Petro: otra semana en el laberinto

El alcalde Gustavo Petro comenzó el viernes su estrategia de recorrer las localidades para invitar a los ciudadanos a decirle no a la revocatoria de su mandato. / Liz Durán

No aparece la luz al final del túnel jurídico y político que se formó tras el fallo de la Procuraduría que destituyó e inhabilitó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Otra semana acaba sin que la institucionalidad logre resolver qué va a pasar con la administración de la capital. La crisis es un hecho e, incluso, pilares fundamentales de la Constitución como la tutela están en entredicho. Mientras tanto, el alcalde sigue en su despacho, en una especie de interinidad que afecta su gobernabilidad, el desarrollo de la ciudad, el clima político nacional y hasta la legitimidad de las instituciones.

La semana culminó con posiciones irreconciliables entre los magistrados que fallaron varias tutelas en favor de Petro y la Procuraduría, que trata de hacer valer su potestad para destituir a funcionarios elegidos mediante el voto popular. El presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Carmelo Perdomo, señaló al Ministerio Público de querer atentar contra la independencia judicial; mientras tanto la Procuraduría, en un desafío a la suspensión del fallo que había emitido este tribunal, sacó un edicto notificando a Petro de su destitución.

En medio de ese rifirrafe en el seno del poder público, el ciudadano de a pie no logra digerir todo el sancocho jurídico en el que está metida la ciudad. La ruta no es simple; existen dos recursos jurídicos que las máximas instancias judiciales deben resolver. Por un lado está el desarrollo de estas tutelas, que serán apeladas por la misma Procuraduría. Esas apelaciones las resolverá el Consejo de Estado, el cual, teniendo en cuenta que al día de hoy se siguen presentando tutelas para salvar a Petro, con suerte se extenderá hasta abril fallando en segunda instancia estos recursos. Después, como órgano de cierre, la Corte Constitucional deberá decidir sobre la supuesta violación de los derechos del alcalde.

La otra ruta para desenredar este berenjenal es el pedido de nulidad del fallo que interpondrá la defensa del alcalde ante el Consejo de Estado, para lo cual el Tribunal de Cundinamarca le dio un plazo de cuatro meses. Sin embargo, ese no es el escenario más optimista para la defensa. Si bien existe la independencia judicial, para nadie es un secreto que el Consejo de Estado es “la casa” del procurador Alejandro Ordóñez, pues fue la corporación donde desarrolló la última parte de su carrera como jurista e, incluso, de allí provino su nominación a la jefatura del Ministerio Público en 2008.

Además de ese panorama existen otros dos escenarios en los que se podría decidir la suerte del alcalde: el internacional y el electoral. Esta semana se supo que personajes como el exalcalde Jaime Castro acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para respaldar las decisiones de la Procuraduría, mientras aquel organismo analiza las medidas cautelares pedidas por Petro (quien argumentó persecución ideológica de parte del Ministerio Público).

En cuanto a la vía electoral, Petro y sus seguidores tienen la convicción de que ganarán en las urnas. Luego de que el Tribunal de Cundinamarca ordenara que se fecharan los comicios de la revocatoria, la Registraduría confirmó que continúan los preparativos para que las votaciones se hagan el 2 de marzo. La campaña del alcalde tomó fuerza nuevamente este viernes, cuando el mandatario salió del balcón del Palacio Liévano y visitó la localidad de Puente Aranda. El comienzo de su estrategia de “llenar los parques de barrio”.

En el plano de la revocatoria se abre paso la especulación. Podría ocurrir que la administración no sea refrendada y, así, la batalla jurídica de Petro sólo tendría el objetivo práctico de recobrar los derechos políticos, mientras que su teoría de que detrás de su mandato está la voluntad popular se caería. O puede ser que se caiga la revocatoria, ya sea porque no alcance el número mínimode votos o porque gane el no, y luego se ratifique la decisión de la Procuraduría. Sin embargo, la conclusión del petrismo es que, si hay una refrendación, habrá la suficiente presión para que los organismos judiciales decidan en favor del alcalde.

Ganar en la revocatoria es trascendental para las huestes del alcalde, pues saben que, de lo contrario, la Registraduría tendría que convocar a elecciones atípicas para elegir nuevo alcalde. En cambio, pronosticando que el embrollo judicial termine de manera desfavorable para Petro y que eso ocurra después del 30 de junio, el presidente Juan Manuel Santos tendría que elegir al sucesor de una terna presentada por el movimiento por el cual fue elegido Petro.

Pero este no es el único escenario en el que aparece el presidente. Si el Consejo de Estado ratifica el fallo de la Procuraduría, Santos podría firmar la destitución de Petro sin dilaciones. Aunque otra opción es, según rumores en la Casa de Nariño, que Santos esperará a que la Corte Constitucional termine con las dudas sobre su propia jurisprudencia relacionada con las facultades de la Procuraduría para destituir a un funcionario elegido mediante voto popular.

Lo ocurrido esta semana deja varios interrogantes para el futuro del aparato institucional del país. ¿Qué ocurrirá si figuras de sectores ideológicos diferentes al petrismo apelan a métodos como la “tutelatón”? Si hay un fallo favorable a Petro, ¿este se extendería a figuras como Piedad Córdoba? ¿Cuál es la posición y cuáles las posibilidades de acción del Ministerio de Justicia o de las altas cortes en su conjunto? ¿Cómo afectará al clima electoral, en un año de votaciones para Congreso y Presidencia, el desarrollo del caso Petro? ¿Quién o qué podría ordenar el país institucional?