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Pareciera que la administración distrital le presta más atención a las manifestaciones que a bandas como el Tren de Aragua que sigue extorsionando a los comerciantes, o a Los Costeños que siguen con la venta de drogas y armas en el centro o al control que tienen Los Paisas en María Paz.
Las declaraciones duras y firmes así como las acciones, deberían estar también enfiladas a disminuir los delitos y no solo a ver si pueden desbloquear una vía, porque al final tampoco logran desbloquearla a tiempo para que las personas puedan llegar a sus casas sin tener que caminar kilómetros.
Si ha habido un error consumado en todo el país en materia de seguridad y en las nociones de defensa, es incluir todo en una sola bolsa. Para empezar, la seguridad ciudadana es distinta a la defensa nacional y estas son absolutamente diferentes a la convivencia ciudadana; si bien, están de alguna forma relacionadas y tienen hilos conductores y conectores como que en todas está la fuerza pública, particularmente la Policía, tanto las estrategias como las miradas deben ser distintas.
No es lo mismo atacar al Clan del Golfo, al ELN o a las Disidencias de FARC, que desarticular la banda delincuentes que roba celulares por mecanismo del cosquilleo en un sistema como el transporte masivo Transmilenio, y esos dos campos, sonabsolutamente distintos a tratar comportamientos como el ruido, la basura, los excrementos de mascotas o el mal parqueo.
Incluir todo en una bolsa lleva a que se le llama criminal a cualquier persona y aquí hay un grave problema, una cosa es una persona que cometa un delito o crimen como hurto, extorsión, violencia intrafamiliar, lesiones personales u homicidio y otra muy distinta quienes tienen comportamientos que no llegan a ser delictivos pero que se han querido meter en esta misma matriz.
De ahí que preocupa profundamente cómo en Bogotá, donde según las mismas autoridades no hay presencia operativa de grupos armados, se ha intentado llevar la protesta social al campo de la seguridad, cuando no es un problema de crimen sino un asunto de derechos humanos y no necesariamente por si interviene UNDMO, sino porque la gente se manifiesta cuando no tiene calidad de vida. El lío se sigue enmarcando en derechos, en la medida que la protesta es uno de ellos, pero el límite de afectación a los derechos de los demás ciudadanos, como el de movilidad o libre locomoción, nos lleva a un debate profundo.
Ahora, es claro que quien cometa un delito en medio de la protesta, como lesionar a un servidor público, daño en bien ajeno o un intento de homicidio, deberá responder ante las autoridades como lo dice el Código Penal.
El real problema es que en Bogotá, hay constantes declaraciones de la administración mostrando contundencia para la protesta, pero poca firmeza, declaraciones y acciones frente a la crisis de seguridad que hay en la capital con homicidios, descuartizados,hurtos y un sicariato que hoy reúne 8 de cada 10 casos cuando en Bogotá esta tipología no superaba los 3 de cada 10.
Pareciera que la administración distrital le presta más atención alas manifestaciones que a bandas como el Tren de Aragua que sigue extorsionando a los comerciantes, o a Los costeños que siguen con la venta de drogas y armas en el centro o al control que tienen Los paisas en María Paz.
Al final, las declaraciones duras y firmes así como las acciones deberían estar también enfiladas a disminuir los delitos y no solo a ver si pueden desbloquear una vía, porque al final tampoco la están logrando desbloquear.
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