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25 Oct 2021 - 8:08 p. m.

Opinión: Un acuerdo nacional por la seguridad

Dar respuesta a los desafíos de seguridad que enfrenta el país requiere de la integración de las autoridades en todos los niveles de gobierno para proteger a los ciudadanos, aumentar la efectividad en la aplicación de la ley e impulsar el desarrollo.
En Bogotá se ordenó el patrullaje de policías militares y policías, como estrategia de seguridad.  / Gustavo Torrijos
En Bogotá se ordenó el patrullaje de policías militares y policías, como estrategia de seguridad. / Gustavo Torrijos
Foto: GUSTAVO TORRIJOS

La progresiva reactivación de la vida cotidiana desde el último trimestre de 2020 trajo la recuperación de las dinámicas ordinarias de crimen y violencia, acompañadas de un deterioro profundo del tejido socioeconómico, sumado al estrés colectivo que dejó el virus, creándose un ambiente general de desesperanza.

Así lo demuestran las encuestas de la Red de Ciudades “Cómo Vamos” en 9 capitales del país en agosto de 2021, que dejan a Pereira como la ciudad con mayor sensación de seguridad con 25% y a Bogotá con un 4% en el extremo inferior. Por su parte, el muestreo nacional de Invamer para el mismo mes dejó ver la peor perspectiva de seguridad en al menos 13 años, 96% de los encuestados consideraban que la seguridad iba por mal camino.

De acuerdo con los registros criminales dicho sentimiento es justificado. El primer semestre de 2021 muestra un aumento de los homicidios y las diferentes modalidades de hurto comparado con 2020 -sin incluir el hurto a comercio-. Algo normal dado el fin del confinamiento.

Cuando el periodo de observación supera el año pandémico y se extiende a cinco años atrás, el 2021 no es tan malo. Los indicadores señalados fueron más altos en los primeros semestres de años anteriores al 2020 a nivel nacional.

La respuesta a la situación de seguridad no es entonces a la dinámica asociada a la pandemia sino a problemas estructurales. La lectura errada de los efectos inmediatos que los acuerdos de La Habana tendrían en la seguridad nacional y la vista gorda sobre los incentivos perversos del punto 4 en la seguridad de ciudades y regiones, hicieron que la seguridad volviera a ser un reto determinante para el bienestar general.

Dado que lo que importa es la solución de los desafíos actuales, un análisis del comportamiento de los delitos en lo corrido del año conduce a la necesidad de esforzarse en el combate a los mercados del crimen y la violencia con foco geográfico.

Si se observan las 20 ciudades más pobladas del país (45.5% de los habitantes), las tres capitales más pobladas del junto con Pereira, Bucaramanga, Villavicencio, Pasto, Ibagué, Neiva y Valledupar registran las mayores tasas de hurto en todas sus modalidades. A estas se suman municipios conurbados o contiguos a capitales como Soacha, Bello y Soledad.

En lo que respecta al homicidio, Cali y Palmira -epicentros urbanos de la actividad criminal del suroccidente- están en el top 1 y 2, con 42,2 y 31,1 homicidios por cien mil habitantes en lo corrido del 2021. Los acompañan Soledad, Santa Marta y Cúcuta, todas las anteriores caracterizadas por ser núcleos de articulación de mercados ilícitos.

Este panorama seguramente fue la motivación para que el Ministerio del Interior, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales y la Federación Nacional de Departamentos reunieran en Montería a autoridades nacionales, departamentales y municipales para discutir sobre cómo mejorar la convivencia, recuperar la seguridad y fortalecer la aplicación de la ley.

Cuatro conclusiones generales derivadas de lo allí escuchado pueden resumirse en los siguientes puntos. La primera es que el esfuerzo en convivencia e integración social es fundamental para prevenir el crimen del futuro. El actual se combate con capacidades policiales, judiciales y penitenciarias acordes al tamaño de los desafíos.

La segunda se refiere a la necesidad de construir seguridad con base en una aproximación institucional integral. Existe una visión multidimensional que es menester desarrollar. La articulación de instituciones y niveles de gobierno para debilitar el crimen y la violencia no da espera.

En tercer lugar, la abundancia de funciones y las limitadas capacidades están condenando a la Policía a sufrir deterioro reputacional y debilitamiento operacional, dando ventajas al crimen y la violencia. Hay que aumentar las capacidades y devolverles a las agencias civiles funciones que delegaron en la institución policial.

Finalmente, el narcotráfico es el motor de la inestabilidad nacional y local. Hay consenso sobre su incidencia en el crecimiento del crimen y la violencia. Combatirlo es la única forma de mitigar su impacto en el corto plazo.

Las autoridades regionales y locales son los mejores referentes de los contextos de seguridad generalmente. Una mala gestión de la seguridad sepultará sus aspiraciones políticas y potenciará sus responsabilidades jurídicas.

Su expreso interés por frenar el deterioro de la seguridad y dar respuesta efectiva a los ciudadanos es una oportunidad inigualable para alejar la seguridad de la politiquería y concentrarse en la creación de un acuerdo nacional por la seguridad.

Un pacto que deje atrás explicaciones y justificaciones, pasando a acciones y resultados que briden el escenario favorable a una nueva etapa de desarrollo y, en últimas, contribuya a apagar los incendios que el populismo apuesta a desatar.

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