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No obstante que, por la vía de las tarifas del servicio público de aseo, los bogotanos hemos pagado a las asociaciones de recicladores cerca de dos billones de pesos, con el propósito de que la población afiliada a ellas superara sus condiciones de vulnerabilidad, los hechos resultan tozudos en evidenciar que tal objetivo no se ha cumplido. Esta realidad impone a las autoridades de inspección, vigilancia y control —en particular a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Alcaldía Mayor de Bogotá— el deber ineludible de ejercer de manera efectiva sus competencias constitucionales y legales sobre el funcionamiento y comportamiento de estas asociaciones de cara al manejo de estos dineros.
El 23 de diciembre de 2002, el señor Silvio Ruiz Grisales y la Asociación de Recicladores de Bogotá —ARB—, representada por Nohora Padilla Herrera, interpusieron acción de tutela contra el Distrito Capital de Bogotá —Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos (UESP)— con el fin de que la población recicladora fuera incluida, mediante acciones afirmativas, esto es, medidas transitorias de apoyo orientadas a superar su estado de vulnerabilidad, en la contratación del servicio público de aseo. Dicha pretensión fue acogida por la Corte Constitucional en la Sentencia T-724 de 2003; sin embargo, a más de dos décadas de dicha decisión, la persistencia de condiciones materiales de exclusión evidencia un grave incumplimiento de los fines que justificaron tales medidas excepcionales.
De manera paradójica, y según información proveniente de una fuente seria y fidedigna, el mismo señor Ruiz Grisales y la Asociación de Recicladores de Bogotá —ARB— se encuentran actualmente tramitando ante la Honorable Corte Constitucional un incidente encaminado a obtener la prórroga de los contratos de concesión suscritos por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) en el año 2018 con las empresas Bogotá Limpia, Promoambiental, Ciudad Limpia, Área Limpia y LIME, cuyo término de vigencia expira el 11 de febrero de 2026, bajo el argumento peregrino de que el esquema vigente del servicio público de aseo les garantiza condiciones de trabajo y pago.
Tal pretensión resulta abiertamente contradictoria con la naturaleza transitoria de las acciones afirmativas ordenadas por la Corte y con la evidencia empírica de que la población recicladora continúa atrapada en un estado estructural de vulnerabilidad: pero por sobre todo es directa e inexorablemente contraria a lo que prescribe la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios y la Ley de Protección de la Competencia.
La argumentación del señor Ruiz Grisales y de la Asociación de Recicladores de Bogotá —ARB— se desmorona por su propio peso: el esquema actual del servicio público de aseo —cuya vigencia expira en febrero de 2026— no incorpora a la población recicladora. Su pretensión se asemeja, más bien, a una burda y torpe estratagema orientada a perpetuar, a toda costa, la titularidad del servicio en cabeza de los actuales concesionarios, con el propósito de impedir la aplicación de lo que prescriben la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios y la normativa de competencia: que, a partir del vencimiento contractual, cualquier empresa pública, mixta o privada pueda ofrecer el servicio y, en consecuencia, que los usuarios podamos ejercer libremente el derecho legal a escoger a nuestro prestador.
Tengo la convicción de que la H. Corte Constitucional no caerá en la maniobra infantil que se le pretende imponer para favorecer indebidamente a unos prestadores que buscan eludir el derecho de otras empresas a ingresar y competir por la preferencia de los usuarios. Sin perjuicio de ello, no puede descartarse que estos hechos, más temprano que tarde, deban ser examinados por la Fiscalía General de la Nación, en la medida en que lo hasta ahora conocido presenta indicios que ameritan un escrutinio institucional serio incluso al interior de la Procuraduría General de la Nación y de la propia UAESP, en donde parece estarse abonando esta absurda y cuestionable pretensión en favor de las empresas de aseo que prestan el servicio hoy.
