La decisión de la Corte Constitucional de convocar una mesa técnica para examinar si el nuevo esquema tarifario del servicio público de aseo garantiza los derechos de la población recicladora constituye una oportunidad que Colombia no puede desaprovechar. Más que un trámite de seguimiento, reconoce que el modelo regulatorio del aseo atraviesa un momento decisivo y que las decisiones que se adopten hoy marcarán el futuro del sector y otros durante los próximos años.
Precisamente por ello, la Corte debería dar un paso adicional y propiciar que la expedición del nuevo marco tarifario se difiera hasta la posesión y puesta en marcha del nuevo Gobierno Nacional. No se trata de frenar la regulación, sino de asegurar que una reforma de semejante trascendencia no se adopte en medio de una transición gubernamental y sin un debate suficientemente amplio, técnico y plural.
El nuevo marco tarifario no constituye una simple actualización de fórmulas económicas. Define cómo se financiará el servicio, la remuneración de sus actividades, los costos que asumirán los usuarios y la sostenibilidad del sistema. En buena medida, también condicionará la política pública sobre residuos sólidos.
Sin embargo, el debate ha partido de una premisa equivocada: confundir el servicio público de aseo con la gestión integral de residuos sólidos, el reciclaje y la economía circular. Son materias relacionadas, pero jurídicamente distintas, con objetivos, instrumentos y responsabilidades diferentes. Cuando esas fronteras desaparecen, la regulación termina pretendiendo que la tarifa resuelva problemas propios de la política pública ambiental, industrial y social.
Todos coincidimos en que las acciones afirmativas en favor de la población recicladora constituyen un mandato constitucional irrenunciable. La inclusión de los recicladores de oficio representa uno de los avances sociales más importantes del sector y no solo debe preservarse, sino fortalecerse. El debate no está ahí.
Lo que sí merece discusión es el camino escogido para alcanzar ese propósito. Durante años se ha intentado resolver, mediante el régimen tarifario, desafíos sociales, ambientales y económicos que exigen instrumentos mucho más amplios. La economía circular no puede reducirse al reciclaje ni financiarse principalmente a través de la tarifa del servicio de aseo. Requiere políticas económicas, industriales, fiscales, ambientales, educativas y territoriales que comprometan al Estado, al sector productivo y a la sociedad, y no únicamente al regulador y usuarios del servicio de aseo.
Por eso la mesa técnica ordenada por la Corte no debería limitarse a las entidades públicas del sector de aseo y a las organizaciones de recicladores. También deben participar las entidades ambientales, de industria y comercio, los prestadores del servicio, los gremios, la academia, expertos independientes y los usuarios, quienes finalmente financian el servicio mediante el pago de la tarifa. Solo un diálogo verdaderamente plural permitirá construir una regulación legítima, técnicamente sólida y capaz de hacer efectivas las medidas de inclusión con resultados verificables.
Existen, además, serias preocupaciones sobre el proyecto regulatorio. Diversos actores han advertido inconsistencias metodológicas, supuestos económicos discutibles y vacíos que pueden afectar la prestación del servicio, la competencia y la suficiencia financiera del sistema. Tales observaciones merecen un examen riguroso antes de adoptar una regulación definitiva.
La Corte Constitucional tiene hoy la oportunidad de propiciar un debate nacional serio y técnicamente informado. No para desconocer los derechos de la población recicladora -que nadie cuestiona-, sino para garantizar que esos derechos se materialicen mediante un modelo regulatorio sostenible, jurídicamente coherente y compatible con un servicio público eficiente. A veces, la mejor decisión regulatoria no consiste en expedir una norma cuanto antes, sino en detenerse a escuchar, deliberar y corregir. La pausa que hoy se abre no debería entenderse como un retraso, sino como la oportunidad para construir una regulación más sólida, más legítima y verdaderamente capaz de conciliar la inclusión de los recicladores con la sostenibilidad del servicio público de aseo.
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