Opinión: Una resolución centralista que pone en peligro a Bogotá y la Sabana

Autopista Norte

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Ministerio de Ambiente abrió recientemente una consulta pública, supuestamente para recibir observaciones y comentarios sobre un nuevo lineamiento ambiental para la Sabana de Bogotá y para Bogotá. La iniciativa, que estará abierta hasta el 14 de marzo, se presenta como un avance para proteger áreas de especial importancia ambiental y guiar el ordenamiento territorial frente al cambio climático. Sin embargo, en lugar de fomentar un desarrollo sostenible y concertado, esta resolución es un claro ejemplo de centralismo y contradice los principios concurrencia, desarrollo armónico y participación ciudadana. Es un atropello contra Bogotá y Cundinamarca.

La propuesta nace en un escritorio, sin diálogo real con los gobiernos locales ni con la ciudadanía, sin la discusión profunda que exigiría una regulación tan importante para el futuro de la región. El Gobierno Nacional pretende imponer determinantes de superior jerarquía en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Pese a que la Constitución confiere a las entidades territoriales el derecho de definir los usos del suelo, el Ministerio de Ambiente (amparado en su resolución) pretende trazar límites y condicionar proyectos estratégicos de infraestructura y vivienda.

El resultado es que, desde la nación, se intente delimitar el suelo de la Sabana, como si un técnico del Ministerio de Ambiente pudiera definir en un mapa, con precisión casi mágica, hasta dónde termina y empieza Guasca o donde puede ir o no un determinado proyecto.

Limitar el posible crecimiento urbano en ciertas zonas no necesariamente es perjudicial, pero imponerlo desde la distancia, sin concertación, sí lo es. En la práctica, esta resolución desconoce las capacidades de los municipios para decidir qué proyectos deben priorizarse, dónde se requiere desarrollar vivienda, cómo expandir la infraestructura vial o de energía y qué áreas se deben conservar de manera estricta.

Hay puntos de la norma que causan honda preocupación. Por ejemplo, la obligación de adoptar lineamientos con una escala cartográfica imprecisa de 1:100.000, que no distingue con claridad las zonas en disputa y que pone en riesgo proyectos cruciales.

Esta visión miope centralista pone en riesgo proyectos estratégicos como la ampliación de la Autopista Norte, la ALO Norte, la ampliación de la Calle 13, la extensión de la Calle 63, la vía Suba-Cota y otros desarrollos viales que requieren criterios técnicos más rigurosos. La misma inseguridad jurídica amenaza los planes parciales de vivienda, por ejemplo en Torca y Bosa, que llevan años de planeación e inversión y ahora podrían enfrentarse a la incertidumbre de una norma que les impone nuevas restricciones sin un estudio local detallado.

El artículo 15 y el artículo 11 de la resolución ejemplifican este atropello, al establecer que sus lineamientos serán de aplicación inmediata y superior a cualquier reglamentación municipal. No queda claro en qué consiste exactamente la cartografía que se adoptará, pero todo apunta a que, bajo el rótulo de “superior jerarquía”, se impondrán limitaciones que torpedearán gran parte de los planes pensados para Bogotá y la Sabana. Este tipo de disposiciones, más que proteger el ambiente, generan inseguridad jurídica y abren la puerta a conflictos permanentes entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales.

Este escenario es incoherente con el discurso oficial que promete diálogo y concertación. Se asume una postura impositiva en la que el Ministerio decide, sin escuchar a alcaldías y gobernaciones, y sin atender debidamente a la comunidad, cómo deben ordenarse los territorios. El resultado es una sensación de atropello que va más allá de una simple diferencia de criterios: denota una falta de respeto por la institucionalidad local y por los procesos de participación que, en teoría, tanto defiende el gobierno nacional.

Resulta aún más contradictorio que el Pacto Histórico, que criticó la creación de la Región Metropolitana por considerar que no garantizaba suficiente participación, sea ahora el que valide un procedimiento con nula concertación. Es absurdo que desde el gobierno nacional crean que la publicación para comentarios de una resolución, que por ley se debe hacer, sea ahora el mecanismo de concertación predilecto. Que no crean boba a la comunidad. Publicar un decreto no tiene nada de innovador, no hacerlo es cometer prevaricato.

La Sabana de Bogotá no se gobierna desde un despacho aislado o desde dogmas y frustraciones del pasado. Se construye con la participación de quienes habitan el territorio, la experiencia de los funcionarios que lo administran día a día y el acompañamiento responsable de las autoridades nacionales. Imponer por imponer solo genera desconfianza y obstruye procesos vitales para el progreso de la región. La institución donde tienen asiento, voz y voto las alcaldías, la gobernación y la nación se llama Región Metropolitana. Allí puede darse este debate.

Espero que las voces de alerta emitidas por alcaldes, gobernadores y diversos actores de la sociedad civil sean escuchadas y que el Ministerio de Ambiente comprenda que la verdadera protección ambiental y el desarrollo sostenible de la Sabana exigen planes construidos de manera conjunta.

Por el bien de Bogotá y Cundinamarca, ojalá se rectifique a tiempo.

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