En su cuenta de Twitter, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, presentó una serie de cuestionamientos al procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado, y al fallo que lo destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos -por las irregularidades que rodearon la planeación y ejecución del nuevo modelo de aseo en la capital de la República.
En sus trinos, el mandatario distrital señaló que con la sanción disciplinaria el jefe del Ministerio Público benefició a personas vinculadas con el llamado ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá y la clase dirigente del país. ¿Por qué el Procurador ha privilegiado a los contratistas del uribismo, en contra del modelo moderno, e incluyente de la Bogotá Humana?”
Igualmente, aseguró que se presentó un abuso de la autoridad y de las funciones establecidas por la Constitución Política, puesto que el programa Basura Cero fue aprobado por los ciudadanos mediante el voto popular, ya que este fue una de sus propuestas a la Alcaldía de Bogotá.
Para Petro, es claro que en el fallo en su contra se presentó un interés político por parte de la Procuraduría General, hecho por el cual no contó, ni cuenta con las garantías procesales ya que se le negaron pruebas fundamentales a su defensa.
“La Sala Disciplinaria manipuló pruebas a favor y las puso en contra, para legitimar una decisión oscura, como hacía antes el totalitarismo”, precisó el alcalde de Bogotá en la red social, en la que además cuestionó seriamente los argumentos esgrimidos por la Procuraduría General.
El mandatario distrital aseguró que se siente como en los tiempos del “Estado de Sitio” puesto que fue juzgado por un “tribunal imparcial. Enemigo ideológicamente. Un tribunal fascista” (…) Cuando hablo de un tribunal construido planificadamente para que fuera de extrema derecha, no me refiero a la derecha democrática”.
En este sentido señaló que tanto los miembros de la Sala Disciplinaria así como el mismo Procurador General son de “extrema derecha”, y actuando bajo un extremismo ideológico y religiosa procesaron y juzgaron al Alcalde de Bogotá y su programa de Gobierno.
"La extrema derecha no acepta los principios democráticos, los rechaza, empezando por el derecho fundamental a un tribunal imparcial", precisó el mandatario de los bogotanos.
Los beneficiados
En sus trinos, el alcalde de Bogotá aseguró que en el fallo sancionatorio la Procuraduría General declaró ilegal en nuevo modelo de aseo en la capital de la República, con lo que se benefició económicamente a personas que están en el negocio de la recolección de basuras y dirigentes políticos que se han lucrado con la celebración de los contratos para entregar ese servicio.
Entre estos, según Petro, están los empresarios William Vélez y Alberto Ríos, “ligado a Cambio Radical y el uribismo, es el zar de las basuras”, así como el concejal del partido de la U, Orlando Parada “miembro del cartel de la contratación”.
Igualmente señaló que la investigación disciplinaria en su contra se inició ante la queja presentada por el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora a quien señaló de ser amigo de William Vélez y socio privado del denominado Grupo Nule en el contrato de la calle 26.
“El oligopolio privado del aseo estaba conformado por William Vélez, contratista cercano a Álvaro Uribe, es investigado por paramilitarismo”, señaló el mandatario, quien también cuestionó al personero distrital, Ricardo Cañón “elegido con los votos de los concejales del cartel de la contratación”.
Calificó como un “absurdo” el hecho de que se le declarara la ilegalidad del decreto 564. “Quien controla legalidad es el juez contencioso (…) ¿Por qué el Procurador privilegia el oligopolio privado costoso a los usuarios, anacrónico y excluyente de recicladores?"
Por El Espectador
