La semana anterior, los concejales Diana Diago y Martín Rivera alertaron que la información sobre registros y estadísticas con la cual se hace seguimiento al estado de la seguridad en Bogotá dejó de estar disponible, mientras que la situación de seguridad parece empeorar. Una alarma de enorme gravedad.
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Desde el año 2000, las entidades que lideran la seguridad han hecho importantes esfuerzos presupuestales, organizacionales y humanos para poner a la vanguardia en calidad, transparencia y disponibilidad de información sobre seguridad al país y las principales ciudades.
Ejemplo de esto es que, desde su creación, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá cuenta con una oficina para la estructuración de datos e información dirigida al diseño de políticas públicas de seguridad con base en evidencia, rendición de cuentas y transparencia en la gestión.
Desde hace siete años la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos (OAIEE) genera información para que alcaldes, secretarios y funcionarios aumenten su asertividad y efectividad en la gestión de la seguridad bajo el atento ojo observador de los ciudadanos.
Sin información abierta y oportuna sobre seguridad aumenta el riesgo de tomar decisiones desinformadas, abandonar la reflexión cruda y crítica sobre la gestión, convertir en propaganda la comunicación sectorial, entre otros vicios. Asuntos de tremenda gravedad que causan mayor victimización de los ciudadanos, grupos criminales más fuertes, instituciones repudiadas, e incluso acuerdos subrepticios entre instituciones y delincuentes.
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Garantizar información pública, oportuna y de calidad sobre seguridad y crimen es el mejor antídoto contra los extravíos institucionales que destruyen las libertades, el imperio de la ley y la democracia.
Por esa razón, sorprende que la Alcaldía y la Secretaría de Seguridad no hayan informado a la ciudadanía oportunamente sobre las dificultades en el suministro de datos hasta que los concejales movilizaron su queja. Sobre todo, porque no es un problema súbito. Las plataformas enfrentan desafíos antes de esta semana.
Este lunes el General Óscar Gómez explicó que los problemas de información de seguridad en Bogotá son el resultado del colapso de la plataforma de registros de la Policía Nacional que ha obligado a la activación de un sistema de reemplazo, cerrando temporalmente el acceso público a los datos. Una explicación que describe un asunto altamente probable, pero no excusa las fallas en su manejo.
La migración de sistemas de información no ocurre de la noche a la mañana. Dada la sensibilidad que suscita una situación de este tipo, siempre es necesario un plan de comunicaciones para proteger la reputación de la información y alternativas de acceso a esta, ya que es inviable justificar su pérdida o validar su no disponibilidad.
Esta queja puso a la vista pública un asunto que por meses se ha discutido en círculos especializados: el debilitamiento de la institucionalidad que vigila el cumplimiento de estándares de calidad y veracidad de la información de seguridad, cambios metodológicos sin sentido y revisiones atemporales de datos. Tres asuntos de inmensa gravedad, dado que afectan directamente la comparabilidad de las cifras para una evaluación del estado actual de la seguridad respecto a contextos pasados, rompen la unidad metodológica resignificando los determinantes de la información y debilitan los procesos de producción con efectos en su calidad.
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Asimismo, atentan contra la calidad y confianza de uno de los sistemas de información de seguridad más confiable de América Latina, con altos estándares de transparencia definidos en la Directiva Permanente 004 sobre “Gerencia de la información estadística del sector Seguridad y Defensa” y el Libro Blanco de las Estadísticas del Sector Seguridad y Defensa, vigentes desde 2014.
Ejemplo de esto es el interés de eliminar del reporte público de homicidios los registros de muertes de personas caracterizadas como criminales. Un viejo anhelo de funcionarios interesados en la disminución discursiva de las muertes violentas en campos y ciudades.
Implementar una decisión en ese sentido desconocería las normas estadísticas y contradice el discurso de transparencia del Ministerio de Defensa Nacional. También demuestra una ignorancia estructural sobre el valor de la estadística de seguridad en la comprensión de fenómenos criminales, el diseño de estrategias efectivas y la creación de confianza ciudadana.
Disminuir artificiosamente los indicadores de crimen y seguridad sirve para propaganda de corto aliento, pero conduce al empeoramiento del contexto de seguridad. El funcionario termina convencido de su creación, mientras que el ciudadano sufre el rigor de la inacción que causa un relato ajeno a la realidad.
Sea este el momento para recordarle a todos los funcionarios en el nivel nacional y local que la extrema asepsia en la generación de información de seguridad, crímenes y convivencia es el primer paso para el éxito de su gestión. Cualquier otra norma de comportamiento será neblina espesa que amparará a los criminales, envilecerá a los funcionarios y victimizará a los ciudadanos.
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