:format(jpeg)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elespectador/a98f1c71-bac4-453c-a670-df55624e19c9.png){kind=small}
:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/v9S4sHMgacvwLsvgil3pmJBwgvo=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/ETEHFBMXHJEA5L5JFO4EQK7U7I.jpg)
Las cifras de hurto no proporcionan un panorama esperanzador. Entre enero y mayo del presente año se registró un incremento del 11,6% en hurto a personas, un delito que aumentó en 14 de las 20 localidades de la ciudad. También se registran aumentos del 8,1% en hurto de automotores, 8,7% en hurto de bicicletas, 13,5% en hurto de celulares y 32,6% en hurto de motocicletas.
De acuerdo con la Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá en 2020, 132 de cada 1000 habitantes fueron victimas de hurto en un año de confinamiento general. Es así como el 55% de los ciudadanos sienten preocupación de ser victimas de este delito.
Las responsabilidades sobre el fracaso en la lucha contra el hurto generalmente recaen sobre la Secretaria de Seguridad por una débil comprensión del fenómeno y en la Policía Metropolitana por no resolver los casos, desmantelar las estructuras delictivas o capturar los delincuentes. Para ser justos, hacen lo que pueden con lo que tienen.
No obstante, poco se discute sobre los factores críticos que juegan un papel determinante para el posicionamiento y expansión de ese delito. En ese sentido la incapacidad de aplicar la ley y la falta de un marco normativo adecuado a las circunstancias delincuenciales actuales resultan clave.
Sobre un hurto, recientemente una victima narraba como después de varios intentos fallidos en la plataforma A Denunciar, recibió una comunicación de la Fiscalía General de la Nación haciéndose responsable de la investigación y resolución de su caso. Apenas un mes después, la misma Fiscalía le notificó el archivo de su denuncia dada la “imposibilidad de encontrar o establecer el sujeto activo” del delito. Treinta días durante los cuales nunca esa institución tuvo contacto con la victima, le permitió ampliar su denuncia o desarrolló actos de recolección de pruebas o entrevista. En resumen le informó sobre su incapacidad de defender sus derechos.
Este caso es la historia de miles de ciudadanos diariamente. Una historia conocida por los delincuentes, quienes amparados en instituciones de justicia ineptas e indolentes, tienen la certeza de que pueden someter a la ciudad cuando quieran, donde quieran y las veces que quieran.
En lo normativo, el Congreso de la República evade sistemáticamente la discusión de normas sobre pequeñas causas, reincidencia y carreras criminales, régimen penitenciario, para nombrar solo algunas. Les resulta más importante celebrar el carriel, no importa si se los roban.
La ausencia de normas adecuadas al contexto social y criminal existente; la incompetencia y falta de voluntad del aparato judicial; así como las débiles capacidades de denuncia, investigación, reclusión y reintegración son responsables de la masificación del hurto, el recrudecimiento de la violencia y el surgimiento de iniciativas privadas de justicia. Dan lugar a ciudades seguras y rentables para los delincuentes, aterradoras y violentas para los ciudadanos.
Un conjunto de leyes claras y un servicio de justicia efectivo representan los cimientos de un servicio de seguridad eficaz y creíble. De su existencia dependen el éxito de las estrategias y las operaciones contra los delincuentes, la recuperación de la confianza de los ciudadanos y la mejoría de la calidad de vida en la ciudad.
Cada día sin una justicia creíble es uno más para que los criminales robustezcan su régimen de miedo y violencia.