Desde finales de los noventa hasta el 2013 -cuando el gobierno renunció al control de cultivos en el Catatumbo- el sufrimiento infligido por narcos y terroristas en todo el país creó una conciencia nacional sobre la necesidad de debilitar las organizaciones dedicadas a la producción, tráfico, comercialización y usufructo de los recursos derivados del narcotráfico.
La cohesión frente a ese propósito tuvo origen en la necesidad de desfinanciar la maquinaria asesina que causaba desplazamientos masivos, el asesinato de liderazgos clave, masacres a poblaciones y el deterioro acelerado de la institucionalidad cada vez más asfixiada por la corrupción.
El resultado fue el apoyo e impulso de las Fuerzas Armadas y sus capacidades, para lograr un debilitamiento progresivo de grupos criminales, traducido en capturas relevantes, desmonte de organizaciones, así como la apertura de instancias para la negociación de su abandono de la violencia y el crimen.
Tan devastador es el efecto del narcotráfico en nuestra nación, que los acuerdos de La Habana dedicaron un capitulo especializado para el aislamiento de las FARC desmovilizadas del negocio y la recuperación de las comunidades sometidas a este. Seis años después de la firma de los acuerdos y tres de la aceptación del Presidente Santos de los graves errores e incentivos incluidos en el punto 4 sobre drogas ilícitas, dicho objetivo está lejos de ser conseguido.
Así lo confirma el aumento de las áreas cultivadas con coca en hasta el 500% – respecto a su nivel más bajo en 2013 –, más de 1000 toneladas anuales de producción potencial de cocaína, la muerte de más de 900 lideres en las regiones, el retorno de los ilegales a la ofensiva con acciones terroristas y la influencia del narco en las elecciones venideras.
Los efectos no se quedan en las zonas rurales. En Bogotá, durante el mismo lapso se observa un crecimiento del sicariato superior al 35% desde 2018 y de las muertes en atracos del 60%, mientras que la incautación de narcóticos pasó de 8,1 toneladas en 2017 a 16,9 en 2021. Si bien no es fácil establecer una correlación entre las dos variables debido a la ausencia de información, estos resultados ofrecen claves para buscarla.
Tal como ha ocurrido en las regiones donde tienen raíz la producción y el tráfico de narcóticos, el posicionamiento de estructuras narcotraficantes en las ciudades se traduce en muerte, control social, económico y corrupción institucional a todos los niveles. Estas son el motor de relacionamiento y financiación de distintas maquinarias criminales.
La semana anterior la Policía Nacional presentó su nueva estrategia institucional contra el narcotráfico – Estrategia Esmeralda – con la cual busca recuperar la iniciativa integral en la lucha contra el negocio de las drogas ilícitas. Esta reconoce la transformación del negocio y del contexto, proponiendo el reordenamiento de la acción contra la producción y el tráfico, así como un énfasis en el tráfico interno y los recursos económicos que revitalizan al crimen en todas sus expresiones.
En este sentido, su línea de esfuerzo contra la comercialización por vías digitales, el uso de inteligencia artificial para mapear los puntos críticos del negocio y el ataque a sus finanzas – tradicionales, criptomonedas y activos no fungibles –, representa una visión que apunta a los nodos donde el crimen ejecuta libremente su actividad.
Este esfuerzo policial será inane mientras autoridades civiles y ciudadanos no se sumen a cerrar el espacio a quienes quieren someter el país a su régimen criminal.
La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá debe convocar a la Policía Metropolitana y a la Policía Regional para el desarrollo del capitulo regional de la Estrategia Esmeralda.
La aparición de infraestructuras de procesamiento de base de coca tanto en la periferia como en las zonas urbanas de la ciudad es solo uno de los asuntos que encienden las alarmas de nuevas violencias en formación. Neutralizar el avance del crimen y la violencia urbana exige entender las dinámicas criminales y las características de los mercados ilícitos que convergen en las localidades.
A su vez, los ciudadanos también tenemos responsabilidades. Es necesaria una mayor participación en la prevención del consumo, el apoyo a personas con adicciones, el rompimiento con mercados ilegales y la denuncia de redes y actividades criminales que se van posicionando en nuestros entornos familiares, laborales y habitacionales.
No hay que esperar a que una tragedia familiar toque a la puerta de nuestras casas o el deterioro social e institucional obstaculice nuestros proyectos de vida por cuenta de la incomprensión del desafío real que nos imponen el crimen y su violencia.
Recuperar la convicción colectiva sobre el peligro que representa el narcotráfico es el primer paso para revertir un proceso de deterioro de la estabilidad, la democracia y la seguridad que ya está en marcha, aunque algunos se nieguen a verlo.
