Cuatro días después del sismo de magnitud 7,7, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, que sacudió buena parte del país y volvió a recordarnos que vivimos en un territorio expuesto a múltiples amenazas, el viernes 14 de agosto se conmemoró el Día Interamericano de la Calidad del Aire, una iniciativa promovida desde 2002 por la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental y la Organización Panamericana de la Salud.
La coincidencia permite mirar el riesgo desde otro lugar. Mientras la tierra nos recuerda que existen fenómenos socio-naturales que no podemos controlar, la calidad del aire nos enfrenta a riesgos cuya exposición sí podemos reducir y cuyas causas, en muchos casos, podemos prevenir. Y esta diferencia importa especialmente cuando hablamos de las infancias.
Una niña que respira mientras los adultos decidimos
Imaginemos a una niña de diez años en Bogotá. El lunes sintió el movimiento de la tierra en su colegio. Quizás vio a sus compañeros asustados, escuchó las instrucciones de su profesora y comprendió, de una manera que ningún libro puede enseñar, que el territorio en el que vive también puede cambiar de un momento a otro.
Cuatro días después regresó a clase, salió al recreo, corrió, conversó con sus amigos y respiró un aire que no elije.
No sabe de dónde vienen las partículas que llegan a sus pulmones, ni cuánto material particulado PM2,5 hay en el aire que respira. No tiene por qué saberlo. La prevención, la información y las decisiones para protegerla corresponden a los adultos y a las instituciones responsables de garantizar sus derechos.
Bogotá ha logrado mejorar su promedio anual de PM2,5: pasó de 16,9 microgramos por metro cúbico en 2024 a 13,5 en 2025. Es una buena noticia. Pero el promedio de una ciudad no cuenta toda la historia. El propio Observatorio Ambiental señala que las condiciones y los niveles de exposición presentan dinámicas diferenciadas según el territorio. En 2025, la estación Carvajal-Sevillana registró 67 excedencias del límite diario de PM2,5, aunque fueron menos que en 2024.
La contaminación atmosférica tampoco termina en los pulmones. La exposición al material particulado está relacionada con enfermedades respiratorias y cardiovasculares y existe evidencia sobre sus efectos en el desarrollo neurológico y cognitivo. En niñas, niños y adolescentes la preocupación es mayor porque sus pulmones, cerebro y otros órganos todavía están en desarrollo.
Por eso, cuando hablamos de calidad del aire hablamos de mucho más que enfermedad. Hablamos de desarrollo físico y cognitivo, aprendizaje, juego, actividad física y oportunidades para desarrollar plenamente las capacidades.
Los datos de salud también recuerdan la especial vulnerabilidad de las primeras etapas de la vida. En Bogotá, las cifras preliminares de 2025 registraron 11 muertes probables por neumonía en menores de cinco años, frente a 17 en 2024. Estos datos no permiten atribuir esas enfermedades directamente a la contaminación del aire, pero sí muestran por qué la protección de la salud respiratoria de las primeras infancias debe ocupar un lugar central.
Detrás de cada indicador ambiental hay una vida concreta: una niña que puede faltar al colegio, un adolescente que deja de hacer deporte, una familia que debe reorganizar su vida para atender una enfermedad.
Y detrás de cada vida de una niña, un niño o un adolescente hay un derecho que proteger.
El aire también es un asunto de derechos
Las niñas, niños y adolescentes no deciden dónde viven, qué fuentes de contaminación existen cerca de sus casas, cuánto tráfico circula frente a sus colegios o si en un territorio vecino se producen quemas. Sin embargo, reciben las consecuencias de esas decisiones.
Por eso hablar de calidad del aire desde la perspectiva de las infancias es hablar de derechos.
El artículo 79 de la Constitución Política reconoce el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, mientras el artículo 80 establece el deber de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. El ambiente sano no es un lujo ni un asunto secundario frente a las políticas sociales: es una condición para la vida, la salud, el desarrollo y el ejercicio de otros derechos.
La Observación General 26 del Comité de los Derechos del Niño amplía esta mirada al reconocer la contaminación, la crisis climática y la pérdida de biodiversidad como amenazas sistémicas para los derechos de las infancias. También insiste en la prevención, el principio de precaución, los sistemas de alerta temprana y la participación de niñas, niños y adolescentes.
La idea de acción anticipatoria por la vida y el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en un ambiente sano resulta, en este contexto, especialmente pertinente. No se trata solamente de reaccionar frente al daño, sino de reconocer las condiciones que lo producen, identificar quiénes están más expuestos y actuar antes de que las amenazas se conviertan en vulneraciones de derechos. Esto cambia la conversación.
No se trata solamente de saber si el aire está contaminado. Se trata de preguntarnos qué estamos haciendo para evitar que llegue a estarlo, quiénes están más expuestos y qué decisiones podemos tomar antes de que el daño ocurra.
Cuando el territorio se quema, el problema no acaba donde termina el fuego
En Bogotá y Cundinamarca esta pregunta resulta especialmente urgente.
El aire no reconoce fronteras administrativas. Una corriente de viento no sabe dónde termina Bogotá y comienza Cundinamarca. El humo de un incendio tampoco se detiene ante un límite municipal. Lo que ocurre en los ecosistemas y territorios rurales puede tener efectos sobre toda la región.
Las cifras recientes de Cundinamarca son contundentes. Entre el 1 de enero y el 12 de agosto de 2026, el departamento registró 532 emergencias por incendios forestales en 74 municipios, con 1.314,16 hectáreas afectadas. Solo entre junio y agosto se registraron 255 emergencias: 17 en junio, 130 en julio y 108 durante los primeros doce días de agosto. En ese último periodo, 45 municipios de 12 provincias reportaron emergencias y fueron afectadas 743,7 hectáreas.
Hay lugares que permiten dimensionar la magnitud: en los primeros doce días de agosto, Nilo registró 200 hectáreas afectadas, Sibaté 71, La Palma 55,05 y Nimaima 34. En apenas doce días de agosto de 2026, el departamento ya había superado el área afectada durante los 31 días de agosto de 2025.
No son solamente hectáreas, son ecosistemas, biodiversidad, suelos, comunidades, actividades productivas y territorios donde viven niñas, niños y adolescentes. Son emisiones que terminan formando parte de un problema que no siempre podemos ver, pero que sí podemos respirar.
Por eso, cuando hablamos de las quemas y de los incendios que están ocurriendo en diferentes regiones del país, no deberíamos quedarnos únicamente con la imagen del fuego. El fuego es visible y genera una respuesta inmediata. El humo puede desplazarse, permanecer y afectar a poblaciones que ni siquiera estuvieron cerca del lugar donde comenzó el incendio.
Cuando un territorio se quema, el problema no termina donde termina el fuego. Esta afirmación debería tener consecuencias para la manera como entendemos la gestión integral del riesgo. Prevenir incendios, reducir las quemas, fortalecer la vigilancia, mejorar las alertas, preparar a las comunidades, proteger ecosistemas y restaurar las áreas afectadas hacen parte de una misma responsabilidad pública: anticiparse a escenarios que pueden producir daños sobre la vida, la salud, los ecosistemas y los derechos.
Y aquí hay una señal que no deberíamos pasar por alto. Desde mayo, Cundinamarca había priorizado 42 municipios por su vulnerabilidad frente a sequías, incendios forestales y posibles escenarios de desabastecimiento de agua asociados al fenómeno de El Niño. El departamento convocó a estos municipios para actualizar estrategias de respuesta, formular planes de contingencia y fortalecer la articulación institucional. Posteriormente, los 116 municipios fueron llamados a activar sus procesos de alistamiento institucional y comunitario.
La preparación no era, entonces, una respuesta posterior a la emergencia. Era una decisión anticipatoria frente a un riesgo identificado. La gestión integral del riesgo comienza precisamente allí: cuando la información se convierte oportunamente en preparación, prevención y decisiones.
El fenómeno de El Niño nos está dando una señal
El escenario adquiere una dimensión mayor cuando incorporamos la evolución del fenómeno de El Niño.
La actualización más reciente del IDEAM, publicada el 13 de agosto, señala que las condiciones del fenómeno continúan fortaleciéndose. El instituto estima una probabilidad superior al 90 % de que persistan hasta el primer trimestre de 2027 y una probabilidad del 69 % de que alcance una intensidad “muy fuerte” entre octubre y diciembre de 2026.
No estamos, entonces, ante una amenaza que debamos esperar para empezar a gestionar. Tenemos información, señales, capacidad de monitoreo y una ventana para anticiparnos.
El fenómeno de El Niño puede generar condiciones de mayor temperatura, menor precipitación y mayor sequedad que incrementan la susceptibilidad del territorio a incendios forestales, estrés hídrico y deterioro de la calidad del aire en zonas vulnerables. El IDEAM advierte que estas condiciones pueden aumentar la probabilidad de incendios de cobertura vegetal y afectar la salud, especialmente por el deterioro del aire asociado a los incendios.
Pero es importante decirlo con precisión: el fenómeno de El Niño no enciende por sí solo cada incendio. Las condiciones climáticas pueden aumentar la vulnerabilidad; las quemas, las prácticas inadecuadas y otras acciones humanas pueden convertir esa vulnerabilidad en una emergencia.
Por eso la pregunta no debería ser solamente ¿cómo apagaremos los incendios cuando ocurran?, la pregunta es ¿qué estamos haciendo ahora para evitar que ocurran y para proteger a quienes estarán más expuestos cuando ocurran?
El fenómeno de El Niño no es una sorpresa que debamos esperar para reaccionar. Es una señal que permite anticiparnos.
No todas las infancias respiran la misma ciudad
La calidad del aire también tiene geografía.
La mejora del promedio de Bogotá no significa que todas las personas respiren las mismas condiciones ambientales. El propio Observatorio Ambiental muestra dinámicas diferenciadas según las zonas de la ciudad y mantiene a Carvajal-Sevillana entre los puntos con mayores problemas de calidad del aire. En 2025, esta estación registró 67 excedencias diarias de PM2,5.
No todas las niñas, niños y adolescentes respiran el mismo aire. No es lo mismo crecer cerca de corredores de alto tráfico que hacerlo en un entorno con menor exposición. No es lo mismo vivir junto a una zona industrial que crecer cerca de espacios con mayor cobertura vegetal. No es lo mismo caminar todos los días por una vía congestionada que hacerlo por un corredor verde.
La calidad del aire, por tanto, también es una cuestión de equidad territorial. Y esa desigualdad ambiental es una invitación para accionar conjuntamente Bogotá y Cundinamarca. El riesgo no se detiene en los límites administrativos y tampoco deberían hacerlo las políticas para enfrentarlo.
Necesitamos información articulada, monitoreo permanente, alertas comprensibles para las familias, protocolos específicos para jardines y colegios, prevención de quemas, respuesta rápida ante incendios y estrategias de restauración de los ecosistemas afectados.
Pero también necesitamos incorporar desde el principio el impacto que las decisiones territoriales tienen sobre niñas, niños y adolescentes.
Escuchar a quienes habitan el territorio
Hay otra forma de construir entornos protectores: escuchar a quienes los habitan.
Una niña puede identificar dónde siente más calor en su colegio. Un adolescente puede reconocer el trayecto donde el humo y el tráfico hacen más difícil caminar. Un grupo de estudiantes puede señalar qué espacios verdes hacen más habitable su barrio.
Esa experiencia cotidiana no reemplaza el conocimiento técnico: lo complementa.
La participación de niñas, niños y adolescentes no debería ser una actividad simbólica al final de una política ya diseñada. Puede ser una herramienta para identificar riesgos, imaginar soluciones y transformar los territorios desde la experiencia de quienes los viven.
La Observación General 26 ofrece aquí una lección importante. Su elaboración incorporó más de 16.000 aportes de niñas, niños y adolescentes de 121 países, reconociendo que las nuevas generaciones no son solamente población afectada por la crisis ambiental, sino también actores con conocimientos, experiencias y propuestas para enfrentarla.
Esto debería interpelarnos también en Colombia. Si queremos ciudades protectoras, necesitamos que las niñas, niños y adolescentes no sean solamente objeto de protección, sino sujetos que participan en la construcción de los lugares donde crecen.
Porque participar no significa únicamente ser consultados. Significa poder aportar, cuestionar, proponer e incidir en las decisiones que afectan sus vidas, incluyendo las decisiones ambientales.
Anticiparnos también es cuidar
Quizás por eso la relación entre el terremoto, la calidad del aire y el fenómeno de El Niño sea más profunda de lo que parece.
El terremoto nos recuerda que vivimos en un territorio expuesto a amenazas y que debemos prepararnos. El deterioro de la calidad del aire muestra que algunos riesgos pueden prevenirse y reducirse. El fenómeno de El Niño nos está dando información suficiente para anticiparnos.
Tres señales distintas, una misma responsabilidad: actuar antes.
Frente a una amenaza natural que no podemos evitar, podemos reducir sus impactos. Frente a un riesgo ambiental que podemos conocer, monitorear y anticipar, debemos actuar antes de que el daño ocurra.
La acción anticipatoria empieza mucho antes de la emergencia: cuando identificamos el riesgo, sabemos quiénes están más expuestos, entendemos las causas, reducimos vulnerabilidades, prevenimos, educamos, escuchamos y tomamos decisiones oportunas.
Y esto es especialmente importante cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes.
Porque proteger a las infancias no significa esperar a que enfermen, a que un incendio llegue a su territorio o a que una emergencia obligue a cerrar una escuela. Significa actuar antes.
El aire no se conmemora un día al año. Las infancias lo respiran todos los días. Y respirar, crecer, aprender, jugar y participar en un ambiente sano no son asuntos separados: hacen parte de una misma experiencia de desarrollo y de derechos.
Por eso necesitamos ciudades que anticipen el riesgo, territorios que sean entornos protegidos y protectores, y políticas que no solamente hablen sobre niñas, niños y adolescentes, sino que también escuchen e incorporen su voz.
El Día Interamericano de la Calidad del Aire pasó. El terremoto del 10 de agosto dejará de ocupar las primeras páginas. El fenómeno de El Niño, en cambio, nos está dando información y tiempo para prepararnos. No deberíamos desaprovecharlos.
La pregunta no es ¿qué hicimos el 14 de agosto para hablar de calidad del aire? la pregunta es mucho más incómoda y urgente: ¿qué estamos haciendo hoy para que las niñas, niños y adolescentes de Bogotá y Cundinamarca puedan respirar mañana un aire más limpio, crecer en entornos protectores y participar en las decisiones sobre los territorios que habitan?
Porque el aire limpio no es solo un indicador ambiental, es una condición para la vida, el desarrollo y el ejercicio pleno de los derechos.