Cada vez que reviso los proyectos de acuerdo de iniciativa de los concejales de Bogotá, me convenzo más de que los cabildantes, en lugar de perder el tiempo redactando iniciativas que muchas veces no sirven para nada, deberían concentrarse en ejercer un control político más riguroso a la Alcaldía.
Puede que, en el papel, lo que está escrito en estos proyectos de acuerdo luzca bien y prometa grandes soluciones. El problema no está en la redacción, sino en la aplicación. Con frecuencia, las medidas que se proponen en las iniciativas aprobadas parecen diseñadas desde el escritorio de los asesores de los concejales y no desde el terreno donde realmente ocurren los hechos.
En el caso específico del proyecto de acuerdo aprobado por el Concejo de Bogotá que restringe el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol —incluida la dosis personal— entre las 5:00 a. m. y las 11:00 p. m., debo decir que, aunque suene muy bien y haya quedado bien redactado, su implementación no será tan sencilla.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los parques de Bogotá están ubicados en espacios abiertos por donde las personas circulan libremente. No es extraño que alguien se detenga unos minutos para consumir algún tipo de sustancia psicoactiva. Nadie permanece toda una mañana o toda una tarde realizando esta actividad. Para evitar que esto ocurra sería necesario instalar, por lo menos, diez policías en cada parque. La pregunta es: ¿existe realmente ese número de uniformados disponibles?
En segundo lugar, resulta ingenuo pensar que quienes consumen sustancias psicoactivas dejarán de hacerlo simplemente porque así lo establece un acuerdo. Me atrevería a afirmar que más del 80 % de los bogotanos desconocen esta medida y, aun si la conocieran, muchos no la obedecerían, especialmente porque el consumo de la dosis mínima tiene protección jurídica en Colombia.
El acuerdo también hace referencia a los entornos escolares, y me parece positivo que los tenga en cuenta. Sin embargo, el problema es que el consumo y la venta de drogas ilícitas en pequeñas cantidades hoy se encuentran dentro de los colegios y no únicamente en sus alrededores. Esta es una realidad que muchos docentes y la propia Secretaría de Educación de Bogotá se niegan a reconocer, quizá porque admitirla implicaría aceptar su incapacidad e ineficacia para enfrentar y solucionar este problema.
No estoy diciendo que esta situación deba dejarse tal como está. Por supuesto que es necesario buscar soluciones, pero estas no pueden diseñarse exclusivamente desde una oficina en el Concejo de Bogotá. Antes de formular nuevas restricciones, es indispensable conocer la realidad sobre el terreno y atacar las causas del problema desde su origen.
Sería mucho más útil impulsar iniciativas orientadas a combatir la venta de pequeñas dosis de sustancias psicoactivas, desarticulando las redes de distribución que han encontrado en algunos menores de edad, al interior de los colegios, un mercado ideal para aumentar sus ganancias mal sanas.
