En una novela parece haberse convertido la relación entre el Distrito y los validadores encargados de estudiar el proyecto del metro y, eventualmente, darle a la iniciativa el aval que garantizará la financiación por parte del Gobierno Nacional. Se trata de las universidades Nacional y los Andes, en cabeza del Departamento Nacional de Planeación, entidades que tendrán que redactar el documento Conpes que resumirá las cuestiones fiscales de la obra más grande de la historia de Bogotá.
Las diferencias entre la administración y los expertos son cada vez más evidentes. Este martes se vivió un nuevo capítulo del drama cuando Camilo Zea, gerente del Metro, se quejó de que los validadores le estuvieran pidiendo documentación “que está por fuera de los términos de referencia”.
En diálogo con El Espectador, Zea se explicó: “Nos han pedido cosas que están por fuera del alcance de los estudios. A ellos se les contrató para ayudarle a Planeación a analizar las cuestiones fiscales. Sin embargo, nos están solicitando un montón de escenarios de demanda y de variaciones de algunos de los parámetros del modelo”.
El funcionario fue más allá al advertir: “Hay gente que ha dicho que algunos de los equipos —validadores— tienen conflictos de intereses. Yo no sé… Es normal que algunos de esos expertos se hayan pronunciado en contra del metro en el pasado. Yo quiero pensar que son solicitudes normales en una discusión técnica. En todo caso, pedimos rigurosidad e imparcialidad”.
Lo cierto es que la relación Distrito-validadores del metro nunca ha pasado por buenos momentos. Es evidente que a la Alcaldía no le ha gustado que se hayan filtrado varios documentos —hechos públicos por el representante Simón Gaviria— en los que los expertos de las universidades cuestionan algunos aspectos del megaproyecto. Asimismo, en reiteradas ocasiones Planeación Nacional se ha referido a los retrasos por parte de la administración en la entrega de los documentos necesarios para el estudio.
Esteban Piedrahíta, director de Planeación, le dijo a este diario que se trata de “un proyecto de muy grueso calibre. Como socios financiadores, nosotros tenemos todo el derecho a conocer y podemos preguntar. Estamos hablando de miles de millones de pesos”.
A las suspicacias generadas porque supuestamente algunos de los expertos se han pronunciado en contra del metro en el pasado, Piedrahíta aseguró que no le parece constructivo “que el Alcalde o sus representantes se pronuncien contra los validadores. Las preguntas también las está haciendo Planeación, es decir, el Gobierno Nacional”.
Los documentos para el Conpes fueron entregados, luego de un retraso, en diciembre. Entre enero y marzo las partes lo han discutido a puerta cerrada y se espera que el 30 de mayo los validadores podrían entregar su concepto. De lo que juzguen dependerá el futuro del metro.
A la pregunta de si cree que ese concepto será positivo al proyecto, Camilo Zea manifestó que, para mostrar buena voluntad, entregarán toda la información que les sea requerida, así ésta le genere costos adicionales al Distrito. Y expresó: “No sé si el gobierno Uribe le va a cumplir a Bogotá. Yo no hago cálculos políticos. Yo soy técnico”.
La incertidumbre seguramente la comparte más de un bogotano. En pocas semanas podrían aclararse las dudad.
Por El Espectador
