El regreso de la señora alcaldesa de su periplo en el exterior trajo un nuevo tono en su vocería sobre los asuntos de seguridad y justicia. Después de un primer mes del gobierno del presidente Petro, en el que la mandataria se alineó con su visión de seguridad y paz, acogiendo de su línea de discurso en totalidad, en la última semana se ha empezado a distanciar de este.
La obstrucción del gobierno nacional a un operativo policial de restitución del orden en la localidad de Kennedy –en el cual también fue desautorizado su dispositivo de seguridad y convivencia– y la liberación de ciudadanos que atentaron contra servidores públicos y destruyeron bienes públicos, por parte de la justicia, “llenaron la copa” de la mandataria mucho antes de lo esperado por muchos.
Estos actos evidenciaron la descoordinación institucional, que se traduce en desmoralización de la fuerza pública, desconocimiento de la autoridad local y su jurisdicción legal; envalentonamiento de facciones de vándalos y, por supuesto, mayor deterioro de la confianza de los ciudadanos en la seguridad de la ciudad. Por tal razón, enfrentaron a la máxima autoridad de la ciudad a exigir la vigencia del imperio de la ley y la protección de los ciudadanos.
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Dado que su gobierno es el primer respondiente frente a las necesidades de seguridad de los bogotanos, estos hechos tienen un alto potencial de causarle a la alcaldesa daños en su liderazgo y de paso convertirse en un lastre para una carrera política, que no termina con el final de su mandato
Esto explica el pronunciamiento de la mandataria respecto al deterioro del imperio de la ley, la seguridad y los derechos ciudadanos, en el que con voz en alto llamó a la rama judicial como la de la “injusticia y la impunidad”; denunció la preponderancia de los derechos de quienes violan la ley sobre los de los ciudadanos, y describió un Estado enfocado en resolver las necesidades de delincuentes.
Asimismo, hizo hincapié en la incapacidad de la justicia de escuchar el clamor ciudadano frente a los asuntos que los victimizan diariamente. El atraco fue el ejemplo que usó para sugerir pereza investigativa y judicial. También para evidenciar la descoordinación entre ramas del poder público, un asunto cuyo mejoramiento quiso liderar desde septiembre de 2021 –Cumbre Judicial–, pero que parece la ha dejado frustrada.
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La alcaldesa López escogió perfectamente el ejemplo. El hurto a personas es un delito en que las administraciones locales y nacionales han demostrado total incapacidad de control y disminución. Este delito se robustece gracias al desgastado recurso de la descongestión carcelaria y el carácter dogmático que ha tomado el concepto del “populismo punitivo” que lleva la acción penal estatal hacia un estado catatónico.
Posterior a la cumbre entre el presidente de la República y la alcaldesa mayor, señalé en esta columna que el resultado presentado a su final como exitoso no era tal, dada la falta de compromisos concretos y los numerosos comentarios que mostraban un gobierno nacional sin interés en coordinar la acción de seguridad. Asimismo, por el riesgo que significaba la alineación discursiva forzada y precoz del distrito con el nuevo gobierno.
Para infortunio de los bogotanos esta observación se hizo realidad apenas dos meses después, como lo demuestra el poco deseo de coordinación de la nación, su intromisión en la jurisdicción distrital e incluso el impulso al desorden en la ciudad por parte de funcionarios nacionales y congresistas de la bancada de gobierno.
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2023 será un año de altísima tensión política, económica y social, atravesado por un nuevo proceso electoral en el cual se juega la sostenibilidad del futuro democrático de la nación. Por lo tanto, la ciudad y su dirigencia deben respaldar a la alcaldesa en su pronunciamiento de la semana pasada, dotado de una claridad, detalle y precisión que desafortunadamente no tuvo a lo largo de su gobierno.
La alcaldesa debe presentar a la ciudad una estrategia para atender los desafíos que le imponen el crimen y la violencia, el uso desestabilizador de la protesta social y la politización de la función pública con fines electorales en todas las ramas del poder. Asimismo, fortalecer el apoyo al trabajo de la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá, con una cosecha de resultados contra el crimen el último bimestre, e impulsar a otras secretarías a apoyar la prevención y la recuperación del entorno urbano.
También debe hacer una evaluación de los resultados de la ley de seguridad ciudadana relacionados con los problemas para la aplicación de la ley. Estos deben ser la base del diálogo con la rama judicial, que necesita comprender sus focos de ruptura con la sociedad con el fin de contar con el respaldo ciudadano que más temprano que tarde necesitará para defender su independencia.
El gobierno López enfrentará un último año complejo caracterizado por un campo de actuación tomado por el gobierno nacional. Atender este desafío le exige una postura definida, respaldada por una estrategia que reivindique y promueva la protección de los bogotanos por encima de vándalos, criminales y agendas políticas.