Hace pocos días ayudé a apagar un incendio en un punto de acumulación de basuras en el barrio Carimagua, más exactamente en la Calle 40 sur con Carrera 72 localidad de Kennedy. Esto sucedió en horas de la noche del pasado 3 de septiembre, obviamente provocado por manos criminales.
Mi sorpresa fue mayor cuando en la mañana del 4 de septiembre en el mismo punto de acumulación de basuras, otro incendio amenazaba con consumir los árboles cercanos. En esta ocasión fue necesaria la intervención de los bomberos y de la Policía.
De acuerdo con los vecinos del sector, las llamas fueron provocadas por un habitante de calle que en ambas ocasiones prendió fuego al punto donde se acumulan durante semanas y semanas, llantas, colchones, muebles viejos, madera y un buen número de desechos que no se recogen y que generan situaciones de peligro como la descrita.
Lo ocurrido en este punto de Kennedy no puede ser visto simplemente como un episodio aislado. Es la expresión de un problema que se repite en distintos sectores de Bogotá y que las autoridades no pueden seguir atendiendo únicamente cuando aparece el humo, el fuego o la emergencia.
En diferentes zonas de la ciudad se acumulan durante semanas llantas, colchones, muebles abandonados, maderas, neumáticos, escombros y toda clase de residuos especiales. Además de deteriorar el paisaje urbano, estos materiales representan un riesgo ambiental y de seguridad que debería estar en el radar permanente de la Administración Distrital.
La pregunta es inevitable: ¿cuánto tiempo más tendrá que convivir Bogotá con estos verdaderos focos de riesgo antes de que las autoridades actúen de manera preventiva?
La Alcaldía no puede limitar su responsabilidad a recoger los residuos después de que se convierten en un problema visible. Gobernar una ciudad también significa anticiparse a los riesgos. Y cuando existen lugares que, de manera reiterada, terminan convertidos en puntos de acumulación de materiales altamente combustibles, la prevención debería ser una prioridad.
Las llantas, los colchones, las maderas, los muebles viejos y otros residuos voluminosos no son basura ordinaria. Su manejo requiere estrategias específicas de recolección, vigilancia, disposición y aprovechamiento. Cuando terminan abandonados durante semanas o meses en calles, lotes, separadores o espacios públicos, no solo generan deterioro urbano: también pueden convertirse en combustible para incendios.
El problema adquiere una dimensión todavía más compleja cuando en estos lugares hacen presencia habitantes de calle que utilizan algunos de estos materiales para encender fogatas. No se trata de criminalizar a quienes viven en condiciones de extrema vulnerabilidad. Por el contrario, precisamente porque se trata de una población que requiere atención social, la respuesta del Distrito debe ser integral.
Pero una política social tampoco puede desconocer los riesgos que representan los incendios provocados en medio de acumulaciones de residuos. Las llamas pueden poner en peligro a quienes las generan, pero también a vecinos, peatones, comerciantes, viviendas, vehículos, árboles y demás elementos del entorno.
Lo ocurrido en Carimagua deja, entonces, una pregunta que va mucho más allá de quién encendió el fuego: ¿por qué se permitió que ese punto llegara a convertirse en una acumulación de materiales potencialmente combustibles?
Aquí es donde la política pública parece llegar tarde
¿Dónde están los mapas actualizados de los puntos críticos? ¿Dónde está el seguimiento permanente? ¿Dónde están las acciones coordinadas entre las entidades responsables del aseo, el ambiente, la seguridad, la integración social y la atención de emergencias? ¿Dónde está la estrategia para impedir que un punto recién intervenido vuelva a convertirse, pocos días o semanas después, en un botadero clandestino?
Bogotá no puede administrar sus residuos especiales con una lógica de emergencia permanente. Retirar una montaña de colchones, muebles o llantas para encontrarla nuevamente acumulada poco tiempo después no constituye una solución definitiva. Es apenas un costoso aplazamiento del problema.
La ciudadanía también tiene responsabilidades. Quien abandona un colchón en una esquina, arroja llantas en un lote o deja muebles en el espacio público contribuye directamente al deterioro de la ciudad. Por eso también es necesario fortalecer los mecanismos para que disponer correctamente de estos residuos sea fácil, accesible y oportuno, al mismo tiempo que se debe perseguir y sancionar a quienes convierten el espacio público en botadero.
Pero la responsabilidad ciudadana no exime a la Administración de cumplir con la suya.
La prevención requiere información, control y presencia institucional. Requiere identificar los lugares donde históricamente se acumulan residuos, intervenirlos antes de que alcancen proporciones peligrosas, establecer mecanismos de vigilancia y garantizar alternativas efectivas para la disposición de elementos voluminosos. Y, sobre todo, requiere continuidad.
No basta con anunciar operativos después de un incendio. No basta con enviar cuadrillas cuando las fotografías del desastre empiezan a circular por las redes sociales. Tampoco basta con retirar los residuos cuando la presión de los vecinos se vuelve insoportable.
Una Alcaldía verdaderamente preventiva debería saber dónde están los riesgos antes de que se conviertan en noticia.
El deterioro de una ciudad comienza muchas veces con algo que parece insignificante: un colchón abandonado, luego otro; unas llantas, después unas maderas; un mueble viejo que alguien deja en la calle y que termina acompañado por decenas de objetos más. Si nadie interviene, el espacio público deja de ser de todos y termina convertido en territorio de nadie.
Por eso Bogotá necesita una política seria y permanente frente a los residuos especiales, con metas verificables, identificación e intervención de los puntos críticos, mecanismos efectivos de recolección, vigilancia y responsabilidades claras para las entidades involucradas.
La capital no puede esperar a que una acumulación de basura se transforme en una emergencia para recordar que la prevención existe.
Porque cuando una ciudad conoce la existencia de lugares donde durante semanas se acumulan materiales combustibles y, aun así, no actúa oportunamente, el incendio deja de ser solamente un hecho inesperado: también puede ser la consecuencia de una prevención que falló.
Bogotá ya tiene demasiados problemas como para agregarles uno que, en buena medida, puede prevenirse.
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