Pacto de candidatos por las víctimas

Con cincuenta familias desplazadas por la violencia arribando a diario a sus calles, Bogotá no es sólo la capital de Colombia: también es la capital de las víctimas del conflicto. La ciudad que mayor número de afectados por las armas recibe. Absolutamente todos llegan en busca de mejores vientos. Vientos que, se espera, soplarán a su favor cuando comience a implementarse la recién sancionada Ley de Víctimas, el próximo 1º de enero.

Con esto en mente, organizaciones de la sociedad civil, lideradas por la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), la Fundación Social y la Corporación Nuevo Arco Iris, invitaron a los once candidatos a la Alcaldía de Bogotá a la firma de un pacto público en el que se comprometen a incorporar en sus planes de gobierno la Ley de Víctimas.

La histórica norma (ley 1448 de 2011), que se reglamentará de aquí a diciembre y que concreta por primera vez en el país una política pública de reparación, reconciliación y restitución de tierras, entre otras medidas, otorga a los entes territoriales un papel fundamental para su implementación.

Es por ello que el próximo alcalde de Bogotá tendrá que tener listo, de aquí al 10 de junio de 2012, un programa de prevención, asistencia, atención, protección y reparación integral a las víctimas, con su respectiva asignación presupuestal, además de la creación de una comisión regional de restitución de tierras, que tendrá que funcionar articulada con otras en todo el territorio nacional.

En concepto de Ana Teresa Bernal, miembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), el reto pasa también por la creación de centros de memoria y de educación para la paz y la garantía de interlocución con las víctimas.

Esta tarea de alguna manera ya se ha venido realizando en la ciudad (que según la Corporación Nuevo Arco Iris cuenta con la mejor oferta pública para las víctimas del conflicto en el país), a través de siete Centros de Atención a Víctimas de Violencias y Delitos construidos en los últimos ocho años.

“Ahora nos falta que esos centros, y el resto de servicios que presta la capital a los afectados, funcionen articuladamente. Sólo así podrá ser exitosa la ley”, dice Margarita Gil, coordinadora de Nuevo Arco Iris.

El pacto será firmado hoy a las 12 m., durante el foro ‘Víctimas del conflicto armado y convivencia ciudadana’ de la Semana por la Paz.

Con cincuenta familias desplazadas por la violencia arribando a diario a sus calles, Bogotá no es sólo la capital de Colombia: también es la capital de las víctimas del conflicto. La ciudad que mayor número de afectados por las armas recibe. Absolutamente todos llegan en busca de mejores vientos. Vientos que, se espera, soplarán a su favor cuando comience a implementarse la recién sancionada Ley de Víctimas, el próximo 1º de enero.

Con esto en mente, organizaciones de la sociedad civil, lideradas por la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), la Fundación Social y la Corporación Nuevo Arco Iris, invitaron a los once candidatos a la Alcaldía de Bogotá a la firma de un pacto público en el que se comprometen a incorporar en sus planes de gobierno la Ley de Víctimas.

La histórica norma (ley 1448 de 2011), que se reglamentará de aquí a diciembre y que concreta por primera vez en el país una política pública de reparación, reconciliación y restitución de tierras, entre otras medidas, otorga a los entes territoriales un papel fundamental para su implementación.

Es por ello que el próximo alcalde de Bogotá tendrá que tener listo, de aquí al 10 de junio de 2012, un programa de prevención, asistencia, atención, protección y reparación integral a las víctimas, con su respectiva asignación presupuestal, además de la creación de una comisión regional de restitución de tierras, que tendrá que funcionar articulada con otras en todo el territorio nacional.

En concepto de Ana Teresa Bernal, miembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), el reto pasa también por la creación de centros de memoria y de educación para la paz y la garantía de interlocución con las víctimas.

Esta tarea de alguna manera ya se ha venido realizando en la ciudad (que según la Corporación Nuevo Arco Iris cuenta con la mejor oferta pública para las víctimas del conflicto en el país), a través de siete Centros de Atención a Víctimas de Violencias y Delitos construidos en los últimos ocho años.

“Ahora nos falta que esos centros, y el resto de servicios que presta la capital a los afectados, funcionen articuladamente. Sólo así podrá ser exitosa la ley”, dice Margarita Gil, coordinadora de Nuevo Arco Iris.

El pacto será firmado hoy a las 12 m., durante el foro ‘Víctimas del conflicto armado y convivencia ciudadana’ de la Semana por la Paz.