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El alcalde Gustavo Petro firmó un decreto el pasado 6 de julio en el que declara de utilidad pública el complejo de edificios del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Maternoinfantil, para poder expropiarlos y adelantar las obras que considera necesarias para recuperar la planta física y retomar las labores de prestación de servicios.
Esto permite, y así queda establecido en el decreto, la expropiación de los inmuebles, que quedará a cargo de la Empresa de Renovación Urbana (ERU).
Esta decisión la toma el mandatario justo cuando el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, se apresta a tomar una decisión de segunda instancia que defina de quién son los edificios.
Al respecto cabe recordar que a comienzos de este año la Alcaldía intentó comprarle el complejo a la Fundación San Juan de Dios (hoy en liquidación) que se presumía la dueña. Sin embargo, el trámite no pudo concretarse porque el registrador de instrumentos públicos de la zona sur, Édgar José Name, que, en términos coloquiales, debía legalizar la venta, no lo hizo porque determinó que la Fundación no era la dueña, sino la Gobernación de Cundinamarca. La Alcaldía apeló esa decisión y el supernotariado dará la última palabra.
Mientras tanto, el Distrito y el liquidador de la Fundación firmaron un contrato de arrendamiento que la administración ha aprovechado para hacer las intervenciones que considera necesarias para recuperar el tradicional hospital. Ya tiene en funcionamiento un jardín infantil e hizo un convenio con el Hospital de Kennedy para rehabilitar el área de urgencias.
La decisión de declarar la utilidad pública con fines de expropiación es, por lo menos, sorpresiva para algunas partes de este proceso, sobre todo porque la propiedad de los edificios no está clara.
Pablo Leal, liquidador de la Fundación San Juan de Dios, le dijo a El Espectador que, de todas formas, la matrícula inmobiliaria indica que esa institución es la dueña. Jorge Enrique Vélez, superintendente de Notariado, le dijo a este diario, por otra parte, que su decisión aún se demora debido a que “ese tema está muy complicado”. Esta semana decretará la necesidad de contar con más pruebas.
Otro punto que queda pendiente es el costo que deberá pagar el Distrito por los edificios una vez los expropie. Cuando la Alcaldía y el liquidador de la Fundación pretendieron hacer la compraventa los tasaron en $150.280 millones. En el reciente decreto, sin embargo, se indica que se hará un nuevo avalúo durante dos meses, por lo que se presume que esa cifra puede cambiar.
El Espectador contactó a Martha Lucía Zamora, secretaria General de la Alcaldía y vocera de este caso, pero dijo que se pronunciará sobre las 4:00 de la tarde en rueda de prensa.
El Hospital fue cerrado en 2001. Allí habitan 10 familias de extrabajadores que mantienen un litigio por sus acreencias.
Por Carlos Hernández Osorio
