Petro dice que siempre se ha sabido que lo quieren meter preso

Luego de que la Fiscalía General de la Nación anunciara que abrirá una nueva línea de investigación que estará a cargo del vicefiscal general José Fernando Perdomo, quien estará al frente de la revisión de las amnistías e indultos dados a los desmovilizados del M-19, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, aseguró que si lo llaman a declarar por haber sido miembro del M-19 no tiene nada que temer.

“No somos nosotros los que tenemos que temer, fue un proceso de paz que se hizo, cumplimos. Una juventud que dejó muchos de sus integrantes muertos incluso en condiciones de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, delitos como la ejecución extrajudicial, la desaparición que sufrieron estos jóvenes, hay que reivindicarlos como una juventud, equivocada o no, se luchó por un buen vivir por más justicia en el mundo, esa fue la generación a la que pertenecí yo”, resaltó Petro Urrego.

Enfatizó que la justicia siempre brilla y en esa medida esos jóvenes que murieron obtendrán también justicia. “Todos los años han querido meterme preso por el tema de la paz, eso ni me quita ni me pone, el que no la debe no la teme, una juventud que se lanzó a hacer una revolución queriendo cambiar el mundo a favor de la justicia social no tiene nada que temerle a quienes creen que la lucha contra el régimen de un Estado de sitio era una tontería. La rebeldía no es un delito, los jóvenes que nos rebelemos contra el Frente Nacional no tenemos nada que temer”, puntualizó el mandatario.

Según el fiscal general, Eduardo Montealegre, las pesquisas podrían dar lugar a que se tumben amnistías ya otorgadas y buscan determinar si hubo delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por parte de personas desmovilizadas. "Si esas conductas abarcan crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, la fiscalía podría iniciar investigaciones contra miembros de la cúpula del M19", señaló Montealegre quien añadió que la Fiscalía tendrá que “"examinar los alcances de la cosa juzgada, los alcances de esas amnistías; si la fiscalía llega a la conclusión, los indultos proferidos a favor del M19 podrán ser apelados".

Se trata de un anuncio que daría un giro contundente a las investigaciones en curso sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia, hace 30 años, y por las cuales ya fueron llamados a rendir testimonio exmiembros del M-19 como Vera Grabe, Éver Bustamante y Otty Patiño.

La noticia, que se da mientras avanzan las decisiones en la nueva etapa de la investigación por el holocausto del Palacio, se suma a la hecha en días pasados, cuando Montealegre dio a conocer que ministros del gobierno para la época de la toma del Palacio de Justicia serían citados declarar por los hechos sucedidos durante noviembre de 1985.

Según señaló Montealegre esta decisión busca establecer si Enrique Parejo, Noemí Sanín y Jaime Castro tuvieron conocimiento de que el M-19 se tomaría la sede de las altas cortes y lo permitieron con el fin de acorralarlos y presionar su rendición o darlos de baja en medio del fuego cruzado.

Por su parte, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, respaldó el anuncio del fiscal Eduardo Montealegre de investigar las amnistías e indultos otorgados a miembros del M-19 desmovilizados.

Ordoñez llamó a que “el Estado, así sea tres décadas después”, investigue a los responsables de la toma del Palacio de Justicia que “comprendió por parte del M19 actos de ferocidad y barbarie que es imposible amnistiar”.

De igual forma el procurador indica que “el 11 de noviembre de 1985, 4 días después de la masacre, el grupo (M-19) emitió una “Declaración” en la que asume la “responsabilidad de la acción”. El texto, como aparece en medios de comunicación de la época, lo suscriben Álvaro Fayad, Carlos Pizarro, Antonio Navarro y Gustavo Arias, por el Mando Central. Y por el Comando Superior, Germán Rojas, Marcos Chalita, Otti Patiño, Vera Grabe, Libardo Parra, Israel Santamaría, Rosemberg Pabón y Pedro Pacheco”, así Ordóñez señala que esta es evidencia de que dichas personas son responsables “de ordenar la planeación y consumación del asalto al Palacio de Justicia, la toma de rehenes y el asesinato (…) Algunas de estas personas aún viven, pero gozan de impunidad. Nunca han sido sometidas a un enjuiciamiento por haber ordenado esa acción terrorista”, concluye.

Luego de que la Fiscalía General de la Nación anunciara que abrirá una nueva línea de investigación que estará a cargo del vicefiscal general José Fernando Perdomo, quien estará al frente de la revisión de las amnistías e indultos dados a los desmovilizados del M-19, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, aseguró que si lo llaman a declarar por haber sido miembro del M-19 no tiene nada que temer.

“No somos nosotros los que tenemos que temer, fue un proceso de paz que se hizo, cumplimos. Una juventud que dejó muchos de sus integrantes muertos incluso en condiciones de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, delitos como la ejecución extrajudicial, la desaparición que sufrieron estos jóvenes, hay que reivindicarlos como una juventud, equivocada o no, se luchó por un buen vivir por más justicia en el mundo, esa fue la generación a la que pertenecí yo”, resaltó Petro Urrego.

Enfatizó que la justicia siempre brilla y en esa medida esos jóvenes que murieron obtendrán también justicia. “Todos los años han querido meterme preso por el tema de la paz, eso ni me quita ni me pone, el que no la debe no la teme, una juventud que se lanzó a hacer una revolución queriendo cambiar el mundo a favor de la justicia social no tiene nada que temerle a quienes creen que la lucha contra el régimen de un Estado de sitio era una tontería. La rebeldía no es un delito, los jóvenes que nos rebelemos contra el Frente Nacional no tenemos nada que temer”, puntualizó el mandatario.

Según el fiscal general, Eduardo Montealegre, las pesquisas podrían dar lugar a que se tumben amnistías ya otorgadas y buscan determinar si hubo delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por parte de personas desmovilizadas. "Si esas conductas abarcan crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, la fiscalía podría iniciar investigaciones contra miembros de la cúpula del M19", señaló Montealegre quien añadió que la Fiscalía tendrá que “"examinar los alcances de la cosa juzgada, los alcances de esas amnistías; si la fiscalía llega a la conclusión, los indultos proferidos a favor del M19 podrán ser apelados".

Se trata de un anuncio que daría un giro contundente a las investigaciones en curso sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia, hace 30 años, y por las cuales ya fueron llamados a rendir testimonio exmiembros del M-19 como Vera Grabe, Éver Bustamante y Otty Patiño.

La noticia, que se da mientras avanzan las decisiones en la nueva etapa de la investigación por el holocausto del Palacio, se suma a la hecha en días pasados, cuando Montealegre dio a conocer que ministros del gobierno para la época de la toma del Palacio de Justicia serían citados declarar por los hechos sucedidos durante noviembre de 1985.

Según señaló Montealegre esta decisión busca establecer si Enrique Parejo, Noemí Sanín y Jaime Castro tuvieron conocimiento de que el M-19 se tomaría la sede de las altas cortes y lo permitieron con el fin de acorralarlos y presionar su rendición o darlos de baja en medio del fuego cruzado.

Por su parte, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, respaldó el anuncio del fiscal Eduardo Montealegre de investigar las amnistías e indultos otorgados a miembros del M-19 desmovilizados.

Ordoñez llamó a que “el Estado, así sea tres décadas después”, investigue a los responsables de la toma del Palacio de Justicia que “comprendió por parte del M19 actos de ferocidad y barbarie que es imposible amnistiar”.

De igual forma el procurador indica que “el 11 de noviembre de 1985, 4 días después de la masacre, el grupo (M-19) emitió una “Declaración” en la que asume la “responsabilidad de la acción”. El texto, como aparece en medios de comunicación de la época, lo suscriben Álvaro Fayad, Carlos Pizarro, Antonio Navarro y Gustavo Arias, por el Mando Central. Y por el Comando Superior, Germán Rojas, Marcos Chalita, Otti Patiño, Vera Grabe, Libardo Parra, Israel Santamaría, Rosemberg Pabón y Pedro Pacheco”, así Ordóñez señala que esta es evidencia de que dichas personas son responsables “de ordenar la planeación y consumación del asalto al Palacio de Justicia, la toma de rehenes y el asesinato (…) Algunas de estas personas aún viven, pero gozan de impunidad. Nunca han sido sometidas a un enjuiciamiento por haber ordenado esa acción terrorista”, concluye.