Opinión: Tres alertas para Bogotá

Desalojo - Barrio La Estancia - Ciudad Bolívar - 17 de Mayo

Foto: Mauricio Alvarado

Tres alertas suenan con fuerza en Bogotá y exigen atención inmediata:  seguridad, empleo y pobreza multidimensional. La ciudad tiene muchas metas sectoriales que suele cumplir, construye colegios, pavimenta vías, amplía cobertura en jardines, reverdece la ciudad, invierte en salud y amplia cupos educativos.

No obstante, existe una serie de desafíos que afectan profundamente la vida cotidiana y marcan el rumbo estructural de una ciudad. Este tipo de problemáticas no caben en una sola administración ni se resuelven con metas sectoriales aisladas. Estos retos trascienden las fronteras locales, requieren inversiones de gran escala, articulación constante entre niveles de gobierno y una visión compartida de largo plazo. Sin esa coordinación, las ciudades quedan atrapadas en un ciclo de esfuerzos fragmentados y resultados limitados.

 Empleo, pobreza y seguridad son tres ejemplos claros de estos desafíos estructurales. No son problemas de una administración, sino metas trazadoras del desarrollo de una sociedad entera. El empleo digno necesita marcos regulatorios y estímulos nacionales para volverse sostenible; la pobreza multidimensional exige políticas públicas integrales que perduren más allá de un periodo de gobierno y la seguridad requiere capacidades operativas, inteligencia y acción coordinada que solo puede garantizarse desde el más alto nivel del Estado. En estos temas, así como Bogotá pone de su parte, el Gobierno Nacional debe hacer lo mismo. El individualismo institucional y la falta de articulación no son garantía de éxito ni de mejora. La corresponsabilidad no es solo deseable: es indispensable. no basta con buena gestión local: se necesita corresponsabilidad nacional.

La informalidad laboral crece preocupantemente en Bogotá. En solo un año, de 2023 a 2024, pasó del 33,1% al 36,6%, siendo la quinta ciudad del país con peor deterioro. La informalidad refleja problemas estructurales que sobrepasan las capacidades locales: altos costos regulatorios, barreras administrativas, débil control sobre economías ilegales y una persistente falta de incentivos reales a la formalización. Sin una estrategia nacional clara, la ciudad sola no podrá revertir esta tendencia.

La pobreza multidimensional también se disparó. Bogotá pasó del 3,6% en 2023 a un alarmante 5,4% en 2024, registrando el mayor deterioro del país, según el DANE. El factor principal fue el colapso en el acceso y calidad del sistema de salud, atrapado en problemas históricos y profundizados por una gestión nacional caótica y deficiente.

En seguridad, la situación es crítica. En 2025 los homicidios crecen 6%, la violencia intrafamiliar 15% y las lesiones personales 5%. La administración del alcalde Galán ha mostrado voluntad, pero la realidad es clara: sin liderazgo directo y efectivo del presidente, ministros y comandantes, las acciones locales resultan insuficientes. Bogotá requiere apoyo, inteligencia, inversión y presencia efectiva desde el Gobierno Nacional.

La razón profunda de estos fracasos está en que Bogotá no puede enfrentar estos retos sola. Aunque cuenta con recursos y capacidad institucional, sus resultados dependen en gran parte de una coordinación eficaz con el Gobierno Nacional. Hoy, sin embargo, esa articulación es casi inexistente. Ya lo hemos visto con proyectos puntuales como la PTAR Canoas, el Regiotram y la ampliación de la autopista norte, en donde demoras injustificadas y posiciones divergentes del gobierno han condenado a Bogotá a seguir esperando las soluciones prometidas.

Hay al menos cuatro problemas graves que explican esta situación: una baja ejecución de los recursos asignados por parte de entidades nacionales para políticas esenciales que no solo retrasa soluciones, sino que frustra la confianza ciudadana; un vaivén permanente de decisiones nacionales que cambia prioridades y afecta la continuidad de programas; una alta rotación de funcionarios clave en las entidades nacionales que imposibilita construir relaciones técnicas y políticas estables; y, por último, una forma de gobernar profundamente centralista, que concentra decisiones en Bogotá sin dialogar con Bogotá. Esta falta de coordinación, más que una omisión técnica, es una falla política que se traduce en empleos precarios, inseguridad y más pobreza.

En 2026, el debate presidencial debe centrarse en cómo superar estas deficiencias estructurales de articulación y cooperación entre niveles de gobierno. La visión del próximo presidente no puede limitarse a gestionar desde lo nacional, ignorando las realidades locales; debe incorporar una agenda que facilite alianzas estratégicas, recursos garantizados y una cooperación efectiva y sostenida con alcaldes y gobernadores.

Bogotá, como eje económico y social del país, requiere un trato acorde a su importancia estratégica. El compromiso debe ser explícito: ningún territorio, por más rico que sea, puede enfrentar retos complejos sin acompañamiento real y constante del Estado nacional. Es momento de abandonar el centralismo inoperante y avanzar hacia una gobernanza verdaderamente colaborativa.

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