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Gustavo Petro, alcalde Mayor de Bogotá, anunció este fin de semana que tomará acciones judiciales contra el registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, y contra el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, por no realizar la consulta antitaurina programada para el próximo 25 de octubre, día de los comicios para elegir alcaldes y gobernadores en el país.
Según la Registraduría Nacional de Estado Civil, para que se realice dicha consulta popular se necesitan por lo menos 30.000 millones de pesos. Por su parte, el Ministerio de Hacienda, indicó que actualmente no cuentan con esos recursos y la consulta, aprobada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Concejo de Bogotá, no se llevaría a cabo.
Según el mandatario distrital, ambos funcionarios están desobedeciendo el decreto firmado por el alcalde, por lo que considera que dicha acción es prevaricato.
"Desobedecen el decreto del alcalde, todo el mecanismo de decisión ciudadana que fue tomado de acuerdo a la ley, recibirían nuestra acción judicial porque eso es un prevaricato. Todos los equipos están trabajando al respecto, esto es una burla a la ciudadanía bogotana", manifestó Petro a Caracol Radio.
Ya el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Juan Carlos Losada, de la comunidad animalista de Bogotá, había exigido respuestas de parte del Gobierno Nacional y la Registraduría Nacional del Estadio Civil sobre la consulta antitaurina, asegurando que sería ‘‘gravísimo que no se hiciera la consulta antitaurina el 25 de octubre porque el presidente Juan Manuel Santos recientemente sancionó la ley de participación ciudadana y a la primera oportunidad que se puede implementar la ley resulta que están embolatando todo”.
Asimismo, Losada indicó que la consulta no costaría más de $2.000 millones de pesos porque no se deben invertir nuevos recursos en temas como la biometría y la misma logística, asegurando así que no es cierto que la consulta pueda costar $34.000 millones como lo indicó la Registraduría y el Ministerio de Hacienda.