Las dificultades de movilidad es responsabilidad de todos: peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos que utilizan las vías públicas y privadas abiertas al público, así como aquellas privadas en las que internamente circulen vehículos. A todos nos aplica el Código Nacional de Tránsito.
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La peregrina excusa en el sentido de que Bogotá necesita más y mejores vías -lo cual es cierto- o que las dificultades de movilidad vial se deben a la falta de presencia y autoridad de los agentes de tránsito -lo que también es parcialmente cierto- no justifica la conducta irresponsable de conductores de motocicletas, bicicletas y demás vehículos públicos y privados que circulan por encima de los límites de velocidad, serpentean entre carriles y vehículos irresponsablemente, estacionan en cualquier parte o a los pasajeros de estos que se suben y bajan de los vehículos que paran para el efecto en lugares prohibidos sin importarles que esos “minutitos” de trancón generan además desastres viales cuadras atrás y ponen en riesgo inminente la integridad de todos.
No es que el comportamiento de los conductores de vehículos particulares y privados sea ejemplar, por el contrario, es altamente reprochable. Buena parte de los inmensos trancones viales capitalinos obedece al nefasto comportamiento de ellos mismos. Pero es que el propio de los conductores del creciente exponencialmente número de motocicletas y bicis motorizadas es aún más desastroso y con mayores y fatales resultados día a día.
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La realidad es que tanto los motociclistas como quienes operan bicis motorizadas son los que en la actualidad ponen en mayor y permanente riesgo su propia integridad y la de los demás sin la menor consideración ciudadana. Circulan intempestivamente entre vehículos de manera irregular, los avanzan por la derecha, o entre vehículos y, notoriamente, superando los límites de velocidad. Invaden los andenes, las vías peatonales y las ciclorrutas sin la menor consideración ni respeto por nadie.
Hoy en día estos conductores son el mayor problema de la movilidad y de la seguridad vial de la Ciudad Capital, y probablemente de las vías intermunicipales del país como de las vías de los demás distritos y municipios a lo largo y ancho del territorio nacional, sin que se les puede decir nada que los llame al orden. Se han organizado de manera tal que eligen concejales y demás representantes políticos que lejos de contribuir a normalizar la actividad parecen los voceros de la arbitrariedad en la manera nefasta de conducir de sus electores por las vías de la ciudad.
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La sociedad civil y demás autoridades están en el deber de apoyar a las autoridades de tránsito para que ejerzan debidamente sus funciones de control y sanción sobre este altísimo número de infractores. También estas tienen el deber de prever estrategias de control y sanción permanentes que logren efectividad; a las que, indiscutiblemente, se les debe sumar masivas, aún más permanentes y efectivas campañas en los medios que promuevan el comportamiento basado en una cultura y educación ciudadanas que induzcan a un debido y respetuoso accionar de todos en materia vial. Labor en la que la autoridad nacional en la materia debe igualmente comprometerse.
