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A seis meses de terminar su mandato, el gobierno del presidente Gustavo Petro insiste en impulsar una reforma estructural al sistema de salud, pese a que el contexto político, social e institucional hace que esta apuesta sea profundamente inconveniente. No se trata de negar la necesidad de ajustes de fondo en la arquitectura del sistema, sino de reconocer que un cambio de esta magnitud exige legitimidad, consenso y estabilidad, tres condiciones de las que hoy carece el Ejecutivo. Forzar el trámite en estas circunstancias convierte una política pública de largo plazo en un innecesario acto de imposición doctrinaria.
Una reforma estructural demanda un mínimo de legitimidad política de la que carece el Gobierno: niveles de aprobación históricamente bajos, tensiones permanentes con el Congreso y una relación deteriorada con los actores del sector. La legitimidad no es un simple formalismo, es un requisito material para garantizar implementación, continuidad y coherencia. Intentar hacerlo sin respaldo mayoritario, lo único que produce es incertidumbre, que, en un sector tan sensible, se traduce en riesgo para pacientes, prestadores y financiadores.
No ha habido una discusión amplia, rigurosa ni participativa. Lo que debería ser un proceso técnico se ha visto marcado por sesiones truncadas, documentos cambiantes y un debate público dominado por la confrontación. No existe un diagnóstico compartido, ni una línea de base consensuada sobre los problemas prioritarios, como tampoco una evaluación seria de impacto fiscal, operativo o institucional.
El ambiente de pugnacidad agrava el escenario. El Gobierno ha optado por descalificar sistemáticamente a quienes expresan preocupaciones técnicas o institucionales. Gremios, expertos, exministros, EPS, hospitales, universidades e incluso entidades de control han sido tildados de enemigos del cambio simplemente por pedir claridad metodológica o advertir riesgos de implementación. Tampoco ha sido capaz de generar aliados para poner a prueba algunas de sus ideas, como pudo haber sido Bogotá.
A esto se suma un elemento ineludible: el tiempo. Pretender transformar el sistema cuando al Gobierno le restan solo seis meses, desvirtúa la naturaleza misma de una reforma estructural. Implementar un nuevo modelo requiere años de transición, alineación interinstitucional, fortalecimiento de capacidades territoriales, ajuste presupuestal y nuevas arquitecturas tecnológicas. Ninguna de esas condiciones puede garantizarse en un horizonte político tan exiguo. Una reforma aprobada en la agonía del mandato no podría ser ejecutada por quienes la impulsaron, y quedaría expuesta al péndulo político del próximo gobierno, con el consiguiente deterioro de la gobernanza sectorial.
Lo que el país necesita no es improvisación de última hora, sino un acuerdo nacional serio, informado y estable sobre cómo modernizar el sistema, cómo fortalecer la red pública, cómo garantizar sostenibilidad y cómo evolucionar los modelos de aseguramiento. Reformar a toda costa en un clima de confrontación y sin bases sólidas, no es audacia transformadora sino irresponsabilidad institucional. Una política pública que pretende rediseñar la salud de 50 millones de colombianos no puede ser el resultado de un capricho ideológico impuesto al final de gobierno. Colombia merece algo mejor.
