La licitación y contratación de la primera línea del Metro no admite modificaciones como las pretendidas por el presidente. Cambiar de manera radical lo contratado en la búsqueda de que aquella sea diseñada y construida de manera soterrada no es serio, ni jurídica y técnicamente responsable.
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Para gustos los colores y para posturas jurídicas hay abogados de diferentes gamas. La última palabra la tendrá la rama Judicial y los órganos de control, quienes deberán pronunciarse en su momento, de actuarse así.
El entonces ministro de Transporte anunció elevar consulta sobre el tema a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. A la fecha, no se ha radicado ninguna. Siguen apoyados en las opiniones de abogados pagos por la nación y el Distrito.
La trasnochada discusión sobre las bases de un proceso contractual estatal adelantado, culminado y en ejecución, el que además cuenta con los exigentes avales técnicos y las debidas garantías de la banca multilateral, se encuentra viva y activa gracias a la exótica pretensión y poder presidencial.
Esta inoportuna situación pareciera más ser el resultado de la minúscula intención de echar al traste la contratación que exitosamente y después de muchas décadas de esfuerzos infructuosos lograra la administración de Enrique Peñalosa, sucesor de Gustavo Petro en la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Es verdad que el entonces alcalde Petro tenía la idea de un metro muy diferente pero que claramente no fue capaz de concretarla. Precisamente, la que si lograra contratar el alcalde Peñalosa y su equipo dirigido por Andrés Escobar, difiere porque aquella no superó los rigurosos análisis técnicos, financieros y económicos que la hicieran viable.
La primera línea contratada por Peñalosa, a diferencia del esbozo de Petro, no solo superó esas exigencias sino las propias -entre ellas los estrictos requerimientos ambientales- de la banca multilateral que dio vía libre al proyecto.
La contratación adelantada y adjudicada de la primera línea del metro no ha sido objeto de la primera tacha que muestre con rigor y seriedad un argumento que haga dudar de su contenido y procedimiento. Hasta ahora, solo hay superficiales narrativas de algunos progresistas en campaña electoral.
Lo que en su mandato distrital Gustavo Petro no pudo hacer, lo quiere hacer tardíamente ahora como presidente. Pareciera que pesa más su animadversión por Peñalosa que la sensatez de respetar un contrato legalmente confeccionado, adjudicado y en ejecución. Si a la nación le sobra recursos para el metro de Bogotá que los aplique a la segunda o tercera línea.
La alcaldesa López al respecto ha tenido posturas disímiles. Primero, con firmeza y vehemencia ha señalado que la autonomía de Bogotá “se respeta”, pero luego con docilidad les dio paso a unas “mesas técnicas” que siguen inexplicablemente dándole vueltas al asunto. Pueda ser que no sea buscando la manera de forzar una salida que permita cumplir un absurdo capricho más del presidente.
Los integrantes de las “mesas técnicas” la tienen difícil -en realidad imposible- para acceder al pedido presidencial sin que con ello no resulten sugiriendo a la gerencia de la Empresa Metro a violentar el ordenamiento jurídico. Pueda ser que las voces que advierten que la alcaldesa ya accedió al pedido del presidente y lo que están preparando es la manera de anunciarlo a la opinión pública, no tengan razón.
El gerente de la Empresa Metro tiene la última palabra, por encima de la del presidente y la alcaldesa. No son los mandatarios quienes pueden suscribir semejante exabrupto jurídico sino el gerente y quién además deberá responder por ello.
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