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Pasados dos meses de manifestaciones en Bogotá, la protesta ha cambiado. Ya no se ven en las calles las multitudinarias marchas hacia la Plaza de Bolívar o a lugares estratégicos, como el Monumento a los Héroes, sino que ahora el paro se ubica en cuatro puntos de la ciudad (Portal Américas, Portal Suba, 20 de Julio y Usme), donde a diario se presentan concentraciones, ollas comunitarias, expresiones artísticas y enfrentamientos nocturnos con las autoridades.
El problema es que en los últimos días, en medio de estos disturbios, han muerto tres personas, las cuales no tenían que ver con las protestas, así como hechos que han sido reprochables por la ciudadanía, como las afectaciones al Portal de Suba o la retención, en la tarde de ayer, de cinco buses zonales con pasajeros en el sector de Yomasa.
La respuesta del Distrito se ha enfocado en la seguridad. El fin de semana la alcaldesa Claudia López señaló que, dadas las condiciones de la pandemia en la ciudad (80.783 casos activos y con el 96 % de las UCI ocupadas) y la falta de garantías para proteger la vida de los jóvenes, prohibiría las aglomeraciones en los portales de Suba y las Américas, aunque señaló que esto no quería decir que se prohibiera la protesta social.
En parte, la decisión se dio en respuesta al asesinato de Camilo Vélez, un joven de 27 años que murió en el Portal de las Américas, por cuenta de un cable extendido sobre la vía que no vio. Además, como respuesta a los problemas que se han evidenciado por cuenta de la venta de droga en este punto.
Sumado a esto, según ha dicho Andrés Macías, experto en seguridad, el prolongado descontento social hace que también se vaya perdiendo el apoyo de la comunidad. “Al principio hubo un ambiente de tolerancia y de apoyo, pero a medida que pasa el tiempo se van visibilizando más los problemas en la movilidad y en el comercio”.
A la par, se han presentado otras circunstancias. Por ejemplo, en los últimos días la alcaldesa López recriminó un supuesto comunicado de la Primera Línea, en el que se leía una amenaza que se irían directamente contra Transmilenio. El grupo negó que fuera de ellos. Pese a esto, tras la retención de los buses ayer, ellos fueron los primeros llamados a responder.
“La Primera Línea no forma parte de un grupo terrorista. Ese no es nuestro fin, pero hemos encontrado mucha gente infiltrada. Nosotros lo que hemos aceptado es el hecho de que salir a la calle puede acabar con nuestra vida, pero salimos con el fin de proteger a las personas, cambiar la realidad que vivieron nuestros papás y la cual no queremos para nuestros hermanos”, explica uno de los líderes de la Primera Línea de Suba.
Expertos en seguridad coinciden en que es evidente que a estas alturas hay una transformación de las movilizaciones, que puede encontrar su origen en lo atomizado, amorfo y descentralizado que están los movimientos que lideran las marchas en los distintos puntos de la ciudad. Aunque se sabía que organizaciones como la Primera Línea no se sentían representados por el Comité del Paro Nacional, que se sentó a negociar con el Gobierno Nacional, y que por lo tanto las movilizaciones iban a continuar por más de que se llegara a un acuerdo, sigue sin haber un acercamiento para tratar de revisar las demandas que tienen.
A eso se suma que, tras dos meses de protestas, se empieza a ver desgastado el discurso de lucha social y muchos grupos, conscientes de eso, “pescan en río revuelto” y adelantan actos para seguir deslegitimando las movilizaciones. De acuerdo con Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, uno de los errores que se han cometido para llegar a este punto es que no hay una fotografía social de qué y quiénes conforman organizaciones como la Primera Línea.
“Es todo y nada. No hay un vocero, no hay una línea de mando y no es algo que se pueda homogeneizar. Incluso, se financian de formas diferentes y tienen hasta discursos distintos, pues algunos voceros hablan más de educación, otros de trabajo y, en zonas como las Américas y Suba, se ve muy marcado un discurso político”, aseguró el analista, quien explicó que todo esto es aprovechado por la delincuencia común y empieza a pasar factura en cuanto a la legitimidad del grupo. “Desde muchos sectores políticos los están identificando como promotores de la violencia, pues no hay quién los dirija y, por lo tanto, da la sensación de que no pueden desmentir los señalamientos”.
En esa misma vía, Luis Fernando Echevarría, experto en seguridad, comentó que este era un efecto previsible, teniendo en cuenta que la larga duración de la protesta, sin que se lleguen a acuerdos, deriva en que grupos delincuenciales aprovechen la coyuntura, ya sea porque les interesa el desorden o porque la protesta puede ser la excusa para realizar otro tipo de actividades, como las que se han visto en las últimas semanas.
“Todo esto comienza a deslegitimar las protestas. Hay cansancio, por el tiempo y los hechos vandálicos, y eso empieza a desgastar el discurso. Es complejo tanto para el Distrito como para los mismos manifestantes que de verdad salen a marchar, porque ha sido muy acéfalo y no hay con quién negociar”, concluyó el experto.
Los próximos días todos los ojos estarán puestos sobre lo que ocurra en medio de las manifestaciones, así como a los avances que logre el Distrito frente a las peticiones locales, pues además del tema de seguridad, las necesidades por resolver cada vez son más fuertes, de cara a las nuevas protestas en el marco del paro nacional convocadas para el próximo 20 de julio.