Bogotá es una ciudad que ha evidenciado durante los últimos años una cantidad considerable de determinantes de inestabilidad y conflicto, que entrelazan factores físicos y sociales que progresivamente convierten a la ciudad en un territorio “sin Dios ni ley”.
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El descuido del ornato, la falta de mantenimiento de bienes públicos, la pésima gestión de entornos de obra y transporte, el infarto en movilidad, la suciedad en vías, parques y andenes, la malla vial destruida, la decadencia en muros y fachadas, el aumento de edificaciones abandonadas, son algunos ejemplos del caos físico.
El caos social se aprecia en el uso abusivo del espacio público y en el incumplimiento generalizado de las normas de convivencia urbana. También en la permisividad e incapacidad distrital en la mitigación de las crisis de los paros y bloqueos traducida en la captura criminal del territorio y un sentimiento permanente de desconfianza.
Ambos factores son el origen de una sensación generalizada de falta de reglas y de autoridades dedicadas a hacer cumplir las pocas que aún son reconocidas, que deja a los ciudadanos huérfanos, sin forma de contribuir a la construcción de ciudad y ciudadanía. Autoridades que no son sinónimo de policía, sino de gobierno local.
Un sentimiento que explica el incremento de la ocurrencia de la mal llamada justicia por mano propia, de la superposición de intereses personales sobre derechos generales, de la proliferación de comportamientos que no contemplan la responsabilidad de la vida en comunidad.
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Cuando de seguridad, convivencia y vigencia de la ley se habla, la discusión sobre el orden deriva generalmente en la teoría de las “ventanas rotas”, una visión de la gestión urbana de la seguridad fundamentada en el impacto que tiene un entorno físico en el comportamiento de una comunidad, del delito y el crimen.
Una comunidad que habita en un entorno físico derruido y un entorno social fracturado, sin acciones efectivas para su recuperación y habilitación, se convierte en un conjunto de individuos que se transforman en agentes proclives a imponer un orden propio, con interés de someter a sus similares o de lucrarse del desorden general.
Durante la segunda década del siglo XXI, ha habido una gran discusión sobre esta teoría, dado que para muchos no existe causalidad entre orden y seguridad ya que los servicios de seguridad (policías) no transforman entornos, sino que aprovechan estos para el abuso en la aplicación de la ley, la estigmatización, la segregación y la corrupción.
Un debate viciado por la incomprensión de lo que James Q. Wilson y George Kelling plantearon en 1982 sobre la importancia de los controles informales de la sociedad para disminuir fricciones entre ciudadanos y cerrar espacios a criminales.
Una visión del servicio de policía que no es sinónimo de choque, sino de un cuerpo institucional dedicado a la construcción de ciudad y ciudadanía, con una ventaja diferencial: facultades de mediación, regulación y aplicación de la ley.
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Un servicio de seguridad en el que la policía ocupa y observa la ciudad para alertar al gobierno local sobre las debilidades en el orden físico y social, mediar las relaciones entre los ciudadanos, entre estos y las instituciones, y llegado el caso, aplicar la ley con todo el rigor a aquellos que quieren ubicarse por encima de esta.
Las propuestas de gobierno de los candidatos a la alcaldía de la capital deja ver que solo tres de los siete programas inscritos recogen la idea del orden urbano como fundamento de su obra de gobierno.
Si bien todos desarrollan el ordenamiento territorial como un pilar para una ciudad estable, viable y sostenible, en la mayoría de las casos siguen haciéndolo desde una generalidad estratégica y normativa que no se traduce en un orden práctico de movilidad, urbanismo, espacio público y relaciones ciudadanas, para dar algunos ejemplos.
Así las cosas, los ciudadanos tenemos la necesidad de contribuir a quienes quieren liderar la ciudad y sus equipos con una conversación que dimensione el orden, lo convierta en un lenguaje común y lo traduzca en ejecutorias que permitan hacer de la seguridad, la convivencia y el imperio de la ley, una realidad en la gran capital.
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Por su parte, quien sea alcalde debe desarrollar un plan de reconstrucción del orden urbano que en el mediano plazo le permita depender menos de un Código de Convivencia que nadie respeta ni hace cumplir, apelando a un pacto de ciudad para el cuidado del orden y el respeto de los derechos y las libertades entre los bogotanos.
Apostar por el orden urbano es invertir en el mejoramiento de la convivencia generando una disminución de la conflictividad, la victimización y la sensación de inseguridad, contribuyendo a la descongestión y la frustración judicial. Una ciudad con ciudadanos confiados y mejor justicia será un territorio blindado contra el crimen y la violencia.
Construir seguridad y estabilidad a partir de la recuperación del orden urbano es reconocer que incivilidades, crímenes y violencia son el resultado de un entorno caótico, no solucionables con capacidades de seguridad limitadas y una justicia sin dientes.
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