Los posibles errores en la planeación y la ausencia de algunos estudios en la estructuración de la vía Perimetral de Oriente de Bogotá (POB) le pasarán factura a la nación. Pasados siete años del diseño y tres de haber comenzado la obra, todo apunta a que se tendrá que modificar el 60 % del trazado, por pasar cerca de nacimientos de agua. Un oficio de Corporinoquia no da muchas salidas para mantener el corredor como se planeó y, sin duda, habrá sobrecostos con los nuevos diseños, la compra de predios y la necesidad de renegociar el contrato con el constructor.
La situación está relacionada con algo que advirtió la comunidad antes de que comenzaran las obras: los últimos tramos del corredor pasarían por zonas inestables y cerca de fuentes hídricas. Pese a que la alerta se encendió a tiempo, la ANI adjudicó el contrato y dio luz verde para que los trabajos comenzaran en diciembre de 2015. Sin embargo, las quejas siguieron, lo que obligó al constructor a hacer estudios especializados, que terminaron por corroborar las denuncias en 2017.
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Uno de ellos lo hizo la Universidad Javeriana, que halló seis manantiales en los últimos tramos del proyecto y recomendó obras “que garantizaran que el flujo subterráneo continuará alimentando puntos de agua”. En enero pasado, otro análisis caracterizó 130 puntos, distribuidos entre La Calera y Cáqueza, de los cuales 94 estaban a menos de 99 metros de la vía y 37 puntos, a menos de veinte metros. El dictamen complicó el panorama pues, según normas ambientales, si se encuentran nacimientos, se debe guardar una distancia de protección mínima de 100 metros.
La confirmación llevó al constructor a pedirle a la ANI que suspendiera las obras y lo eximiera de responsabilidad, pues se trataba de algo que no estaba previsto en el proyecto ni en el contrato. Tras analizar la situación, la ANI le dio la razón al constructor y en un acta que firmó el 1° de agosto fijó el camino para tratar de encontrar una solución: por un lado, pidió presentar un plan con obras de mitigación sobre el mismo trazado, para someterlo a aprobación de las autoridades ambientales antes de que terminara noviembre. En caso de que fracasara esta gestión, la única salida era cambiar el trazado.
Tal parece que la última es la única salida. O al menos, es lo que se deduce al leer el pronunciamiento de Corporinoquia frente a las medidas de mitigación que propuso el constructor para proteger los nacimientos, “que se verían afectados por el corredor”. En el oficio la autoridad ambiental dice que los datos no son precisos, que solo presentaron acciones en 25 de los nacederos identificados y que las medidas corresponden más a un manejo hidráulico para conservar la vía, que trabajos para la protección de los afloramientos y de las rondas de los nacederos.
“Aunque se plantea realinear la vía en algunos puntos, esto no soluciona el problema de la intervención de la ronda de los nacederos y aumenta en una extensión mínima la distancia al afloramiento, manteniendo la problemática. Además, no se determinan las nuevas afectaciones que causaría ese realineamiento (aprovechamiento forestal, identificación de nuevos afloramientos de agua y ocupaciones de cauce, entre otros) y por tanto la Corporación no puede pronunciarse sin conocer estas variables”. La carta concluyó con dos recordatorios: que las obras deben guardar una distancia de protección mínima de 100 metros y que, si no lo hacen, podrían ser sometidos a un proceso sancionatorio.
“Estamos analizando”: ANI
El oficio, que prácticamente descarta la propuesta, tiene corriendo a la ANI, pues no reaccionar a tiempo implica retrasar una obra que se vendió como una gran alternativa para la movilidad entre el norte del país y Villavicencio. Además, cada día de suspensión es dinero que alguien le tendrá que reconocer al constructor.
Según Louis Kleyn, director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), aunque todavía no hay una decisión definitiva, esta se debe tomar en enero. Mientras tanto, las obligaciones del concesionario seguirán suspendidas, hasta que las autoridades ambientales emitan un pronunciamiento de fondo. “En el desarrollo de los estudios y diseños fase III, el concesionario encontró nacimientos de agua. En virtud de la norma, estamos revisando las acciones para seguir con las obras”.
No obstante, según el director de la ANI, casi como anticipándose a la respuesta de las autoridades ambientales, tiene claro cuál es el camino. “Si definitivamente rechazan las obras de mitigación, empezaremos a trabajar en la nueva alternativa para seguir con el corredor. Esto no solo implica el tema técnico, sino también el financiero. Por ahora, el constructor contrató a la firma Ingetec que evalúa los posibles nuevos trazados”, agregó.
Lo que está claro es que tanto el concesionario como la ANI tendrán que hacer ajustes al contrato. En el remoto caso de que se acepten las obras de mitigación, de igual manera esto implica modificar los diseños originales y los trabajos que se deben realizar, para no afectar los nacimientos de agua. Aunque habrá sobrecostos, se calcula que no serían tan altos.
Sin embargo, el construir una nueva ruta sí implicaría multimillonarias inversiones. “En este caso tendremos que entrar a revisar el plazo de construcción, pero la idea es mantener las especificaciones técnicas y el alcance inicial del contrato. Por ejemplo, como hoy está la obra, el mayor costo de la vía se concentra en la construcción de la variante de Choachí. Si se cambia el trazado, estos recursos se tendrán que destinar al nuevo trazado. Todo debe estar definido en la segunda semana de enero”, concluyó el director de la ANI.
Frente a este caso, los directivos del consorcio constructor ya se habían pronunciado. Cuando ratificaron la presencia de los manantiales, pidieron la suspensión de los trabajos mientras se encontraba una solución. “Hemos sido diligentes. En este caso es la ANI la que debe decir cómo vamos a seguir adelante. Como empresarios esto no nos conviene, porque tiempo es dinero, ya que los tramos afectados representan el 60 % de la obra. Por eso estamos buscando una solución”, dijo Doron Sportas, gerente financiero de la concesión.
Y agregó: “La suspensión impacta el proyecto como estaba concebido al principio e inevitablemente cambia el modelo financiero (los pagos que deben recibir), situación que hace parte de las discusiones con la ANI y los bancos. Nuestro interés es construir lo más pronto posible y tenemos la voluntad. Es importante decir que no tenemos la intención de parar el proyecto y queremos llegar a un acuerdo para seguir adelante”.
Por ahora, lo único claro es que, cualquiera que sea la decisión, el trazado tendrá cambios y la construcción de los tramos más importantes de la vía perimetral seguirán suspendidos hasta nueva orden, aplazando así el sueño de tener una ruta alterna entre el norte del país y los Llanos.