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La discusión sobre la necesidad de reformas estructurales en los sistemas de salud suele estar atravesada por posturas ideológicas más que por evidencia empírica. Sin embargo, el caso de Bogotá ofrece un punto de inflexión relevante que demuestra que, cuando las transformaciones se diseñan con enfoque técnico y se implementan con coherencia institucional, es posible mejorar simultáneamente el acceso, los resultados en salud y la sostenibilidad financiera.
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La reorganización del sistema público de salud de Bogotá entre 2016 y 2019 constituye una experiencia particularmente ilustrativa. En un contexto previo caracterizado por fragmentación, congestión y barreras de acceso, la reforma apostó por un rediseño integral basado en el fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud (APS), la integración territorial mediante subredes integradas y la introducción de incentivos alineados al desempeño. Fue una reconfiguración estructural orientada a corregir fallas sistémicas históricas propias de la salud en Colombia.
Los resultados, medidos a través de un análisis cuasi-experimental sobre más de 443.000 pacientes con hipertensión (Sánchez-Santiesteban y otros, 2026), son contundentes. En primer lugar, se evidencia un aumento significativo en el acceso y la continuidad del cuidado, reflejado en un incremento de aproximadamente 50 consultas ambulatorias adicionales por cada 1.000 pacientes. Este dato sugiere que el sistema dejó de ser reactivo para volverse preventivo, priorizando el seguimiento oportuno de enfermedades crónicas.
En segundo lugar, los efectos clínicos confirman la efectividad del modelo. La reducción de hospitalizaciones, procedimientos de alto costo como revascularizaciones y terapias dialíticas, así como una disminución de la mortalidad del 8%, evidencian una mejora sustantiva en los resultados en salud. Estos indicadores reflejan no solo mayor acceso, sino mejor calidad y oportunidad en la atención.
Aún más relevante es el impacto económico. La evidencia muestra una reducción de costos cercana a 0,56 millones de pesos por paciente por semestre. Este resultado confirma un principio fundamental de la economía de la salud: que invertir en atención primaria y gestión del riesgo reduce la necesidad de intervenciones costosas en etapas avanzadas de la enfermedad.
Desde una perspectiva institucional, el caso de Bogotá también pone en evidencia la importancia de alinear incentivos. La implementación de rutas integrales de atención remuneradas mediante esquemas de pago global prospectivo con incentivos por desempeño, contribuyó a mejorar la eficiencia del sistema, promoviendo comportamientos orientados a resultados en salud y no únicamente a volumen de servicios, lógica clave para superar las distorsiones tradicionales de los sistemas fragmentados.
No obstante, el principal aporte de esta experiencia no radica en ofrecer una “receta universal”, sino en demostrar que es posible reconciliar objetivos que a menudo se presentan como contradictorios como equidad, calidad y sostenibilidad. La evidencia sugiere que la dicotomía entre cobertura y eficiencia es, en gran medida, cuestionable cuando se adoptan modelos integrados centrados en la atención primaria e integral del paciente.
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En un momento en que el país debate cambios de fondo al sistema de salud, el caso de Bogotá debería ser analizado con mayor rigor. La lección es clara señalando que las reformas estructurales bien concebidas no son un riesgo, sino una oportunidad para construir sistemas de salud más justos, eficientes y centrados en las personas.
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