manera coordinada con las autoridades locales de policía para dar aplicación a las sanciones previstas en la ley.
Esta situación está ligada al concepto regulatorio de ‘puntos críticos’, que en el pasado se reducían a esporádicas esquinas, predios o lotes abandonados y a los bajos de los puentes, donde la ciudadanía, de manera irresponsable, abandona sus residuos en lugar de entregarlos a los prestadores en los lugares, días y horarios previstos para ello. Con la decisión de la UAESP en 2018 de disponer de la ubicación de contenedores y cestas de basura de manera indiscriminada a lo largo y ancho de la ciudad, buena parte de estos lugares se convirtieron en nuevos y numerosos ‘puntos críticos’.
La atención de aquellos corresponde exclusivamente a la UAESP y con cargo a su presupuesto. Es la entidad distrital la que debe responder por la falta de gestión de cara a superar estas deficiencias. Las empresas de servicios públicos lo serán si aquella llega a contratarlas para ese propósito. Para ello, debe adelantar una licitación pública, que no requiere de verificación alguna por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA)
De otra parte, algunos no pocos recuperadores de residuos —denominados erradamente como recicladores de oficio— también contribuyen de manera altamente significativa en la suciedad de la ciudad. Esta población continúa desempeñando su actividad en condiciones precarias y, tras hurgar en la basura en busca de materiales aprovechables para la venta, suele dejar esparcidos en las vías y espacios públicos aquellos residuos que no les resultan útiles.
Sí! La ciudadanía es la mayor responsable de la mano con los recuperadores de residuos indisciplinados. Pero es la UAESP quien debe actuar con seriedad para reformular su ingenua, fallida y costosa estrategia de los ‘cazaregueros’ para adoptar correctivos en busca de soluciones rigurosas y eficaces que contemplen estrategias operativas robustas, estrategias de cultura y educación masivas que procuren la concientización ciudadana y, no menos importante, el fortalecimiento de la acción conjunta con las autoridades de policía que permitan resultados ejemplarizantes.
La prioridad lejos está de ser si se establecen o no ASE para la prestación del servicio de aseo ordinario. Lo propio no responde al capricho del alcalde de turno sino a los motivos de ley que debe verificar la CRA. Existe mayores y más urgentes responsabilidades que cumplir -con mayor relevancia- por parte del Distrito y, por ende, de la UAESP, que no han sido atendidas adecuadamente a la fecha.
Debe empezar por adelantar la actualización y puesta en marcha del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) que va muchísimo más allá de precisar las frecuencias adicionales de barrido y limpieza de vías y áreas públicas que cumplen los prestadores del servicio de aseo ordinario y ocuparse con rigor y seriedad de la población recuperadora de oficio en estado de vulnerabilidad, que sigue desde hace décadas en el mismo estado, no obstante los billonarios recursos tarifarios y del erario entregados a las asociaciones que los agremian.
