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El lamentable atentado del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe, vuelve a abrir un debate público sobre los menores de edad inmersos en atracos, homicidios, secuestros, lesiones y delitos sexuales, entre otros.
En Colombia, un menor de edad debe pagar por sus actos criminales a partir de los 14 años, el asunto es que no van a una cárcel, sino a un centro del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en donde, en teoría, se le brindan herramientas para rehacer su proyecto de vida.
El panorama no solo es colombiano, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó un discurso en el cual mencionó un caso de arresto a un pandillero menor de edad, sin antecedentes penales y a quien se le impusieron dos años en una correccional de menores, saliendo a libertad en el 2024. Bukele mencionó que un año después, el mismo meno, asesinó a un ex policía de 62 años en Tacuba, haciendo énfasis en: “Era nuestro deber evitar ese asesinato, manteniéndolo en custodia” y cierra con la frase “Ese homicidio es culpa del Estado”.
Si bien no se trata de aplaudir medidas que han sido criticadas por organismos internacionales, si es importante traer a colación que en Colombia, la situación no se puede resumir en un tono de lástima sobre sociedad que le falló al menor que le disparó a Uribe. Las cifras llaman a una reflexión profunda: en 2025, en promedio cada mes 466 menores entre 14 y 17 años han sido aprehendidos por cometer delitos en todo el país; de esos el 88% son varones.
En cuanto a los delitos cometidos, el 57% es hurto, 16% microtráfico, 6,5% lesiones personales, 5,4% delitos sexuales y 1,3% homicidio. Entre los datos más fuertes está que el 22% de las bandas delincuenciales en Bogotá son de origen familiar, es decir, abuelos y padres que enseñan desde los ocho años a delinquir a los niños.
El tema da para debates profundos, pero podría aportarse al mismo bajo el siguiente análisis: en efecto hay un núcleo familiar que le falló a ese menor de edad y a su vez, un Estado que le falló a esa familia; sin embargo, no podemos incluir a toda la sociedad en una gran bolsa, como si todos los colombianos tuvieran responsabilidad en el caso particular, porque la mayoría de familias en este país intentan, día a día y a pesar de las condiciones, dar un futuro a sus niños, lejos de la delincuencia.
Lo que es cierto que es al final y según las mismas indagaciones de las autoridades, el menor del caso Uribe, presuntamente no dimensionaba en lo que estaba participando, ni lo que hizo, lo que lleva a la conclusión que sí es un menor instrumentalizado, pero también es un menor que intentó matar a alguien y debe responder ante la justicia y aunque la ecuación es compleja y duela, una cosa no puede excluir la otra.
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Por Andrés Nieto Ramírez
