El director del Instituto para la Economía Social (IPES), Jorge Eliécer Racero Ceballos, solicitó una auditoría especial a la Personería y Contraloría de Bogotá, frente a la contratación de la entidad realizada por la Administración anterior.
Durante varios meses de revisión jurídica, técnica y financiera de los contratos en el proceso de armonización administrativa se encontraron inconsistencias y debilidades que se empezaron a evidenciar desde el mismo proceso de empalme.
Del 1 al 25 de enero de 2012, en la cabeza de anterior director, se firmaron 179 contratos de prestación de servicios por $2.900 millones; de los cuales 146 fueron suscritos el 25 de enero por un valor de $2.200 millones.
De 2007 a 2011 se firmaron 92 convenios por más de $58.000 millones, de los cuales 16 tienen la competencia vencida para realizar su liquidación (mayor a 30 meses) y se encuentran en etapa judicial; seis han superado el plazo de 6 meses para su liquidación unilateral y los restantes se encuentran en alerta por vencimiento de tiempo para liquidar, por lo tanto la entidad perdería la competencia para realizar el trámite y se deben iniciar las correspondientes acciones penales, disciplinarias y fiscales a los implicados.
“En la verificación de las carpetas de los convenios y contratos se ha evidenciado falta de requisitos, documentos y presuntas facturas adulteradas, lo cual se está verificando para iniciar las acciones correspondientes”, aseguró Racero.
La presente administración del IPES evidenció la debilidad de la supervisión de los convenios y contratos, el incumplimiento de la normatividad vigente en la liquidación de los mismos y por ello solicitó a los órganos de control tomar las medidas correspondientes para esclarecer esta situación.
Por El Espectador
