El martes 1 de abril, 1.500 indígenas provenientes de diversas partes del país llegaron a la Plaza de Bolívar con el fin de buscar un diálogo abierto con el presidente, Gustavo Petro. Desde entonces, comunidades del Cauca, Nariño y Putumayo permanecen frente al Congreso de la República, exigiendo ser escuchados y mejores medidas de seguridad que les permitan regresar a sus territorios.
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Como ha ocurrido en otras oportunidades, los entes gubernamentales y de control en la capital han mostrado su preocupación por la situación de los menores de edad y madres gestantes del colectivo étnico que llegó esta semana a la ciudad.
En vista de las difíciles situaciones de salubridad que implica una pernoctación semejante, organismos como la Personería de Bogotá ya han exigido las respectivas medidas de monitoreo y protección para los más vulnerables de los pueblos ancestrales que acampan en la Plaza.
Así las cosas, la Personería de Bogotá hace un llamado a las autoridades nacionales y distritales a trabajar de manera coordinada para garantizar los derechos y condiciones dignas de cerca de 200 menores de edad, 70 adultos mayores, 30 mujeres lactantes y gestantes y personas en condición de discapacidad de los pueblos indígenas de Cauca y Nariño.
Durante una visita a la zona, el Ministerio Público Distrital halló que los cerca de 800 indígenas presentes en la Plaza de Bolívar —quienes permanecen en chivas y cambuches sobre la carrera octava, entre calles doce y novena—, carecen de baterías de baños y agua potable, y preparan sus alimentos con fuego de leña y pipetas de gas.
Bajo esta misma línea, el Distrito dispuso de una ambulancia para atenderlos: dos indígenas fueron remitidos a centros hospitalarios —por una infección urinaria y una afección respiratoria— mientras que un niño de tres años, con fuertes dolores abdominales, no fue autorizado por su padre para recibir asistencia médica.
La Personería exhortó a las autoridades distritales y nacionales a coordinar una pronta respuesta interinstitucional a la situación, mediante un diálogo constructivo que garantice un pronto retorno de las comunidades, y así evitar que se repitan hechos ya superados que dejaron un aprendizaje a la ciudad, como la toma de la comunidad Embera al Parque Nacional.
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Por Redacción Bogotá
