Cada vez que se publican cifras favorables sobre mortalidad infantil, mortalidad materna o esperanza de vida, surge la misma tentación política de convertir esos resultados en prueba del éxito del gobierno de turno. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha presentado la mejoría de algunos indicadores sanitarios como evidencia de la eficacia de sus políticas de salud y como respuesta a quienes cuestionan su gestión en este sector. Sin embargo, la evidencia científica invita a ser mucho más prudentes.
La primera razón es conceptual. Los grandes indicadores de salud poblacional son el resultado de múltiples determinantes sociales, económicos, educativos, ambientales y culturales que interactúan durante largos períodos de tiempo. La literatura científica ha demostrado de manera consistente que la atención médica explica solo una parte relativamente limitada de esos resultados.
La mortalidad materna, la mortalidad infantil o la esperanza de vida dependen del nivel educativo de las madres, del acceso al agua potable, la nutrición, el ingreso familiar, la vivienda, el saneamiento básico, la vacunación acumulada, el desarrollo económico, y de muchas otras variables que evolucionan lentamente. Ninguna administración presidencial transforma esos determinantes estructurales en apenas cuatro años.
La segunda razón es empírica. Basta observar el comportamiento de estos indicadores durante los últimos sesenta años en Colombia y en la mayoría de los países del mundo para advertir un patrón sorprendentemente similar. La tendencia predominante ha sido una mejoría gradual, continua y sostenida, prácticamente independiente de los cambios de gobierno. Las curvas rara vez presentan modificaciones abruptas coincidiendo con el inicio o el final de una administración presidencial. Lo que reflejan es un proceso acumulativo de progreso sanitario y desarrollo social acumulado durante décadas.
Las excepciones confirman esa regla. Los cambios bruscos en estos indicadores, casi siempre obedecen a fenómenos extraordinarios de enorme magnitud. La pandemia por COVID-19 constituye el ejemplo más evidente. En pocos meses aumentó la mortalidad y redujo la esperanza de vida en numerosos países, independientemente de la orientación política de sus gobiernos. Terminada la emergencia sanitaria, los indicadores retomaron nuevamente su trayectoria histórica de mejoría.
Por eso resulta metodológicamente incorrecto atribuir el descenso de la mortalidad infantil o el aumento de la esperanza de vida a un gobierno en particular. Como también sería injusto responsabilizar a una administración cuando esos indicadores presentan deterioros temporales asociados a fenómenos extraordinarios o a tendencias de largo plazo que escapan a su control inmediato.
Lo anterior no significa que los gobiernos no deban actuar ni ser evaluados. Deben hacerlo, pero sobre aspectos en los que realmente tienen capacidad de incidir durante su período constitucional; como la oportunidad en la atención, la disponibilidad de medicamentos, la cobertura de vacunación, la gestión financiera, la reducción de listas de espera, el fortalecimiento de la atención primaria, o la transparencia institucional.
Un razonamiento semejante debería aplicarse al debate sobre Bogotá, donde con frecuencia, cada administración distrital intenta apropiarse de las mejoras observadas en indicadores de salud, o atribuir a su antecesor los retrocesos coyunturales.
Confundir resultados estructurales acumulados por de décadas con logros de un solo gobierno constituye un error analítico y, con frecuencia, una débil estrategia política. La salud pública no avanza al ritmo de los calendarios electorales. Sus principales indicadores son el reflejo de procesos sociales complejos, acumulativos y persistentes que trascienden a cualquier administración.
Atribuirse éxitos que la evidencia no permite demostrar puede ser una consigna eficaz en el debate político, pero difícilmente resiste un análisis riguroso. En salud, como en tantas otras materias, conviene recordar que los datos deben servir para comprender la realidad, no para acomodarla a las necesidades del discurso ideológico del momento.
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