Otra amenaza para los cerros de Bogotá

Es claro que en los cerros orientales no se puede construir. Así quedó en la decisión del exmagistrado César Palomino, que prohibió la presencia de nuevas urbanizaciones, salvo las que tienen derechos adquiridos. El fallo definió quiénes y en qué condiciones se pueden construir. De paso, le encomendó a la CAR implementar un plan de manejo para conservar, rehabilitar y recuperar ecológica y ambientalmente la reserva. Sin embargo, ni la autoridad ambiental ni las alcaldías locales cuentan con las herramientas para proteger la reserva de curiosas formas de invasión: en los últimos meses, el dueño de un predio taló árboles e instaló cinco contenedores. A pesar de que es una evidente violación a la zona protegida, ninguna autoridad ha podido hacer nada.

El caso lo dieron a conocer miembros de la comunidad Floresta de la Sabana, barrio que colinda con una parte de la reserva. Desde junio denunciaron ante la CAR una tala ilegal de árboles nativos, pero la respuesta en ese momento fue que ese tema era competencia de la Alcaldía de Usaquén. Después de verificar sus obligaciones y de la insistencia de los vecinos, la CAR se presentó en el terreno donde ocurrió la tala. “Nosotros les advertimos que probablemente iban a construir una vivienda, entonces los funcionarios hicieron un informe técnico donde pusieron lo observado, pero no entablaron sanciones inmediatas. Por eso, el 11 de agosto, el propietario del lote ingresó cinco contenedores a la reserva con tranquilidad”, señala uno de los residentes de Floresta de la Sabana.

Antes de la ocupación, los representantes de la comunidad también le advirtieron a la Alcaldía de Usaquén lo que estaba ocurriendo. La autoridad local no les dio una respuesta concluyente que garantizara la protección de este ecosistema, encargado de regular el acuífero de la sabana de Bogotá, el clima y la depuración del aire del oriente de la ciudad.

Limbo jurídico

Aunque son evidentes la tala y la ocupación en la reserva, al parecer las autoridades ambientales están maniatadas. Según el fallo del Consejo de Estado y el Plan de Manejo, lo único que está prohibido es construir y los contenedores no se pueden considerar una construcción. Ante las quejas de los vecinos por el papel de la CAR, la entidad sostiene que sí ha actuado y que incluso abrió un expediente para imponerle al invasor medidas sancionatorias por los daños al ambiente.

“Estamos revisando con la Alcaldía de Usaquén el Plan de Manejo de la Reserva Forestal, un documento guía que indica cuáles son las acciones permitidas en los cerros y los programas a desarrollar. La idea es encontrar un recurso que nos dé la autoridad de asociar los contenedores con un proceso de construcción o de ocupación, pues el Plan sólo deja claro que en la reserva está prohibido construir”, asegura Laura Duque, subdirectora de la CAR.

Lo cierto es que a pesar del vacío jurídico que hay en el Plan de Manejo sobre si está permitido llevar contenedores a la zona de protección, lo que sí es evidente es la demora de la entidad para sancionar al dueño del predio por la tala de árboles, acción que sí se contempla en el fallo como ilegal.

Una parte de los señalamientos también apuntan a la alcaldía local, que es la autoridad habilitada para sellar la zona de ocupación e imponer sanciones administrativas. Ante esta queja, Mayda Velásquez, alcaldesa de Usaquén, insiste (al igual que la CAR) que en el fallo ni en el Plan de Manejo de la Reserva encuentran herramientas jurídicas claras para enfrentar este caso.

“Aún no puedo ordenar que retiren las estructuras metálicas. Si lo hago, el proceso se caería, bajo el argumento de que no son una construcción. Los abogados de las personas que invaden la reserva son muy hábiles y seguramente se van a aprovechar de este vacío jurídico para no acatar mi orden. Para evitar eso, estamos mirando con la secretaría de Hábitat y la CAR los elementos del Plan de Manejo para ver cuál nos ayuda a frenar la invasión”. La mandataria agrega que este proceso es lento, porque al dueño de los contenedores se le debe respetar el debido proceso y la diligencia puede tardar seis meses.

Pese a las dificultades legales, posiblemente la Alcaldía y la CAR hubieran evitado la ocupación si, como dicen los vecinos, hubieran atendido a tiempo las primeras quejas cuando empezaron a talar los árboles. No obstante, la alcaldía local ha dicho que esto no fue posible porque la localidad sólo tiene 35 policías, que están a cargo de toda la localidad. Por lo tanto, no se pueden concentrar sólo en el cuidado de los cerros.

La falta de personal para vigilar la reserva y el vacío jurídico en el Plan de Manejo son problemas a los que se le debe encontrar una solución rápida si se quiere salvaguardar la zona protegida. En caso de que ni la alcaldesa de Usaquén ni la CAR encuentren una respuesta inmediata, quien podría tomar una decisión sobre cómo proceder en este caso será el Comité de Verificación, integrado por organismos de control, autoridades distritales, nacionales y ONG, creado por el magistrado Palomino para interpretar las diferentes aristas que surjan del documento jurídico que define el tratamiento de los cerros.

Habrá que esperar entonces para mirar cuál será la suerte de la reserva y cómo podrán blindar los cerros ante este tipo de casos que ponen en riesgo la principal reserva de los bogotanos.

Es claro que en los cerros orientales no se puede construir. Así quedó en la decisión del exmagistrado César Palomino, que prohibió la presencia de nuevas urbanizaciones, salvo las que tienen derechos adquiridos. El fallo definió quiénes y en qué condiciones se pueden construir. De paso, le encomendó a la CAR implementar un plan de manejo para conservar, rehabilitar y recuperar ecológica y ambientalmente la reserva. Sin embargo, ni la autoridad ambiental ni las alcaldías locales cuentan con las herramientas para proteger la reserva de curiosas formas de invasión: en los últimos meses, el dueño de un predio taló árboles e instaló cinco contenedores. A pesar de que es una evidente violación a la zona protegida, ninguna autoridad ha podido hacer nada.

El caso lo dieron a conocer miembros de la comunidad Floresta de la Sabana, barrio que colinda con una parte de la reserva. Desde junio denunciaron ante la CAR una tala ilegal de árboles nativos, pero la respuesta en ese momento fue que ese tema era competencia de la Alcaldía de Usaquén. Después de verificar sus obligaciones y de la insistencia de los vecinos, la CAR se presentó en el terreno donde ocurrió la tala. “Nosotros les advertimos que probablemente iban a construir una vivienda, entonces los funcionarios hicieron un informe técnico donde pusieron lo observado, pero no entablaron sanciones inmediatas. Por eso, el 11 de agosto, el propietario del lote ingresó cinco contenedores a la reserva con tranquilidad”, señala uno de los residentes de Floresta de la Sabana.

Antes de la ocupación, los representantes de la comunidad también le advirtieron a la Alcaldía de Usaquén lo que estaba ocurriendo. La autoridad local no les dio una respuesta concluyente que garantizara la protección de este ecosistema, encargado de regular el acuífero de la sabana de Bogotá, el clima y la depuración del aire del oriente de la ciudad.

Limbo jurídico

Aunque son evidentes la tala y la ocupación en la reserva, al parecer las autoridades ambientales están maniatadas. Según el fallo del Consejo de Estado y el Plan de Manejo, lo único que está prohibido es construir y los contenedores no se pueden considerar una construcción. Ante las quejas de los vecinos por el papel de la CAR, la entidad sostiene que sí ha actuado y que incluso abrió un expediente para imponerle al invasor medidas sancionatorias por los daños al ambiente.

“Estamos revisando con la Alcaldía de Usaquén el Plan de Manejo de la Reserva Forestal, un documento guía que indica cuáles son las acciones permitidas en los cerros y los programas a desarrollar. La idea es encontrar un recurso que nos dé la autoridad de asociar los contenedores con un proceso de construcción o de ocupación, pues el Plan sólo deja claro que en la reserva está prohibido construir”, asegura Laura Duque, subdirectora de la CAR.

Lo cierto es que a pesar del vacío jurídico que hay en el Plan de Manejo sobre si está permitido llevar contenedores a la zona de protección, lo que sí es evidente es la demora de la entidad para sancionar al dueño del predio por la tala de árboles, acción que sí se contempla en el fallo como ilegal.

Una parte de los señalamientos también apuntan a la alcaldía local, que es la autoridad habilitada para sellar la zona de ocupación e imponer sanciones administrativas. Ante esta queja, Mayda Velásquez, alcaldesa de Usaquén, insiste (al igual que la CAR) que en el fallo ni en el Plan de Manejo de la Reserva encuentran herramientas jurídicas claras para enfrentar este caso.

“Aún no puedo ordenar que retiren las estructuras metálicas. Si lo hago, el proceso se caería, bajo el argumento de que no son una construcción. Los abogados de las personas que invaden la reserva son muy hábiles y seguramente se van a aprovechar de este vacío jurídico para no acatar mi orden. Para evitar eso, estamos mirando con la secretaría de Hábitat y la CAR los elementos del Plan de Manejo para ver cuál nos ayuda a frenar la invasión”. La mandataria agrega que este proceso es lento, porque al dueño de los contenedores se le debe respetar el debido proceso y la diligencia puede tardar seis meses.

Pese a las dificultades legales, posiblemente la Alcaldía y la CAR hubieran evitado la ocupación si, como dicen los vecinos, hubieran atendido a tiempo las primeras quejas cuando empezaron a talar los árboles. No obstante, la alcaldía local ha dicho que esto no fue posible porque la localidad sólo tiene 35 policías, que están a cargo de toda la localidad. Por lo tanto, no se pueden concentrar sólo en el cuidado de los cerros.

La falta de personal para vigilar la reserva y el vacío jurídico en el Plan de Manejo son problemas a los que se le debe encontrar una solución rápida si se quiere salvaguardar la zona protegida. En caso de que ni la alcaldesa de Usaquén ni la CAR encuentren una respuesta inmediata, quien podría tomar una decisión sobre cómo proceder en este caso será el Comité de Verificación, integrado por organismos de control, autoridades distritales, nacionales y ONG, creado por el magistrado Palomino para interpretar las diferentes aristas que surjan del documento jurídico que define el tratamiento de los cerros.

Habrá que esperar entonces para mirar cuál será la suerte de la reserva y cómo podrán blindar los cerros ante este tipo de casos que ponen en riesgo la principal reserva de los bogotanos.