Padrastro de María José tenía antecedentes por violencia intrafamiliar

La historia se repite. Un sujeto denunciado por violencia intrafamiliar y posteriormente absuelto es hoy protagonista de un escabroso crimen en Chía (Cundinamarca). Alexánder Ospino Castro raptó, asesinó y enterró a María José, su hijastra de cuatro meses, en el cerro de la Valvanera del vecino municipio. Así se lo confesó al Gaula de la Policía cuando fue capturado, en la madrugada del martes.

Desde una vivienda de la zona rural del municipio de San Carlos de Guaroa, en el departamento del Meta, Ospino Castro, al verse acorralado, primero dijo que iba para San José del Guaviare y que había regalado a la pequeña en Tabio (Cundinamarca) y aseguró que estaba viva.

-Policía: ¿A quién se la entregó?

-Ospino Castro: A una señora...

-P. ¿Cómo se llama la señora?

-O.C: Ahí sí, mi comandante, no sé decirle. Eso fue en horas de la noche y no. Yo iba bajando y me vio con la niña y dijo: '¿Qué hace con la niña a estas horas por acá? ¿Viene de volado?' Y le dije que sí y se la entregué y dijo: ni usted ni yo sabemos nada". 

-P. ¿A quién se la quitó?  

-O.C.: A la mamá... Yo vivo con la mamá de la china. 

-P. ¿Por qué se la llevó?

-O.C: Problemas...Es una historia larga.

Sin embargo, las autoridades no creyeron en esa versión. Después Ospino reconoció el crimen y dio las coordenadas del sitio donde había sepultado el cuerpo. En ese instante, efectivos de investigación criminal y los organismos de socorro se dirigieron a los cerros del municipio. En un paraje boscoso, hacia las 10:00 a.m. de ayer, encontraron a la pequeña sin vida.

El drama de su familia empezó a las 5:00 p.m. de este fin de semana, cuando Ospino Castro se llevó a la menor tras una discusión con su pareja. La madre de la menor informó a la Policía a las 10:00 p.m. y desde ese momento y por 72 horas activó un plan de búsqueda en la vereda Cerca de Piedra, en donde el sujeto fue visto con la pequeña por última vez. En ese instante se profirió en su contra una orden de captura por el ejercicio arbitrario de la custodia de la menor, y la Alcaldía de Chía y el Gaula ofrecieron una recompensa de $20 millones a quien diera información sobre el paradero de la bebé.

“Antes de irse dijo que se iba para Villavicencio. Aparentemente tenía una excompañera sentimental que vivía ahí, y empezaron a rastrearlo”, indicó Leonardo Donoso, el alcalde de Chía. Sin embargo, a pesar de que los testimonios les permitieron capturar a Ospino Castro, las razones por las cuales cometió el crimen aún son objeto de indagación.

Los testigos aseguran que se trata de un hombre violento que, al parecer, consume estupefacientes con frecuencia. Entre tanto, el Instituto de Medicina Legal establecerá las causas de la muerte de la pequeña María José, y la Fiscalía deberá determinar qué motivó a Ospino Castro a quitarle la vida.

No obstante, esta no es la primera vez que Ospino Castro queda a disposición de las autoridades. Una primera alerta se lanzó en febrero de 2014, cuando el sujeto fue imputado por un caso de violencia intrafamiliar. A pesar de que estaba listo para ser acusado, en mayo de ese año la Fiscalía pidió cerrar la investigación. Ese mismo día, el juez 16 penal de conocimiento acogió su solicitud y en septiembre tomó la decisión de archivar el proceso.

Panorama que preocupa

Aunque el crimen de María José se resolvió pronto, el panorama general no es alentador. A la luz de los datos, en lo que tiene que ver con los delitos cometidos contra los niños, la justicia no parece ser tan diligente. Según cifras del Instituto de Medicina Legal, en 2017 se denunciaron en todo el país 47.055 delitos contra menores de edad, entre ellos 735 asesinatos.

No obstante, tan sólo 15 de cada 100 denuncias lograron pasar a investigaciones formales y sólo tres de ellas terminaron en condena. Lo que dicen los datos estadísticos, además, es que en el 43 % de los casos el autor es un familiar del menor de edad. En Cundinamarca, el año pasado se reportaron 15 asesinatos de menores de edad, mientras que en Bogotá fueron 54 casos, siendo las localidades de Ciudad Bolívar, con 12 casos; Suba, con siete; San Cristóbal y Engativá, con seis cada una, las más afectadas.

“Sigue existiendo mucha impunidad. Si bien muchas veces, instituciones como el ICBF o la Policía tratan de obrar de forma inmediata o casi inmediata, el sistema judicial sigue siendo paquidérmico. Y aunque a veces se den las capturas, en muchas ocasiones se vencen los términos antes de que se haya realizado el procedimiento judicial y las personas son liberadas”, indica Luz Alcira Granada, directora de incidencia política de Save the Children, quien explicó que, a pesar de que en los códigos de Infancia y Penal, así como en la Ley de Seguridad Ciudadana, se asegura que los delitos contra niños deben tener las máximas penas y no deben haber subrogados ni beneficios, “muchas veces los jueces hacen caso omiso y actúan de acuerdo a sus propios criterios e interpretaciones”.

Por la muerte de María José, Ospino puede pagar hasta el doble de la pena. Es decir, su condena podría superar los 50 años de prisión.

La historia se repite. Un sujeto denunciado por violencia intrafamiliar y posteriormente absuelto es hoy protagonista de un escabroso crimen en Chía (Cundinamarca). Alexánder Ospino Castro raptó, asesinó y enterró a María José, su hijastra de cuatro meses, en el cerro de la Valvanera del vecino municipio. Así se lo confesó al Gaula de la Policía cuando fue capturado, en la madrugada del martes.

Desde una vivienda de la zona rural del municipio de San Carlos de Guaroa, en el departamento del Meta, Ospino Castro, al verse acorralado, primero dijo que iba para San José del Guaviare y que había regalado a la pequeña en Tabio (Cundinamarca) y aseguró que estaba viva.

-Policía: ¿A quién se la entregó?

-Ospino Castro: A una señora...

-P. ¿Cómo se llama la señora?

-O.C: Ahí sí, mi comandante, no sé decirle. Eso fue en horas de la noche y no. Yo iba bajando y me vio con la niña y dijo: '¿Qué hace con la niña a estas horas por acá? ¿Viene de volado?' Y le dije que sí y se la entregué y dijo: ni usted ni yo sabemos nada". 

-P. ¿A quién se la quitó?  

-O.C.: A la mamá... Yo vivo con la mamá de la china. 

-P. ¿Por qué se la llevó?

-O.C: Problemas...Es una historia larga.

Sin embargo, las autoridades no creyeron en esa versión. Después Ospino reconoció el crimen y dio las coordenadas del sitio donde había sepultado el cuerpo. En ese instante, efectivos de investigación criminal y los organismos de socorro se dirigieron a los cerros del municipio. En un paraje boscoso, hacia las 10:00 a.m. de ayer, encontraron a la pequeña sin vida.

El drama de su familia empezó a las 5:00 p.m. de este fin de semana, cuando Ospino Castro se llevó a la menor tras una discusión con su pareja. La madre de la menor informó a la Policía a las 10:00 p.m. y desde ese momento y por 72 horas activó un plan de búsqueda en la vereda Cerca de Piedra, en donde el sujeto fue visto con la pequeña por última vez. En ese instante se profirió en su contra una orden de captura por el ejercicio arbitrario de la custodia de la menor, y la Alcaldía de Chía y el Gaula ofrecieron una recompensa de $20 millones a quien diera información sobre el paradero de la bebé.

“Antes de irse dijo que se iba para Villavicencio. Aparentemente tenía una excompañera sentimental que vivía ahí, y empezaron a rastrearlo”, indicó Leonardo Donoso, el alcalde de Chía. Sin embargo, a pesar de que los testimonios les permitieron capturar a Ospino Castro, las razones por las cuales cometió el crimen aún son objeto de indagación.

Los testigos aseguran que se trata de un hombre violento que, al parecer, consume estupefacientes con frecuencia. Entre tanto, el Instituto de Medicina Legal establecerá las causas de la muerte de la pequeña María José, y la Fiscalía deberá determinar qué motivó a Ospino Castro a quitarle la vida.

No obstante, esta no es la primera vez que Ospino Castro queda a disposición de las autoridades. Una primera alerta se lanzó en febrero de 2014, cuando el sujeto fue imputado por un caso de violencia intrafamiliar. A pesar de que estaba listo para ser acusado, en mayo de ese año la Fiscalía pidió cerrar la investigación. Ese mismo día, el juez 16 penal de conocimiento acogió su solicitud y en septiembre tomó la decisión de archivar el proceso.

Panorama que preocupa

Aunque el crimen de María José se resolvió pronto, el panorama general no es alentador. A la luz de los datos, en lo que tiene que ver con los delitos cometidos contra los niños, la justicia no parece ser tan diligente. Según cifras del Instituto de Medicina Legal, en 2017 se denunciaron en todo el país 47.055 delitos contra menores de edad, entre ellos 735 asesinatos.

No obstante, tan sólo 15 de cada 100 denuncias lograron pasar a investigaciones formales y sólo tres de ellas terminaron en condena. Lo que dicen los datos estadísticos, además, es que en el 43 % de los casos el autor es un familiar del menor de edad. En Cundinamarca, el año pasado se reportaron 15 asesinatos de menores de edad, mientras que en Bogotá fueron 54 casos, siendo las localidades de Ciudad Bolívar, con 12 casos; Suba, con siete; San Cristóbal y Engativá, con seis cada una, las más afectadas.

“Sigue existiendo mucha impunidad. Si bien muchas veces, instituciones como el ICBF o la Policía tratan de obrar de forma inmediata o casi inmediata, el sistema judicial sigue siendo paquidérmico. Y aunque a veces se den las capturas, en muchas ocasiones se vencen los términos antes de que se haya realizado el procedimiento judicial y las personas son liberadas”, indica Luz Alcira Granada, directora de incidencia política de Save the Children, quien explicó que, a pesar de que en los códigos de Infancia y Penal, así como en la Ley de Seguridad Ciudadana, se asegura que los delitos contra niños deben tener las máximas penas y no deben haber subrogados ni beneficios, “muchas veces los jueces hacen caso omiso y actúan de acuerdo a sus propios criterios e interpretaciones”.

Por la muerte de María José, Ospino puede pagar hasta el doble de la pena. Es decir, su condena podría superar los 50 años de prisión.