Pardo Rubio, el barrio que se unió para exigir justicia por presunto abuso sexual

Una lluvia de palos y piedras cayó en la noche de este lunes sobre una vivienda del barrio Pardo Rubio, en la localidad de Chapinero. Un hombre señalado de haber abusado de su hija y de su sobrina, de ocho y 11 años, intentó ocultarse de la turba que clamaba justicia. Mujeres, hombres y niños se agolparon en las inclinadas calles del vecindario para increpar y linchar al individuo de 41 años. “Nosotros hicimos que lo atraparan, pero quedó en libertad”, dijo una familiar de las pequeñas.

Los hechos se remontan al pasado 24 de enero, cuando una de las niñas llegó a la casa de su abuela paterna para contarle lo que, según ella, había sucedido. La menor explicó que el hombre había abusado sexualmente de ellas en distintas oportunidades y que esa noche planeaba hacer lo mismo. Al encarar al individuo, a quien conocen en el sector por realizar reparaciones eléctricas e instalar las cámaras de los frentes de seguridad, una de las menores insistió en su versión. “No mienta, que usted sabe lo que nos hizo”, decían las pequeñas, según recuerdan sus acudientes.

“Nos dijeron también que él había grabado en su celular todo lo que hacía, todos los abusos que cometía. Las amenazaba con subir a redes sociales todo el material y hasta con matarlas. Por eso, cuando llegó la policía decidió tragarse la memoria”, relata Marcela Zipamocha, familiar de las niñas. Ese día, a pesar de que la Policía lo detuvo y lo envió al CAI Granada, no volvieron a saber qué había pasado con la investigación. A los pocos días, volvieron a verlo en su casa.

Entre tanto, la noticia se había esparcido como pólvora. Los vecinos ya tenían fichada la casa del electricista. Lo veían asomarse por la ventana, les llamó la atención cuando salió a fumar un cigarrillo y los indignó aún más cuando lo vieron departir con unos amigos en la puerta de la vivienda. En la noche de este lunes la indignación desencadenó un intento de linchamiento. “Unos muchachos le alcanzaron a pegar con unos bates, pero cuando llegó la Policía, los rociaron con gas pimienta”, indicó Leonor García, habitante del sector, quien protestó ayer frente a la Alcaldía de Chapinero para pedir celeridad en las investigaciones.

En ese instante llegaron decenas de uniformados y efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), mientras el helicóptero Halcón de la Policía sobrevolaba el punto para controlar la situación. Las autoridades tuvieron que sacar al sujeto en una tanqueta, mientras la comunidad le pedía a la Fiscalía, en donde ya reposa una demanda, que iniciara la investigación formal contra el presunto agresor.

“Las niñas ya dieron su versión, ya contaron todo lo que les pasó. Ahora nos preguntamos, ¿qué más necesita la Fiscalía para pedir que este señor sea enviado a una cárcel? Exigimos justicia, porque si sigue libre, hay más niños en riesgo”, agregó Zipamocha, quien indicó que las pequeñas permanecen en el hospital San Ignacio, en donde también fue internado el posible agresor tras los golpes que recibió el pasado lunes.

Para el experto en seguridad Luis Fernando Echavarría, este tipo de casos están relacionados con el inconformismo de la ciudadanía por la poca eficacia del sistema judicial, que se interpreta como impunidad. “Un ejemplo fue el que vimos en Santa Marta, donde, de 88 homicidios, sólo se registró una condena. Y en el caso de delitos sexuales, la indignación es mayor, ya que son casos que las personas rechazan con contundencia. Desde hace días, el secretario de Seguridad de Bogotá ha insistido en que los jueces sistemáticamente están dejando libres a delincuentes con antecedentes. No se justifica, pero se puede entender por esa relación de los crímenes con la impunidad. El llamado es a los operadores de justicia a tener en cuenta estas situaciones, que están llevando a las personas a reaccionar de esta manera”.

Luz Alcira Granada, directora de incidencia política de Save the Children en Colombia, recordó que en este tipo de delitos no hay subrogados de ley, ni rebaja de penas, porque es un delito de especial gravedad. “El abuso sexual debe ser rechazado y condenado por nosotros como sociedad. El código de infancia y adolescencia plantea la corresponsabilidad con el cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas, lo cual no da opción a la indiferencia o la aquiescencia y nos obliga a denunciar; sin  embargo, ante un hecho como estos, es necesario obrar de acuerdo con la ley y las acciones de hecho no deben ser tomadas no son la respuesta adecuada. Lo adecuado es denunciar y llevar ante la justicia a este tipo de personas y dejar obrar a la justicia, y más bien vigilar como lo hicimos como sociedad en el caso de Yuliana Samboní, para que se obrara en justicia y que las autoridades procedieran de acuerdo a la ley”.

El comandante de la Policía de Bogotá, general Hoover Penilla, indicó ayer que la misión de las autoridades es proteger a los ciudadanos y le pidió a la comunidad no hacer justicia con mano propia. De acuerdo con datos de esa institución, en 2017 se registraron en la ciudad 1.510 denuncias por actos sexuales abusivos con menores de 14 años y 663 por acceso carnal. Para mañana está prevista una nueva manifestación, en la cual la comunidad del barrio Pardo Rubio les exigirá a las autoridades que investiguen este caso a fondo y que hechos como este no se repitan.

Una lluvia de palos y piedras cayó en la noche de este lunes sobre una vivienda del barrio Pardo Rubio, en la localidad de Chapinero. Un hombre señalado de haber abusado de su hija y de su sobrina, de ocho y 11 años, intentó ocultarse de la turba que clamaba justicia. Mujeres, hombres y niños se agolparon en las inclinadas calles del vecindario para increpar y linchar al individuo de 41 años. “Nosotros hicimos que lo atraparan, pero quedó en libertad”, dijo una familiar de las pequeñas.

Los hechos se remontan al pasado 24 de enero, cuando una de las niñas llegó a la casa de su abuela paterna para contarle lo que, según ella, había sucedido. La menor explicó que el hombre había abusado sexualmente de ellas en distintas oportunidades y que esa noche planeaba hacer lo mismo. Al encarar al individuo, a quien conocen en el sector por realizar reparaciones eléctricas e instalar las cámaras de los frentes de seguridad, una de las menores insistió en su versión. “No mienta, que usted sabe lo que nos hizo”, decían las pequeñas, según recuerdan sus acudientes.

“Nos dijeron también que él había grabado en su celular todo lo que hacía, todos los abusos que cometía. Las amenazaba con subir a redes sociales todo el material y hasta con matarlas. Por eso, cuando llegó la policía decidió tragarse la memoria”, relata Marcela Zipamocha, familiar de las niñas. Ese día, a pesar de que la Policía lo detuvo y lo envió al CAI Granada, no volvieron a saber qué había pasado con la investigación. A los pocos días, volvieron a verlo en su casa.

Entre tanto, la noticia se había esparcido como pólvora. Los vecinos ya tenían fichada la casa del electricista. Lo veían asomarse por la ventana, les llamó la atención cuando salió a fumar un cigarrillo y los indignó aún más cuando lo vieron departir con unos amigos en la puerta de la vivienda. En la noche de este lunes la indignación desencadenó un intento de linchamiento. “Unos muchachos le alcanzaron a pegar con unos bates, pero cuando llegó la Policía, los rociaron con gas pimienta”, indicó Leonor García, habitante del sector, quien protestó ayer frente a la Alcaldía de Chapinero para pedir celeridad en las investigaciones.

En ese instante llegaron decenas de uniformados y efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), mientras el helicóptero Halcón de la Policía sobrevolaba el punto para controlar la situación. Las autoridades tuvieron que sacar al sujeto en una tanqueta, mientras la comunidad le pedía a la Fiscalía, en donde ya reposa una demanda, que iniciara la investigación formal contra el presunto agresor.

“Las niñas ya dieron su versión, ya contaron todo lo que les pasó. Ahora nos preguntamos, ¿qué más necesita la Fiscalía para pedir que este señor sea enviado a una cárcel? Exigimos justicia, porque si sigue libre, hay más niños en riesgo”, agregó Zipamocha, quien indicó que las pequeñas permanecen en el hospital San Ignacio, en donde también fue internado el posible agresor tras los golpes que recibió el pasado lunes.

Para el experto en seguridad Luis Fernando Echavarría, este tipo de casos están relacionados con el inconformismo de la ciudadanía por la poca eficacia del sistema judicial, que se interpreta como impunidad. “Un ejemplo fue el que vimos en Santa Marta, donde, de 88 homicidios, sólo se registró una condena. Y en el caso de delitos sexuales, la indignación es mayor, ya que son casos que las personas rechazan con contundencia. Desde hace días, el secretario de Seguridad de Bogotá ha insistido en que los jueces sistemáticamente están dejando libres a delincuentes con antecedentes. No se justifica, pero se puede entender por esa relación de los crímenes con la impunidad. El llamado es a los operadores de justicia a tener en cuenta estas situaciones, que están llevando a las personas a reaccionar de esta manera”.

Luz Alcira Granada, directora de incidencia política de Save the Children en Colombia, recordó que en este tipo de delitos no hay subrogados de ley, ni rebaja de penas, porque es un delito de especial gravedad. “El abuso sexual debe ser rechazado y condenado por nosotros como sociedad. El código de infancia y adolescencia plantea la corresponsabilidad con el cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas, lo cual no da opción a la indiferencia o la aquiescencia y nos obliga a denunciar; sin  embargo, ante un hecho como estos, es necesario obrar de acuerdo con la ley y las acciones de hecho no deben ser tomadas no son la respuesta adecuada. Lo adecuado es denunciar y llevar ante la justicia a este tipo de personas y dejar obrar a la justicia, y más bien vigilar como lo hicimos como sociedad en el caso de Yuliana Samboní, para que se obrara en justicia y que las autoridades procedieran de acuerdo a la ley”.

El comandante de la Policía de Bogotá, general Hoover Penilla, indicó ayer que la misión de las autoridades es proteger a los ciudadanos y le pidió a la comunidad no hacer justicia con mano propia. De acuerdo con datos de esa institución, en 2017 se registraron en la ciudad 1.510 denuncias por actos sexuales abusivos con menores de 14 años y 663 por acceso carnal. Para mañana está prevista una nueva manifestación, en la cual la comunidad del barrio Pardo Rubio les exigirá a las autoridades que investiguen este caso a fondo y que hechos como este no se repitan.