Petro, otra vez en la mira de la justicia

Después del polémico capítulo de las basuras en Bogotá, que terminó con la destitución de Gustavo Petro, suspendida a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el alcalde de la ciudad está de nuevo en la mira de la justicia y de los organismos de control. Esta vez, con el propósito de indagar supuestas irregularidades de contratación relacionadas con el sistema Transmilenio y la compra de bombillas para los semáforos, la Fiscalía y la Procuraduría anunciaron apertura de investigación.

Respecto a las revelaciones de algunos medios de comunicación sobre injerencia del concuñado del alcalde, Carlos Alberto Gutiérrez, para la ampliación de los contratos de Transmilenio a los actuales operadores, ayer la Procuraduría ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra el alcalde Gustavo Petro y el exgerente de Transmilenio Fernando Sanclemente. En su decisión, el Ministerio Público recalcó que su deber es establecer si se cometieron perjuicios contra la administración pública.

La Procuraduría pidió a Transmilenio que informe si se han modificado los contratos de las fases I y II del sistema, y los nombres completos de los representantes legales de las empresas que hayan prestado el servicio. De igual modo, se le pedirá al exsecretario de Movilidad que informe si la empresa Softca ha presentado propuesta para construir un tren de cercanías entre Bogotá y Zipaquirá, y, de ser así, deberá enviar toda la documentación del caso.

En desarrollo de la investigación, la Procuraduría ya ordenó que se escuche, bajo la gravedad del juramento, al expersonero de Bogotá y representante de los operadores de Transmilenio, Herman Arias; a Adriana Rodríguez, representante de Express del Futuro; a Saúl Kattan, presidente de la ETB; a Alberto Merlano, actual gerente del Acueducto de Bogotá y asesor de la Alcaldía en la renegociación de contratos; a Daniel Winograd, exasesor de comunicaciones, y, por supuesto, a Carlos Gutiérrez, el concuñado del alcalde mayor.

De manera simultánea, la Procuraduría ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra el alcalde Gustavo Petro y su exsecretario de Movilidad Rafael Rodríguez Zambrano, por las supuestas irregularidades en desarrollo de un contrato por $5.999 millones para la adquisición de bombillas destinadas a los semáforos de la ciudad. En esta investigación, el punto de partida será una demanda de acción popular entablada contra los dos funcionarios por presunta afectación de la moralidad administrativa, el patrimonio público y la seguridad ciudadana.

Según la Procuraduría, al examinar el recorrido del contrato suscrito entre la Secretaría de Movilidad y la Unión Temporal Módulos LEDS Bogotá, se advierte que pese a que el contrato se había liquidado por incumplimiento grave del contratista, con base en un dictamen técnico incompleto y ajeno a la realidad, se suscribió un contrato de transacción en diciembre de 2013 que permitió revivir el negocio. De paso, resaltó que podría existir información errónea para desviar el esclarecimiento de los hechos del contrato.

En esta ocasión, a diferencia del capítulo basuras, la apertura de investigación fue suscrita directamente por el procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado. Su propósito es determinar por qué un contrato que tuvo dos prórrogas y una interventoría, que advirtió las fallas técnicas de los materiales suministrados, terminó reviviéndose sin mayores explicaciones. Ordóñez argumentó que según la Ley 262 de 2000, él asume el caso porque esta norma lo faculta a hacerlo cuando la gravedad, importancia o trascendencia pública del hecho lo ameriten.
Sobre este mismo tema, ayer la Fiscalía General de la Nación citó a interrogatorio a varios funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Movilidad. Deberán responder a los requerimientos del ente investigador el exsecretario de Movilidad, Rafael Rodríguez; el subsecretario Juan Carlos Ramos Agudelo; el subdirector administrativo, William Quintero; la directora de asuntos legales, Gloria Bohórquez, y el asesor de la secretaría de Movilidad, Alexánder Rincón.

Después del polémico capítulo de las basuras en Bogotá, que terminó con la destitución de Gustavo Petro, suspendida a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el alcalde de la ciudad está de nuevo en la mira de la justicia y de los organismos de control. Esta vez, con el propósito de indagar supuestas irregularidades de contratación relacionadas con el sistema Transmilenio y la compra de bombillas para los semáforos, la Fiscalía y la Procuraduría anunciaron apertura de investigación.

Respecto a las revelaciones de algunos medios de comunicación sobre injerencia del concuñado del alcalde, Carlos Alberto Gutiérrez, para la ampliación de los contratos de Transmilenio a los actuales operadores, ayer la Procuraduría ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra el alcalde Gustavo Petro y el exgerente de Transmilenio Fernando Sanclemente. En su decisión, el Ministerio Público recalcó que su deber es establecer si se cometieron perjuicios contra la administración pública.

La Procuraduría pidió a Transmilenio que informe si se han modificado los contratos de las fases I y II del sistema, y los nombres completos de los representantes legales de las empresas que hayan prestado el servicio. De igual modo, se le pedirá al exsecretario de Movilidad que informe si la empresa Softca ha presentado propuesta para construir un tren de cercanías entre Bogotá y Zipaquirá, y, de ser así, deberá enviar toda la documentación del caso.

En desarrollo de la investigación, la Procuraduría ya ordenó que se escuche, bajo la gravedad del juramento, al expersonero de Bogotá y representante de los operadores de Transmilenio, Herman Arias; a Adriana Rodríguez, representante de Express del Futuro; a Saúl Kattan, presidente de la ETB; a Alberto Merlano, actual gerente del Acueducto de Bogotá y asesor de la Alcaldía en la renegociación de contratos; a Daniel Winograd, exasesor de comunicaciones, y, por supuesto, a Carlos Gutiérrez, el concuñado del alcalde mayor.

De manera simultánea, la Procuraduría ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra el alcalde Gustavo Petro y su exsecretario de Movilidad Rafael Rodríguez Zambrano, por las supuestas irregularidades en desarrollo de un contrato por $5.999 millones para la adquisición de bombillas destinadas a los semáforos de la ciudad. En esta investigación, el punto de partida será una demanda de acción popular entablada contra los dos funcionarios por presunta afectación de la moralidad administrativa, el patrimonio público y la seguridad ciudadana.

Según la Procuraduría, al examinar el recorrido del contrato suscrito entre la Secretaría de Movilidad y la Unión Temporal Módulos LEDS Bogotá, se advierte que pese a que el contrato se había liquidado por incumplimiento grave del contratista, con base en un dictamen técnico incompleto y ajeno a la realidad, se suscribió un contrato de transacción en diciembre de 2013 que permitió revivir el negocio. De paso, resaltó que podría existir información errónea para desviar el esclarecimiento de los hechos del contrato.

En esta ocasión, a diferencia del capítulo basuras, la apertura de investigación fue suscrita directamente por el procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado. Su propósito es determinar por qué un contrato que tuvo dos prórrogas y una interventoría, que advirtió las fallas técnicas de los materiales suministrados, terminó reviviéndose sin mayores explicaciones. Ordóñez argumentó que según la Ley 262 de 2000, él asume el caso porque esta norma lo faculta a hacerlo cuando la gravedad, importancia o trascendencia pública del hecho lo ameriten.
Sobre este mismo tema, ayer la Fiscalía General de la Nación citó a interrogatorio a varios funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Movilidad. Deberán responder a los requerimientos del ente investigador el exsecretario de Movilidad, Rafael Rodríguez; el subsecretario Juan Carlos Ramos Agudelo; el subdirector administrativo, William Quintero; la directora de asuntos legales, Gloria Bohórquez, y el asesor de la secretaría de Movilidad, Alexánder Rincón.