Perimetral de Oriente: la gente tenía la razón

Lo advirtieron con tiempo y nadie atendió los reclamos. Hoy la vía Perimetral del Oriente de Cundinamarca, uno de los primeros proyectos 4G del país, se enfrenta a un complejo panorama, que seguramente generará sobrecostos. La comunidad alertó hace años que una parte del trazado afectaba nacimientos de agua y pasaba por zonas geológicamente inestables. Insistieron en que, en caso de mantenerlo así, sería imposible su ejecución. No obstante, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que estructuró y adjudicó el contrato, siguió adelante. Hoy, cuando las obras van casi por la mitad, los dos tramos más importantes (representan el 60 % de la inversión) están suspendidos. La comunidad tenía la razón.

Por si fuera poco, la casa matriz de la firma Shikun & Binui (S&B), a la cual le adjudicaron la obra, es investigada por el supuesto pago de sobornos a funcionarios en otros países. Aunque no hay evidencias de que la compañía haya hecho lo mismo en Colombia, la situación genera ruido, pues uno de los directivos, contra quien pesa una orden de captura internacional, es el representante legal suplente de la firma en el país. A pesar de esto, los directivos de la constructora dicen que el tema de los nacimientos no es su responsabilidad, sino de la estructuración, y que el proceso por sobornos es un casos aislados que no afecta su labor en Colombia.

Tramos cuatro y cinco

La vía se planeó como un corredor de 153 kilómetros, dividido en cinco tramos, para conectar el norte del país con Villavicencio, sin pasar por Bogotá. Pese a los beneficios para ocho municipios, desde el principio hubo críticas, en especial de los habitantes que residen en los últimos dos tramos, que comienzan en La Calera, pasan por Choachí y Cáqueza, y desembocan en la vía al Llano. Con el paso de los años el malestar dio pie a denuncias y a una acción popular, por las posibles irregularidades alrededor de su estructuración y por omitir las alertas de la comunidad.

La historia se remonta a 2011, cuando la ANI suscribió un convenio con Fonade para que estructurara la concesión, tarea para la cual contrataron en junio de 2012 a la firma Euroestudios. Mientras esta avanzaba en los detalles, la ANI asumió los trámites ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que había ordenado una serie de estudios, entre ellos un diagnóstico de alternativas para la vía que pasa por Choachí, por quedar en zona de riesgo geológico y por su valor ambiental. Este episodio es, tal vez, el más diciente de los líos alrededor de la Perimetral.

Atendiendo la orden, la ANI presentó tres opciones: la primera pasaba por la parte baja del municipio, la segunda lo cruzaba y la tercera pasaba por la parte alta de la población y al pie de la montaña, la cual, según la entidad, era la que ofrecía “mayor nivel de servicio”. Pese a esto, tras analizar los documentos, en octubre de 2013 la ANLA eligió el primer trazado, por estar más alejado de la zona de riesgos y “ser más viable ambientalmente”. La decisión no le gustó a la ANI y su director, Luis Fernando Andrade, presentó un recurso de reposición, insistiendo en la conveniencia de la tercera opción.

Para resolver el recurso, la autoridad ambiental pidió el concepto externo, en el que se debía analizar el estudio geotécnico del contrato de diseño de la vía Bogotá-Choachí de la Gobernación de Cundinamarca, realizado tras un desprendimiento de rocas en 2012; el mapa de amenazas geológicas de Cundinamarca, realizado por Ingeominas en 1998, y el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de Choachí. En enero de 2014 contrataron a la Sociedad Colombia de Geotecnia (SCG), que en febrero respaldó la solicitud de la ANI.

En este punto comenzaron las suspicacias. Quienes cuestionan los diseños señalan que aparte de que la SCG aparentemente omitió los informes recomendados, al parecer también lo hizo con un concepto previo que daba elementos para ratificar la decisión inicial de la ANLA. Además, dicen, en el estudio citaron un documento de la ANI denominado “Respuesta recurso de reposición”, que nació a la vida jurídica un mes después. “Fue como si la decisión hubiera estado lista antes”.

Adjudicación

Pese a que los habitantes alertaron sobre los riesgos geológicos y que parte de la obra pasaría por zona de nacimientos de agua, en septiembre de 2014 la ANI adjudicó el contrato por $1,6 billones a la empresa Perimetral Oriental de Bogotá (POB), de la firma israelí Shikun & Binui, que siguió los trámites ante la ANLA. El ruido alrededor de proyecto aumentó en 2015, con el estudio de impacto ambiental que presentó el constructor, pues no incluyó los mapas oficiales del municipio, que mostraban que la vía pasaría por suelo de expansión. En el estudio participó la firma Lois Berger, investigada en 2014 en Estados Unidos por corrupción.

Como hecho adicional, la ANLA debía realizar una revisión y en vez de invitar a Corporinoquia —autoridad regional que tiene jurisdicción sobre el municipio de Choachí— invitó a la CAR de Cundinamarca. Aunque los habitantes reclamaron, la ANLA dijo que no había irregularidades, porque “dicha citación no le impidió la participación en uso de sus facultades a Corporinoquia, ni afectó la validez de la actuación administrativa”.

En diciembre de 2015 se inició formalmente la fase de construcción. En ese momento, las denuncias de la comunidad fueron apoyadas por la Procuraduría, que alertó que parte del trazado ponía en riesgo varios manantiales. Ante esto, el constructor respondió que “dentro del proceso de diseño y ajustes a la variante de Choachí, si llegaran a encontrar manantiales, la concesionaria cumplirá la ley”.

Y así lo hizo, aunque tarde. Como parte de las obras, Corporinoquia le advirtió a la firma constructora que en caso “de hallar nacimientos debía guardar una distancia de protección de mínimo 100 metros”. La alerta, sumada a las quejas de la comunidad, llevaron a los constructores a contratar un estudio con la Universidad Javeriana, en febrero del año pasado, para caracterizar 23 sitios de interés hídrico, ubicados en los tramos 4 y 5.

Dos meses después, la Javeriana recomendó un análisis especializado, que solo hacen laboratorios internacionales, razón por la cual se tomaron muestras en varios puntos, que enviaron a la Universidad de Waterloo, en Canadá. En septiembre del año pasado la Javeriana presentó un informe más preciso, confirmando la presencia de seis manantiales, distribuidos en los últimos dos tramos del proyecto, por lo que recomendó acciones para protegerlos o poner instrumentos “que garantizaran que el flujo subterráneo continuará alimentando puntos de agua”.

La ratificación llegó en enero pasado, cuando un nuevo estudio determinó que a partir del trabajo de campo se caracterizaron 130 puntos, distribuidos a lo largo de los últimos trazados (entre La Calera y Cáqueza). De estos, 17 estaban a más de 100 metros de la vía, 94 se encontraban entre los 20 y los 99 metros, y 37 se hallaban a menos de 20 metros.

Exento de responsabilidad

Esta confirmación llevó al constructor a presentarle a la ANI un recurso para que lo eximiera de responsabilidad, ya que se trataba de algo que no estaba previsto en la estructuración del proyecto. “Respetando las normas ambientales, planteamos la necesidad de suspender los trabajos. La ANI y el interventor nos dieron la razón, a través de un acta que confirma que esto es un caso de fuerza mayor. Y la razón es simple: el concesionario presentó una oferta para una obra, teniendo en cuenta la estructuración que hizo la ANI, donde no se mencionaban nacimientos. Nos toca analizar con la Agencia el camino a seguir. Tenemos voluntad en buscarle solución a esta situación. Actualmente estamos buscando alternativas para superar esto”, dijo Juan Manuel Méndez, gerente de operaciones de la obra.

El acta, firmada el pasado 1° de agosto, establece los caminos para buscar una salida, pero las alternativas son escasas: una es presentar un plan con obras de mitigación sobre el mismo trazado, que debe estar listo en noviembre, para someterla a aprobación de las autoridades ambientales. Si lo aceptan, se verificarían los nuevos valores y seguirán adelante. Si no, la única solución sería cambiar el trazado, lo que no solo implica nuevos estudios y diseños, sino la compra de nuevos predios. En cualquiera de los dos casos es evidente que habrá sobrecostos.

Doron Sportas, gerente financiero de la concesión, resalta que como contratistas están cumpliendo todos los requerimientos. “Hemos sido diligentes. En este caso es la ANI la que debe decir cómo vamos a seguir adelante. Como empresarios esta situación no nos conviene, porque tiempo es dinero. Y estos tramos representan el 60 % de la obra. Por eso estamos buscando una solución”.

Sportas agrega que la suspensión impacta el proyecto como estaba concebido al principio e inevitablemente cambia el modelo financiero, situación que hace parte de las discusiones que tienen ahora con la ANI y los bancos. “Nuestro interés es construir lo más pronto posible y tenemos la voluntad. Es importante decir que no tenemos la intención de parar el proyecto y queremos llegar a un acuerdo para seguir adelante”.

Por ahora, lo que se sabe es que los dos tramos más importantes de la obra estarán suspendidos hasta nueva orden, mientras se encuentra una salida. Sin embargo, lo paradójico es que toda esta situación y sus consecuencias se habrían evitado si los estudios que hoy ratifican el tema de los nacimientos en la zona se hubieran hecho cuando surgieron las primera alertas de la comunidad. El Espectador intentó obtener una respuesta de la ANI, pero al cierre de esta edición señalaron que se encontraba en trámite.

Los sobornos mundiales de Shikun & Binui (S&B)

S&B es un conglomerado con presencia en 20 países, pero es reconocida como la constructora más poderosa en Israel. Y mientras trata de resolver los líos con la Perimetral de Cundinamarca, también lidia con el escándalo que golpea a su grupo: varios de sus directivos son investigados en Israel por supuesta corrupción en África; el Banco Mundial (BM) le audita las cuentas, pues parte de las obras las ejecutó con dinero del organismo, y en Guatemala la vincularon a una investigación que es coletazo del proceso de Odebrecht.

De probarse su culpabilidad, los involucrados no solo irían a prisión, sino que le significaría un veto para participar en licitaciones financiadas por el BM, tendría que reembolsar préstamos y hasta pagar por daños y perjuicios. Para los investigadores, los sobornos eran una práctica común en los países a donde llegaba a competir por obras.

Sus líos empezaron el año pasado, cuando estallaron escándalos en África y Centroamérica. Según el periódico Haaretz, todo comenzó cuando Shai Skaf, contador de la sucursal en Kenia, relató que su jefe le pidió maquillar balances. “Me dijo: ‘Cuando estés en África, sé africano. Todos dan y reciben sobornos. ¿Por qué crees que la rentabilidad acá es del 40 % y en Israel del 4 %?’”.

En su declaración agregó que, pese a haber alertado a los directivos, supo que estaban al tanto e, incluso, su jefe le dijo que llevaban años sobornando en Nigeria, Uganda y Guatemala. “Me dijo: ‘Los sobornos no son algo particular de África, sino una práctica familiar, respaldada por el comité de auditoría, el departamento legal e incluso los directivos”. A Skaf lo capturaron en febrero, en medio de esta investigación.

Según declaraciones de los investigadores ante los jueces, al parecer S&B ha sobornado desde 2008 a funcionarios por todo el mundo. “En algunos casos defraudó a las instituciones bancarias afiliadas a la ONU. Si las sospechas son ciertas, el daño a la imagen de Israel será difícil de estimar”. A la fecha, los sospechosos han negado las acusaciones y los directivos han dicho que están cooperando. Incluso acudieron al Instituto Europeo de Contadores para que hiciera una investigación.

Caso Guatemala

Con el caso de los supuestos sobornos en África caliente, les estalló otro escándalo. Esta vez contra la filial SBI International en Guatemala, “brazo de infraestructuras globales del grupo Shikun & Binui (S&B)”, según su página web. La investigación se desprendió del proceso que adelantó el Ministerio Público de ese país por los sobornos de Odebrecht, que reveló una compleja red de corrupción “liderada por Alejando Sinibaldi, exministro de Infraestructura (prófugo de la justicia)”, a través de la cual no sólo le recibió coimas a la multinacional brasileña sino a SBI.

El caso, denominado “Construcción y Corrupción Fase II”, mostró que el nexo de los israelíes con Sinibaldi comenzó en 2009, cuando él, siendo aún congresista, gestionó la adjudicación del contrato de la Transversal Norte. A partir de ahí y hasta 2014 la constructora pagó US$6 millones en sobornos a través de giros a empresas de papel y transferencias que circulaban por un entramado empresarial en paraísos fiscales. El dinero salió de Water Resources (filial de SBI) a Calatraba Oil & Energy, usada por Sinibaldi para recibir las coimas en Panamá.

Como parte de este proceso, hace un mes la justicia hizo 10 allanamientos, entre ellos a las oficinas de SBI en Guatemala, y siete capturas. El pasado viernes comparecieron ante la justicia 14 personas a quienes la Fiscalía les imputó lavado de dinero, asociación ilícita y peculado. Actualmente hay varias más prófugas, entre ellas, además del ministro, los empresarios Ariel Aharon Saharabani, Yoseph Ahimas y Azayira Levy.

Los constructores de la Perimetral en Colombia

Si bien Shikun & Binui no aparece en el Registro Único Empresarial en Colombia, la que sí está es SBI Internacional, matriculada el 12 de septiembre de 2014. Según el registro de Cámara de Comercio, sus representantes legales son Lenin Ernesto Flores y Gabriel Adrián Gluschancoff, quien es hoy buscado por la justicia en Guatemala en medio de la investigación por corrupción.

Aunque esta empresa no tiene documentos firmados con la ANI, que lo relacionen con el proyecto, es la que está construyendo la vía por mandato del operador. Así lo menciona en la página web la propia casa matriz, tanto de S&B como de SBI, donde reporta información sobre sus negocios en el mundo.

Como parte de los trabajos para la construcción de la Perimetral de Oriente, el Ministerio de Ambiente le aprobó el pasado 16 de marzo la sustracción definitiva de 3,3 hectáreas de la reserva de la cuenca alta del río Bogotá, para adelantar las obras del tramo cuatro. No obstante, hoy este frente de trabajo está suspendido.