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Por: María Clara Name Ramírez, concejal de Bogotá.
A raíz del aberrante asesinato de la bebé Mía Cataleya, se evidencia una grave crisis de desprotección infantil en el país. Hoy Colombia registra más de 3.456 presuntos delitos sexuales contra menores y en donde Bogotá lidera la trágica lista con 797 casos. Un llamado urgente a las autoridades para frenar la impunidad, exigir justicia ejemplar y transformar las políticas de prevención en una prioridad absoluta del Estado.
La muerte de Mía Cataleya, una bebé de tan solo seis meses en El Espinal, Tolima, no es una tragedia aislada; es un espejo brutal que nos devuelve la peor imagen de nuestra sociedad. Su asesinato nos llena de dolor, rabia e impotencia, pero, sobre todo, nos confronta con una realidad innegable: Colombia le sigue fallando de manera sistemática a sus niños y niñas. Nuestro país no puede reducirse a un titular que genere indignación durante unas horas, para luego desaparecer entre la indiferencia y el olvido.
No podemos permitir que la infancia siga siendo víctima de la violencia, el abuso y la impunidad mientras las instituciones estatales reaccionan tarde, de forma reactiva y solo cuando el horror se vuelve mediático. Lo que ocurrió con Mía Cataleya es el síntoma de una crisis profunda en el sistema de protección a la niñez; una tragedia silenciosa que ocurre todos los días detrás de las puertas de muchos hogares colombianos.
Las cifras de Medicina Legal del primer trimestre de 2026 son escalofriantes y nos hacen un llamado de alerta urgente que no admite más indiferencia: se practicaron 3.456 exámenes por presunto delito sexual contra menores en el país. El 86 % de estas víctimas son niñas. Bogotá encabeza esta vergonzosa lista con 797 casos, seguida por departamentos como el Valle del Cauca (401), Antioquia (228), Cundinamarca (179) y Atlántico (173).
Asimismo, la capital del país reporta en el primer trimestre de este año 517 presuntos casos por delitos sexuales; esto significa que, diariamente, se registran cerca de 6 casos de abuso sexual contra menores de edad, evidenciando una preocupante realidad que no para de crecer. A este panorama se suman los datos de la Policía Metropolitana de Bogotá, que señalan más de 2.131 casos de violencia intrafamiliar contra la infancia en el mismo periodo. Es aberrante aceptarlo, pero las estadísticas demuestran que 18 niños al día son víctimas de todo tipo de violencias en nuestra propia ciudad, reportando un 97% de impunidad en sus casos.
Detrás de cada número hay un niño marcado por el miedo, el abuso y el silencio. Hay familias destruidas y heridas que nunca desaparecen. Pero también hay alertas ignoradas, denuncias que no avanzan y un sistema que muchas veces abandona a los menores justo cuando más necesitan protección.
No podemos normalizar el horror ni acostumbrarnos a guardar un minuto de silencio cada vez que un caso conmociona a la opinión pública. La indignación de las redes sociales debe traducirse en acciones contundentes por parte de las autoridades nacionales, distritales y judiciales. Se requiere celeridad en la investigación, capturas reales y una judicialización ejemplar para los responsables. La impunidad solo pavimenta el camino para el próximo agresor.
Necesitamos fortalecer de manera urgente las políticas de prevención, la protección efectiva y la atención integral de los menores. La infancia debe dejar de ser una frase de cajón en los planes de gobierno y convertirse en la prioridad absoluta del Estado y de la sociedad. Porque la ecuación es dolorosamente simple: cada vez que un niño es violentado en este país, fracasa la justicia, fracasa el Estado y, en última instancia, fracasamos todos como sociedad.
Por Mía Cataleya y por los miles de niños atrapados en el silencio, no podemos callar.
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