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Andrés Idarraga, director de Derechos Humanos y apoyo a la Justicia de la Secretaría de Gobierno, acaba de asumir el cargo. Y en su ejercicio tiene álgidas discusiones con las Fuerzas Militares y la Policía Metropolitana. Una de ellas tiene que ver con el respaldo que le ha dado a colectivos juveniles que promocionan la objeción de conciencia frente al servicio militar y pretenden acabar con las batidas como forma de reclutamiento.
Idarraga sostiene, contrario a lo que han dicho las autoridades militares, que ‘las batidas son ilegales”, que constituyen una forma de “reclutamiento forzado” y dice que “no hay nada que discutir” sobre la viabilidad de esos procedimientos.
También, planea entablar diálogos y campañas para suspender el uso de armas de letalidad reducida (como bombas de aturdimiento y dispositivos de choques eléctricos) en protestas y disturbios. Así como redefinir los alcances de los uniformados para llevar habitantes de calle y consumidores de estupefacientes a la Unidad Permanente de Justicia (UPJ).
¿Por qué respaldar una marcha a favor de la objeción de conciencia y en contra del servicio militar obligatorio?
Respaldamos la movilización pues pretendió visibilizar el reclutamiento forzado para la prestación del servicio militar y presionar para que el Congreso legisle de acuerdo con la orden de la Corte Constitucional que afirma que los jóvenes pueden regularizar su situación militar mediante un oficio diferente al uso de las armas. Y estamos de acuerdo con eso. Los jóvenes bogotanos deben tener opciones diferentes a la guerra. Creemos que ese servicio a la patria se puede hacer de formas que vayan de acuerdo al proyecto de vida de cada individuo, a sus creencias y a su forma de vida. Respetamos y apoyamos el derecho a la objeción de conciencia.
Según las autoridades militares, el servicio militar es obligatorio y constituye un deber a la patria...
Insistimos en que es obligatorio resolver la situación militar, pero no es necesario prestar el servicio con los militares. Estamos ratificando lo que la Corte dice. Uno podría pensar, si es que es un servicio a la patria, ¿qué tipo de seguridad es la que se está prestando, si se lleva a zonas de guerra a muchachos que llevan seis meses de instrucción? Además, es excluyente. Son los jóvenes de estratos uno, dos y tres los que prestan el servicio. Por ejemplo, las batidas no se hacen en universidades privadas, pero sí en el Sena (Servicio Nacional de Aprendizaje). Resulta paradójico que los estratos más pobres, los más desprotegidos y vulnerados por el Estado, sean los que tengan que servirle mediante las armas. También es válido que sean reconocidos como servicios a la patria los voluntariados o el trabajo ambiental. Pensamos desvincular el servicio de los bachilleres de la idea de que es mediante las armas que se trabaja por Colombia.
La administración distrital ha dicho que las batidas, como forma de reclutamiento, son ilegales. Los militares han dicho lo contrario y aseguran que no dejarán de hacerlas. ¿Ya hay acuerdos al respecto?
Hemos tenido diálogos. La posición de la Alcaldía es que se restrinjan porque son abiertamente ilegales. Hay pruebas de que distritos militares que no operan en Bogotá han venido a reclutar jóvenes en la periferia de la ciudad.
Pero la Brigada XIII, que opera en la ciudad, ha dicho que es un procedimiento válido, pues los diferentes distritos militares no pueden operar sólo con personal de sus jurisdicciones...
Lo que pretendemos es no llegar a pleitos jurídicos. Tenemos buenas relaciones con las autoridades militares. Pero insistimos en que las jurisdicciones, más allá de la operación, también tienen que ver con el reclutamiento. Un policía de Bogotá no puede hacer operativos en Chía. Esa lógica aplica para los militares. Es claro jurídicamente que distritos de otras jurisdicciones no pueden venir a forzar a jóvenes de Bogotá para que se incorporen. Ahí no hay discusión jurídica, sólo pedimos que acaten la norma. El mando militar está supeditado a la autoridad civil, desde lo nacional, pasando por Bogotá. Hacemos respetar esa supeditación y aclaramos que no hay ninguna discusión jurídica.
Es decir. que se mantienen en que sólo la Brigada XIII puede reclutar en Bogotá...
Sí, pero no lo pueden hacer de manera forzada. Irse con camiones a barrios populares. Mucho menos pedir papeles en Transmilenio o en las vías cuando no tienen competencia para salir de las guarniciones. Ningún militar tiene por qué estar en la calle pidiéndoles información a los jóvenes
¿Qué papel tienen las alcaldías locales? ¿Serán centros de información para la definición de la situación militar o allí mismo se puede resolver?
Lo que hemos acordado es que ellos pueden hacer sus jornadas informativas para que los jóvenes tomen la opción de si quieren o no ser militares. Para eso cuentan con las alcaldías locales. Es un acuerdo que venimos aplicando paulatinamente.
Entiendo que ha querido hablar con la Policía sobre el Esmad (Escuadrón Móvil Anti Disturbios) y su papel en las protestas del paro agrario...
Con la Policía, igual que con los militares, tenemos buenas relaciones. Estuvimos al tanto de las denuncias sobre supuestos abusos durante los enfrentamientos con estudiantes y trabajadores, sobre todo en la Universidad Nacional. Logramos un buen nivel de entendimiento con la Policía para resolver nuestras dudas. Ahora estamos viendo cómo lograr, mediante el diálogo, que se restrinja el uso de armas de letalidad reducida, como los dispositivos de choques eléctricos y las bombas de aturdimiento pues, la evidencia lo prueba, no es tan reducida su capacidad de generar lesiones mortales. Incluso, estamos mirando la forma de que la seguridad en las manifestaciones sociales sea responsabilidad de los organizadores y de autoridades civiles.
Ya que hablamos de policía, ¿en qué consiste el programa que vienen desarrollando frente a las Unidades Permanentes de Justicia (UPJ)?
Eso no está tan adelantado. Pero sí vemos con preocupación denuncias ciudadanas sobre malos tratos y detenciones injustificadas contra habitantes de calle. Esta administración se la juega por volverlos sujetos de derecho y no aceptamos un trato diferencial hacia ellos por parte de la Policía. También, es alarmante que el consumo de drogas blandas en espacios públicos muchas veces sea visto como un delito, cuando la legislación y la jurisprudencia dicen lo contrario.
csegura@elespectador.com
@CamiloSeguraA
Por Camilo Segura Álvarez
