Durante años se insistió en la necesidad de controlar la venta de líneas celulares en Colombia. Hasta el 2025 no existía un lineamiento claro sobre quién tenía la responsabilidad del registro de los comparadores y usuarios de las simcard. Para algunos, el control debía darse en el momento de la compra, pues allí debería registrarse a la persona a la que se le vendiera una sim; para otros, el control debía darse en el momento de la activación de esa línea en un aparato celular.
Quizás parecía solo un debate tecnológico o económico, pero en realidad, se trata de un asunto de seguridad ciudadana, pues como ya se ha dicho, según datos del Gaula de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación, del total de casos de extorsión en Colombia, cerca del 69% se hace desde centros carcelarios y penitenciarios, impulsados por ese vacío en la regulación de venta de simcard que desembocó en que se compraran paquetes de 50 o 100 líneas y se ingresaran a las cárceles, para luego desde allí activarse y en cuanto eran detectadas, desecharse y usarse otras del paquete.
En la actualidad, cursa en el Congreso un proyecto de ley que busca atacar un problema que se solucionaría de raíz si las cárceles fueran espacios controlados por el INPEC y no hoteles para que los delincuentes tengan oficinas de gerencia de sus bandas o call centers del crimen.
Mientras cursa la iniciativa legislativa, hubo luz verde para la Resolución 7684 de marzo de 2025, un paso para salvar este panorama, pero que genera una nueva preocupación. Según el documento de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, “El operador deberá verificar en tiempo real, utilizando el mecanismo que considere idóneo, la coincidencia del tipo, número y fecha de expedición del documento de identificación del usuario, sea persona natural o jurídica”.
Con ello, si bien el proceso de activación de los servicios móviles comenzará cuando la sim es insertada o activada en un equipo terminal móvil, es hasta que el proceso de activación no se complete de manera exitosa que el operador no podrá activar los servicios de comunicaciones prepago.
El protocolo es un avance, pero impulsará a que ahora, con datos completos de una cédula o pasaporte, los delincuentes se hagan pasar por otra persona, logrando activar la simcard a nombre de un tercero y metiéndolo en problemas como titular de la línea pues cuando dicha línea sea reportada por ser usada para extorsionar, será el titular el que responderá ante las autoridades y aunque logre demostrar que fue una suplantación, el lío es la velocidad con la que avanzan este tipo de casos en la justicia colombiana y los problemas que acarrea la víctima mientras eso pasa.
Así, mientras el inocente logra demostrar su inocencia por una suplantación, los daños y perjuicios económicos, laborales y hasta psicológicos que trae para la víctima no hay quién los pague; a la par, los delincuentes seguirán acabándoles la vida a más y más personas.
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Por Andrés Nieto Ramírez
