Siete meses después de que la Secretaría de Educación anunciara la liquidación del contrato con la red Alma Máter por la capacitación de más de 18.000 docentes del Distrito, el cual vulneró las normas de contratación y, presuntamente, en su ejecución presentaron anomalías como la entrega de material didáctico desactualizado; la concejal María Clara Name denunció irregularidades al respecto.
La concejal dijo que los contratos que tienen por objeto determinar la legalidad o ilegalidad de esta liquidación con Alma Máter, representan un alto costo para el Distrito porque "la Secretaría de Educación está incurriendo en una doble contratación bajo la modalidad de prestación de servicios".
Name pidió a la Contraloría de Bogotá investigar los contratos de liquidación entre la Secretaría de Educación y la entidad Alma Máter.
La cabildante solicitó un informe detallado al secretario de Educación, Óscar Sánchez, sobre cuatro contratos (1819-2011 - 390-2011 - 1709-2011 - 1829-2011) bajo la modalidad de prestación de servicios, realizados por la Secretaría de Educación entre 2010 y 2011.
La dirigente política advirtió que dichos contratos suscritos por la Secretaría "representan una doble contratación por parte de la entidad, ya que este personal está contratado bajo la modalidad de prestación de servicios".
“No solo estamos pagando varios millones por asesoría, sino que esta misma asesoría es hecha por contratista que ya tienen contratos con la Secretaría e incluso que ganan más que el secretario y que no fueron publicados en el sitio web de contratación pública”, agregó Name.
En este sentido, cuestionó el por qué no se utilizaron los servicio de la dirección de contratación de la Secretaría y pidió que se aclaren los motivos de la cancelación del contrato con Alma Máter y si la Secretaría de Educación se vio perjudicada o no, por la derogación.
En septiembre de 2011 la Secretaría de Educación anunció la liquidación del contrato 1961 de 2010 con Alma Máter para buscar la forma de recuperar los 8.000 millones de pesos de anticipos, ya que ese pago inicial no contaba con una póliza contractual.
El Convenio Interadministrativo celebrado con la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero, Alma Máter, fue por $20.269 millones.
Un mes después, en octubre de 2011, la Red Alma Máter presentó recurso de reposición contra la resolución de la Secretaría de Educación que decidió liquidar unilateralmente el contrato administrativo.
El recurso se interpuso por considerar que la determinación de la Secretaría “viola el debido proceso y las normas constitucionales porque no existen causales y además se da con abuso de poder, arbitrariedad y falta de competencia”.
Por El Espectador
