Lo que pretendía ser un área de recreación exclusiva para un conjunto residencial en Ricaurte, Cundinamarca, terminó convirtiéndose en un atentado contra un ecosistema estratégico.
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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ordenó la suspensión inmediata de las obras de una playa artificial construida de manera irregular sobre la ronda de una laguna natural, un área protegida por ley.
La intervención, que abarca más de 1.318 metros cuadrados, no solo implicó el relleno con arena de una franja forestal, sino también la instalación de palmeras, diez kioscos con cubiertas de palma, un parque infantil y cerramientos metálicos. Según el informe técnico de la Dirección Regional Alto Magdalena, estas estructuras se levantaron a una distancia de entre 2,5 y 5 metros del espejo de agua, invadiendo el espacio vital para la regulación ecológica del cuerpo hídrico.
El impacto en la zona de protección
Las zonas de ronda o áreas forestales protectoras no son espacios urbanizables; funcionan como amortiguadores naturales que previenen la erosión, controlan inundaciones y albergan biodiversidad nativa. Al rellenar este suelo con arena e instalar infraestructura recreativa, se altera el equilibrio del ecosistema y se pone en riesgo la supervivencia de la fauna y flora que depende de la laguna.
“Estamos adelantando el proceso sancionatorio para determinar responsabilidades y establecer medidas que permitan mitigar las afectaciones”, señaló Camila Velásquez, directora regional de la CAR. La autoridad ambiental fue enfática en que este tipo de intervenciones, realizadas sin permisos y dentro de franjas de protección, rompen la sostenibilidad del recurso hídrico en la Sabana y el Alto Magdalena.
Un llamado al sector constructor
Este caso en Ricaurte enciende nuevamente las alarmas sobre la expansión de proyectos inmobiliarios que, en su afán de ofrecer comodidades, ignoran las normativas ambientales. La CAR reiteró que cualquier intervención cerca de fuentes hídricas requiere una gestión previa de permisos que, en este escenario, habrían sido denegados dada la naturaleza protectora del suelo intervenido.
Por ahora, la playa artificial permanecerá sellada mientras el proceso jurídico define las multas y, posiblemente, la obligación de los constructores de restaurar el área a su estado natural, retirando la arena y las estructuras que hoy asfixian la laguna.
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Por Redacción Bogotá
