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La pregunta ya no es si el sistema de salud colombiano está en crisis, sino si es recuperable y en cuánto tiempo, después del daño institucional, financiero, operativo y reputacional que deja el actual gobierno. Un reciente artículo del British Medical Journal no se limita a describir fallas coyunturales. Habla, con crudeza, de un proceso de destrucción deliberada, marcado por improvisación, confrontación ideológica y desprecio por la evidencia técnica.
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Durante décadas, el sistema colombiano acumuló problemas estructurales. Ineficiencias, corrupción, desequilibrios financieros y asimetrías regionales eran reales y exigían reformas profundas. Sin embargo, reconocer esas falencias no justificaba dinamitar los pocos mecanismos que aún sostenían la operación diaria del sistema, que es exactamente lo que ha ocurrido. En nombre de una transformación sin hoja de ruta, se debilitó la gobernanza, se asfixió financieramente a los aseguradores y se normalizó la amenaza política como instrumento de gestión.
La narrativa oficial ha sido tan simple como peligrosa. Se instaló la idea de que el colapso era el precio necesario para un nuevo modelo, sin explicar satisfactoriamente cómo funcionaría ese modelo, quién lo financiaría ni en qué plazos. La amenaza reiterada de liquidar las EPS, lejos de corregir distorsiones, paralizó decisiones, rompió cadenas de pago y deterioró aún más el acceso efectivo de los pacientes a medicamentos y servicios. El resultado es visible: desabastecimiento, cierres de servicios, hospitales al borde de la insolvencia y una ciudadanía sometida a una incertidumbre permanente.
El artículo del British Medical Journal es especialmente contundente al señalar que el daño no es solo financiero, es también institucional. Cuando se reemplaza la regulación técnica por la arbitrariedad política, el sistema pierde previsibilidad; cuando se gobierna desde la descalificación y no desde la gestión y el respeto, se destruye la confianza de todos los actores. Y sin confianza, ningún sistema de salud, por más recursos que tenga, puede funcionar.
¿Es entonces recuperable? La respuesta honesta es sí, pero no de manera automática ni rápida. La recuperación exige, en primer lugar, un cambio radical de enfoque. Menos ideología y más gestión; menos amenazas y más diálogo constructivo con reglas claras. Se requiere restablecer la rectoría técnica del Estado, sanear financieramente el sistema con decisiones responsables y reconocer que la transición hacia cualquier nuevo modelo debe ser gradual, consensuada, financiada y operacionalmente viable.
También será indispensable reconstruir capacidades institucionales hoy debilitadas, blindar la política pública de la improvisación y el clientelismo y asumir que la salud no admite experimentos de corto plazo. Cada error se traduce en sufrimiento evitable y, en muchos casos, en muertes silenciosas.
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El próximo gobierno heredará un sistema exhausto, pero no irremediablemente perdido. La diferencia entre recuperación y colapso definitivo dependerá de una premisa básica: gobernar la salud como un asunto de Estado, no como un campo de batalla ideológico ni como moneda de intercambio de favores políticos. La evidencia ya habló e ignorarla sería imperdonable. Bogotá podría ser el mejor lugar para comenzar una nueva era del sistema.
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