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La explotación minera en una zona de la localidad de Ciudad Bolívar suscitó una aguda polémica entre la alcaldía local y una familia propietaria de un terreno en el barrio el Mochuelo donde funciona una máquina trituradora de una mina.
En desarrollo de la imposición de una servidumbre minera –según los propietarios– se registraron procedimientos irregulares en la solicitud de un amparo administrativo.
El abogado de los propietarios, Nelson Díaz, explicó que dicho amparo implica que quien esté perturbando en el aérea de un título minero debe irse pero en este caso se cometieron varias anomalías.
Según él, a sus clientes les ordenaron desmontar la planta trituradora que está en su terreno para terminar presuntamente beneficiando la labor de la compañía Miner Group. Esta compañía se dedica a la extracción de piedra, arena y arcillas comunes (materiales de construcción).
Además, les establecieron que deben retirar una serie de puertas y rejas de predios vecinos sin que esto sea legal por tratarse de propiedad ajena. Una de las puertas que sería desmontada conduce a un nacedero de agua que cuenta con protección de la CAR, según el abogado.
Díaz señaló además que en desarrollo del proceso jamás les permitieron a sus clientes controvertir el amparo administrativo y sólo les dejaron intervenir cuando ya había una decisión en firme por parte de la alcaldía.
Presuntas irregularidades
Sobre el tema, el abogado dijo además que en el amparo ordenado no le pagarán a la familia la indemnización justa por la servidumbre. Según él, la Lonja Propiedad Raíz de Bogotá avaluó el terreno en $1.800 millones. Sin embargo, la alcaldía en su decisión tuvo en cuenta un perito externo contratado por la compañía Miner Group (quien interpuso el recurso administrativo) –“perito que debía ser en realidad contratado por la alcaldía”– que avaluó el terreno en $6 millones.
El terreno en mención corresponde a 26.4 hectáreas en el Mochuelo que adquirió la familia proopietaria desde 2009 por una compra hecha al Banco de Bogotá.
Los propietarios del terreno alegan un presunto abuso de autoridad por parte de la alcaldía. Para este lunes está prevista en horas de la mañana la diligencia de amparo administrativo.
Sobre el tema, la alcaldía local señaló a City TV que las órdenes se han dado conforme a la ley. Ahora se investiga si el propietario del predio desvió el cauce de una quebrada y terminó afectando unos puntos de suministro de agua por residuos mineros.
Este lunes se conocerá la realidad sobre esta mina que se encuentra en la localidad de Ciudad Bolívar.
Por Redacción Bogotá
